Nadia Schujman espera la audiencia imputativa del 29 de noviembre próximo para poder defenderse. Desde hace un año, su nombre -y el de sus compañeros del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe durante la gestión de Marcelo Sain- está asociado al espionaje ilegal. “Todavía no sé de qué se me acusa, por eso me alegro de que me hayan citado a imputativa, porque voy a poder defenderme de una buena vez, después de un año de haberme juzgado mediáticamente. Así funciona el lawfare, primero se repite y se repite mediáticamente algo, no importa si hay sustento. Ahí, ya instalaste que la persona es culpable”, dice esta abogada militante de HIJOS Rosario, que fue directora de la Agencia de Control policial hasta noviembre del año pasado. 

“A mí me dieron la opción de declarar por zoom, yo no voy a declarar por zoom, porque yo los quiero mirar a la cara y quiero que me miren a la cara y me digan de qué me acusan, porque yo no tengo nada que avergonzarme. Ellos deberían avergonzarse por lo que están haciendo, pero no por lo que me están haciendo a mí, sino por lo que le están haciendo a nuestra provincia, por lo que están haciendo con nuestras instituciones”, afirma en una entrevista con Las12.

La historia es un poco enrevesada, tiene sus capítulos mediáticos y jurídicos, y un trasfondo político por dilucidar. Sain llegó como ministro de Seguridad en diciembre de 2019, cuando asumió Omar Perotti con la promesa de romper los vínculos entre estado, policía y delito. La tarea de Schujman era, justamente, investigar y controlar a la policía, en un área que antes se llamaba Asuntos Internos y fue jerarquizada. Nadia venía con una larga trayectoria como abogada querellante en causas por delitos de lesa humanidad, en Rosario y también había sido funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.

Desde el principio, Sain tuvo una relación tormentosa con la oposición, especialmente con su antecesor, Maximiliano Pullaro, actualmente diputado provincial por la Unión Cívica Radical con expectativas de ser candidato a gobernador de Juntos. El ministro también fue apuntado por los medios de comunicación más importantes de la provincia, concentrados en un monopolio. Y se enemistó públicamente con el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, especialmente tras el asesinato de un financista, Hugo Oldani, por la autorización fiscal para retirar una gran cantidad de dinero que se encontró en su oficina. La difusión de audios socarrones socavó también su posición política. En marzo de 2021, renunció, pero su equipo quedó en funciones con su sucesor, Jorge Lagna.

No fue lo mismo. “Una de las cosas que nosotros con mucho trabajo y esfuerzo habíamos logrado empezar a conquistar, que era el control político de la Policía, Lagna inmediatamente la entregó de nuevo a la policía. Por eso nuestra renuncia y por eso los choques permanentes que tenía conmigo. Yo seguía dada a la tarea de controlar a la policía y eso es lo que van a encontrar en la causa, investigaciones sobre policías”, afirma Schujman.

Una denuncia por espionaje ilegal derivó, el 26 de noviembre de 2021, en el allanamiento de las oficinals del Ministerio de Seguridad por orden de los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jimenez. “A mí en este año se me han violado derechos humanos básicos, los que se conocen como derechos humanos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos, porque todos los tratados internacionales de derechos humanos incluidos en nuestra Constitución reconocen la inviolabilidad de la defensa, el debido proceso, todas las garantías que a mí se me avasallaron desde un primer momento. El allanamiento fue ilegal, porque no tenían una orden de un juez ni testigos, todo lo cual quedó consignado. Me manotearon el teléfono, me revisaron mi cartera, me secuestraron objetos personales a mí y a todos mis compañeros. Fue algo claramente armado”, plantea Schujman.

La militante está segura de que fue el propio Lagna quien dijo que estaban destruyendo papeles. "Yo estaba ya renunciada cuando sucedió el allanamiento y estábamos haciendo limpieza, tirando cosas después dos años de trabajo. Y Lagna venía a hablar conmigo y yo en la cara de él, mientras hablaba, rompía papeles y los tiraba. De eso hicieron un mundo, dijeron que estábamos destruyendo prueba. Te imaginás que, si como ellos sostienen, hubiéramos tenido una estructura de espionaje ilegal y clandestina, no lo hubiera hecho en la cara de todo el mundo, en la oficina pegada al ministro y sin que el ministro estuviera al tanto de nada por ocho o nueve meses”. 

Schujman desmiente la existencia de esa estructura y, por el contrario, apunta a la gestión anterior. “Se me ha linchado mediáticamente por espionaje ilegal, esa es la versión que se sostuvo desde los medios hegemónicos de esta provincia. Gustavo Scaglione, que es el dueño del principal multimedio de esta provincia, se constituyó como querellante en esta causa y fue admitido pese a que hubo dos fiscales que reconocieron que había una investigación judicial sobre él y sobre (Nahuel) Caputo, que también ahora está pidiendo ser admitido”, desgrana Nadia la complejidad de una causa en la que nombra a los dos propietarios del diario La Capital de Rosario, el Litoral de Santa Fe, dos radios AM y un canal de televisión de Rosario, además de otros medios. “Eso hizo que, a poco de comenzar el allanamiento, ya todos los medios comenzaran a instalar la versión del espionaje ilegal y que había miles de carpetas de empresarios, políticos y periodistas. Esa versión se sostuvo, pese a que nunca apareció ninguna carpeta y, al principio, nadie del Ministerio Fiscal daba la cara, pero había trascendidos todo el tiempo y yo me enteraba por los medios, antes de que se me notificaran oficialmente”.

