Un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) presentó un proyecto de ley para bajar de la edad de la imputabilidad de 16 a 15 años en delitos violentos. Además, contempla la creación de un fuero especializado en menores, la aceleración en los juicios con un plazo máximo de dos años y dispositivos especiales para penas privativas de la libertad.

La iniciativa, que lleva el nombre ley de "Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil", cuenta con el acompañamiento de Diego Santilli,Rogelio Frigerio, Waldo Wolff, Graciela Ocaña, Álvaro González, Fernando Iglesias y Ricardo López Murphy.

Pese a que en ocasiones anteriores proyectos similares fueron rechazados por organismos nacionales e internacionales dedicados a la infancia por ser "algo que va en contra del principio de progresividad en materia de derechos humanos", desde el PRO no se dan por vencidos e insisten con la idea. Tal es así que, en el texto que acompaña el proyecto, Santilli citó un informe estadístico de la Corte Suprema de Justicia que indica que el 30 por ciento de los delitos contra la propiedad, la integridad sexual y las personas son cometidos por menores de 16 años.

Bajo en ese marco, el diputado del PRO propone ahondar en la metodología de abordaje restaurativo a cargo de equipos interdisciplinarios, donde "tiene mayor relevancia el daño sufrido por la víctima y la comunidad que la violación a la ley".

En lugar de que la única consecuencia sea la cárcel, la legislación sugiere que los adolescentes deban realizar todas las medidas posibles para reparar el daño producido por el delito. Mientras que las víctimas y la comunidad que sufrieron daños tendrán derecho a participar en todo el proceso, con márgenes amplios de acción y participación, pudiendo recomendar modos de reparación.

En el caso de que las medidas de reparación sean incumplidas o fracasen por culpa de la persona que delinquió, las autoridades judiciales podrían disponer las penas privativas de libertad.

Con respecto al proceso judicial, la ley prevé que sea efectuado en el plazo máximo de dos años y, en caso de que el plazo transcurra sin que el proceso llegue a su finalización, constituirá una falta grave para las autoridades judiciales intervinientes. De esta manera, se evitaría la posibilidad de que las autoridades judiciales "cajoneen" expedientes.

En caso de que la iniciativa sea aprobada, se buscará evitar la saturación del sistema penal mediante la creación de un fuero especializado de justicia penal juvenil, que descomprimirá el trabajo de los tribunales penales y permitirá llegar más rápido a la finalización de los juicios.

El abordaje interdisciplinario, supone que las decisiones no se tomen de forma aislada, sino mediante acuerdos y espacios de escucha entre diversas perspectivas teóricas.

"El presente proyecto se inserta en una idea republicana y democrática del derecho penal, pero que tiene en cuenta las desigualdades existentes entre las personas y, por ende, que la respuesta punitiva por sí misma no es posible sin entender esas desigualdades", expresó Santilli.

"La idea de justicia restaurativa, entendida como ‘una respuesta evolucionada al crimen, que respeta la dignidad y equidad de cada persona, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de la víctima, del infractor y de la comunidad’, es la que guía el núcleo del sistema penal juvenil propuesto", argumentó el integrante del PRO.

Una idea recurrente

Esta no es la primera vez que desde Juntos por el Cambio insisten en avanzar en un cambio de legislación para bajar la edad de imputabilidad. En 2019, mientras Mauricio Macri transitaba su último año de gestión, desde el Ministerio de Justicia se buscó instalar el debate para llevar a 15 años la edad para condenar a adolescentes que cometan delitos graves.

En aquel entonces, bajo el lema "Red Argentina No Baja", un colectivo de especialistas y organizaciones sociales, políticas, culturales, sindicales y de derechos humanos se pronunció en contra de la iniciativa por ser "una medida ineficaz para solucionar la inseguridad".

Y recordó que al volver a centrar el debate de un nuevo Régimen Penal Juvenil también desconoce las observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU realizadas al Estado Argentino en junio del 2018, los análisis de Unicef Argentina y hasta de la propia Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf).

Sucede que, en 2017, fue la propia vicepresidenta, Gabriela Michetti, quien planteó la necesidad de “discutir el régimen penal juvenil” y propuso la baja de edad de imputabilidad a los 14 años. Sin embargo, quedó trunco por la cercanía de la campaña electoral.

Además, desde Unicef y la Defensoría General de la Nación se manifestaron en contra de esta idea por considerar que "violaría el principio de progresividad y de no regresividad en materia de Derechos Humanos".