Frente al tratamiento que hicieron algunos medios audiovisuales respecto de la situación de una niña de la comunidad wichí del paraje Bajo Grande, ubicado en Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia, el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (CONACAI) emitió una recomendación sobre los cuidados a tener presentes al momento de hacer este tipo de tratamiento.

El Consejo, creado en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, recordó que “los medios deben cuidar la identidad de niñas y niños que sufren violencia”. Al hacer el análisis de la cobertura sobre el "presunto ataque sexual contra la nena en Salta", el organismo entendió que se incurrió en la vulneración de los derechos de la niña. “Las normas vigentes establecen con absoluta claridad que es obligación de las emisoras que su identidad sea preservada”, recordó.

Afirmó que en algunas indagaciones a familiares de la víctima se procuró transmitir “detalles escabrosos” del hecho ocurrido, “lo que también perjudica a la víctima, a su familia y a su comunidad, así como impacta en la sensibilidad de las audiencias que tienen derecho a estar protegidas de la reiteración abusiva de contenidos violentos y perturbadores”.

"Las imágenes y declaraciones de allegados a la niña de la comunidad wichí permiten la identificación indirecta de la niña y la normativa vigente establece que esa práctica no está permitida”, recordó también. 

Y advirtió que esta necesidad de proteger la identidad de la infante “es una disposición legal que quienes emiten deben conocer y aplicar, independientemente de que una persona se preste a dar un testimonio”.

La víctima es prioridad

El Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia exhortó a los medios a “poner como prioridad a la víctima y su recuperación, en lugar de la difusión de datos e imágenes que tienen como finalidad capturar las emociones de las audiencias. También, a mantener el respeto al debido proceso, no sentenciar culpabilidades por su cuenta y no obstaculizar a la justicia”.

Añadió que la violencia que en todas sus formas sufren las niñas, niños y adolescentes es un tema de gran importancia para la sociedad. Es por ello que la cobertura periodística de este problema social y cultural es deseable y necesaria, siempre que se realice como tal: como una problemática generalizada, socialmente relevante, contextualizada y evitando su espectacularización.

El CONACAI fue creado por el artículo 17 de la Ley 26.522 con un carácter multidisciplinario, pluralista y federal. Su función principal es asesorar a la autoridad de aplicación de la ley en el diseño de políticas públicas en materia de comunicación e infancias con perspectiva de derechos humanos. Funciona bajo la órbita de la Subdirección de Fiscalización y Control de la Dirección Nacional de Servicios Audiovisuales con participación de la Dirección de Relaciones Institucionales del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Por otro lado, ayer fuentes del Ministerio Público Pupilar indicaron que el juez a cargo de la causa envió notificaciones a los medios de comunicación advirtiéndoles de sus obligaciones para evitar caer nuevamente en esta modalidad de coberturas violatorias de derechos y de la normativa vigente.

"La preocupación llegó por todos lados"

En comunicación con Radio Nacional, la directora de Protección de Derechos de la Defensoría del Público, Alejandra Iriarte, sostuvo que el organismo oficial había recibido “varios reclamos” a raíz de la cobertura. 

“La preocupación llegó por todos lados, por haber sido una reproducción súper revictimizante”, indicó. Puntualizó, sobre todo, respecto de la identidad de la madre y del padre de la niña, lo cual implicó identificar a la víctima. Más aún teniendo en cuenta que la familia proviene de un lugar con pocos habitantes. Sobre las entrevistas a la madre de la víctima dentro del Hospital, Iriarte recordó que es “necesario no exponer a las personas en estado de conmoción”, y sostuvo que se “vio que (a la mujer) se la presionaba en todo momento” para que respondiera al requerimiento periodístico. 

Recordó asimismo que la autorización de los adultos responsables para hablar sobre el tema “no es suficiente” en estos casos. También destacó que es más una política de las empresas de medios realizar este tipo de coberturas, y entendió que en ese afán en ocasiones se ejercen presiones sobre trabajadores periodistas ya precarizados. 

La funcionaria explicó que la Defensoría no impone multa alguna frente a estas situaciones y su labor apunta a encontrar espacios de encuentro y mediación que permitan revertir esta mala praxis periodística. “El cambio entendemos que es cultural”, sostuvo al poner como ejemplo que “en los medios (ya) casi no se dicen cosas como ‘crimen pasional’”. 

Esperan la declaración de víctima y agresor

El juez del Tribunal de Juicio con competencia en Menores de la ciudad de Tartagal, Anastasio Vázquez Sgardelis, recibió ayer la declaración testimonial de la madre de la niña que fuera presuntamente abusada sexualmente en la comunidad Bajo Grande de Santa Victoria Este.

La madre ratificó la denuncia que fuera formulada por el padre y que diera lugar a la intervención judicial. El padre prestó declaración el lunes último y ratificó y amplió la denuncia inicial.

El menor de edad señalado inicialmente como agresor prestará declaración testimonial con el sistema de circuito cerrado de televisión este viernes. Se indicó que este testimonio permitirá disponer nuevas medidas en la causa.

Y luego declará la víctima también empleando el circuito cerrado de TV o Cámara Gesell del Servicio de Atención a la Víctima del Ministerio Público Fiscal.

El magistrado citó al médico legal del Poder Judicial para que ratifique el informe médico en audiencia. Vázquez Sgardelis interviene desde el pasado jueves 3 de noviembre, día del hecho, y ese mismo día activó el protocolo para este tipo de hechos. 

Según se informó, por el resultado del informe inicial brindado por el médico legal, se corrió vista a la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género. También se requirió a criminalística que realice una inspección ocular con croquis, planimetría y levantamiento de indicios. Y requirió la entrega de las prendas de vestir que la niña llevaba al momento del hecho para ser examinadas científicamente. En la labor colaborará personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

El viernes último el juez ordenó la inmediata intervención del médico legal para la realización de la pericia respectiva. El lunes el juez dispuso además requerir la historia clínica de la niña al Hospital de Tartagal donde permanece internada, con buena evolución de su estado de salud.

La niña fue encontrada el pasado día 3 a 60 metros de la Escuela de Bajo Grande y fue trasladada inicialmente al Hospital de Alto La Sierra desde donde fue derivada al Hospital de Tartagal.