La abogada que recibió apoyo de organizaciones de derechos humanos de todo el país, redes de abogadxs y diferentes espacios de memoria, subraya que durante meses no tuvo acceso a la causa. “Los medios de comunicación hablaban, instalaban lo que había en la causa y yo, que era una de las personas que supuestamente iba a ser imputada, no tenía acceso. Tuvimos que pelear meses hasta que lo ganamos en la Cámara”, sigue. En marzo de este año, el juez de Cámara Sebastián Creus confirmó el fallo de su colega de primera instancia Jorge Patrizi, que el 10 de febrero había levantado el secreto del sumario en la investigación y ordenó que las defensas tengan el “acceso total” a la causa, sin restricciones.

Aunque Nadia -representada por Juan Lewis- aún no hizo un planteo de competencia, porque no sabe formalmente de qué delito se la acusa, Sain sí fue a la justicia federal, ya que ese es el fuero que debe investigar el espionaje ilegal. El fiscal federal Walter Rodríguez y el juez federal Reinaldo Rodríguez llegaron a la misma conclusión: no había elementos para investigar el supuesto espionaje ilegal. “En lo que hasta ahora se ve en la causa, no hay nada para hablar de espionaje ilegal, más allá del circo mediático”, dice Nadia.

Peritajes a teléfonos y computadoras sin que se respetaran las cadenas de custodias, el envío del teléfono de Schujman a Brasil, según ella, “para sustraer el control del perito de parte, porque esa pericia se podría haber hecho en la Argentina”, la desaparición del disco rígido de su computadora, son algunas de las irregularidades que la abogada viene denunciando. “Hicimos una denuncia penal, a partir de darnos cuenta de que las actas de las cadenas de custodia estaban falsificadas. Esos son algunos ejemplos de todas las garantías que fueron vulneradas”, agrega.

Cuando la pericia sobre el teléfono estuvo completa, los audios que Sain enviaba a Schujman fueron difundidos en los medios. “Se han ventilado audios privados que nada tienen que ver con el espionaje ilegal, en una violación absoluta al derecho a la intimidad. Material que nunca hasta ahora se ventiló en una audiencia y se difunde irresponsablemente a diestra y siniestra”, afirma la abogada. Cualquier parecido con otra causa de law fare es pura coincidencia.

Pero además, cuestionan que el ex ministro Pullaro haya sido admitido como querellante, aún antes de que ellos pudieran tener acceso a la prueba. “Pudimos probar, en una audiencia, que a otro querellante, (Jorge) Molina, el secretario general de UPCN, no éramos nosotros los que lo habíamos investigado. Eso mismo de lo que se nos acusa a nosotros, y mucho más exhaustivamente, se había hecho durante la gestión de Pullaro. Había perfil de Molina y toda su familia y allegados, informes de 30 hojas, sobre todo patrimoniales. Entonces, quien hoy es querellante debería ser investigado de la misma manera que estamos siendo investigados nosotros”, afirma la abogada. Y asegura que existen perfilamientos “de muchísimas personas” en el período anterior a la llegada de Sain al Ministerio. “También está dentro de la evidencia que nos entregaron, cuando finalmente logramos tener acceso, pudimos ver que en el año 2017 y 2018, desde el área de la Dirección de Investigación Criminal se hicieron muchísimas búsquedas, en bases de datos recopilación de datos, sin que hubiera una causa judicial. Entonces, no se entiende cuál es el criterio. La igualdad ante la ley te la debo”.

Schujman está convencida de que el fondo de la causa está en lo que quisieron hacer. “Con errores y aciertos, asumimos el desafío de intentar el control político de la Policía e investigar no a los pibes los barrios solamente, sino realmente a quienes son los grandes responsables de los grandes delitos que se cometen en esta provincia, a quienes lavan el dinero del narcotráfico, a quienes hacen los acuerdos de impunidad. Entonces, eso implicó que empezáramos a avanzar sobre gente que nunca se había investigado en esta provincia”, dice Schujman. Ella, en particular, denunció que se habían pagado con fondos reservados del Ministerio de Seguridad los honorarios de las defensas de policías imputados en la causa por la desaparición ilegal de Franco Casco, en octubre de 2014.

Además de Sain y Schujman, fueron citados a indagatoria el ex secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro; el ex subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Alvarez; el ex subsecretario de Control, Diego Rodríguez como así también Milagros Bernard, Agustina Moulins y la ex jefa de Inteligencia Criminal de la Zona Sur del Organismo de Investigaciones, Débora Cotichini. Schujman considera que “esto es un disciplinamiento para que nunca más a nadie se le ocurra meterse con determinada gente o investigar determinadas cosas, no solo para que a nosotros nunca más se nos ocurra volver a hacer algo así, sino para que nadie que venga lo haga porque en esta provincia -y creo que la primera que lo denunció fue María Eugenia Bielsa-, hay un pacto histórico entre el socialismo, el radicalismo, el PRO y un sector del peronismo que comparten un montón de negocios y que el epicentro de eso es la Legislatura de la Provincia. Entonces, la Legislatura se ha generado las facultades para remover fiscales, con una ley que vergonzosamente la Corte Suprema de Justicia también ha convalidado”.