A pocos días de que se cumplan cinco años del hundimiento, las familias de los tripulantes del submarino ARA San Juan pidieron que la Cámara Federal de Casación celebre una audiencia presencial para evaluar si confirma o anula el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa del espionaje ilegal.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal debe revisar los recursos que presentaron las querellas y la fiscalía contra la decisión de los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia de sobreseer a Macri y al resto de los acusados en la causa que se inició por los seguimientos que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) hizo sobre las familias que reclamaban saber qué había pasado con el buque de la Armada Argentina.

En las últimas horas, la abogada querellante Valeria Carreras le pidió a la Sala II que convoque a audiencias y que las haga de manera presencial. Lo que pretende la letrada es que se exponga públicamente qué evidencia hay contra Macri y los integrantes de la AFI en el expediente. De esta forma, serían los camaristas Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma quienes deberán resolver el destino de Macri, que está urgido por una pronta resolución de la Casación –posiblemente para aplacar las voces que desde su propio espacio político le atribuyen haber hecho uso del espionaje durante su gobierno–.

La Casación aún debe resolver ese planteo. En las últimas semanas, el tribunal se dedicó a rechazar las recusaciones que habían planteado las partes: Carreras pidió correr a Mahiques por su vinculación con el macrismo –fue ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires– mientras que un exdirectivo de la AFI quiso apartar a Ledesma por haber sido crítica de las reuniones que sus colegas mantenían con el expresidente en la quinta de Olivos y en la Casa Rosada de manera extraoficial.

“En Comodoro Py la sensación de pelear contra Goliat es tan fuerte como la identificación de mis representadas con Los Nadies de Eduardo Galeano. Sin embargo, hay entre ellas una pulsión que hace que la querella no baje los brazos”, dice Carreras.

Como reveló Página/12, la semana pasada se incorporó al expediente un actor clave en materia de protección de los derechos humanos: el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que se presentó en calidad de Amicus Curiae (amigo del tribunal). El CELS criticó con dureza el fallo de la Cámara Federal porteña que sobreseyó a Macri y compañía. El argumento de la Cámara había sido que la AFI hizo tareas de inteligencia sobre los familiares, pero que esas tareas no constituían delitos porque lo que estaba en riesgo era la seguridad del entonces presidente.

Para el CELS, la Cámara Federal convirtió en letra muerta la Ley de Inteligencia –aprobada en 2001 y reformada en 2015– y puso en cuestión derechos tales como la libertad de expresión, la protesta y la privacidad. En otras palabras, desde el organismo apuntaron que los integrantes de la Sala I de la Cámara habilitaron a que se haga inteligencia sobre cualquiera que proteste o que pudiese alterar la rutina de un mandatario, llegando al absurdo, por ejemplo, de permitir que los organismos de inteligencia puedan hacer averiguaciones sobre las familias de un mecánico que debe reparar el avión presidencial o de un/a periodista que va a entrevistar al jefe de Estado.

Macri fue procesado en diciembre pasado por el juez federal Martín Bava, que subroga en Dolores desde que Alejo Ramos Padilla asumió al frente del Juzgado Federal 1 de La Plata. A los días, la Casación le sacó las causas de espionaje a Bava y el procesamiento quedó para ser revisado por la Sala I de la Cámara Federal porteña, que está integrada por tres jueces que se incorporaron al tribunal durante el gobierno de Macri --dos de ellos sin mediar concurso--. En sintonía con los intereses del líder del PRO, Llorens, Bertuzzi y Bruglia terminaron cerrando la investigación. 

En los últimos días, el fiscal federal Franco Picardi imputó a Macri por lo que él describió como un “plan sistemático” de espionaje. Para el representante del Ministerio Público, tanto Macri como el titular de la AFI, Gustavo Arribas, usaron a la exSIDE para fines personales o económicos. Por ejemplo, los espías seguían a políticos oficialistas u opositores pero también a la hermana menor de Macri, Florencia. Los agentes también tuvieron como uno de sus blancos al periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, que seguía el caso Odebrecht y la vinculación de Arribas con el escándalo.