En otro paso de la avanzada mediática y judicial contra las fuerzas antineoliberales de America latina, el juez Sergio Moro declaró culpable al ex mandatario Luiz Inácio Lula Da Silva, de 71 años, de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. La sentencia establece, además, la prohibición de ejercer cargos públicos durante 19 años, lo cual le impediría, si se confirma en segunda instancia, volver a presentarse a la presidencia en las elecciones de 2018 como candidato de su Partido de los Trabajadores (PT). Se completaría así el segundo paso del golpe de Estado que empezó con el desplazamiento ilegal de Dilma Rousseff de la presidencia.
Lula, todavía el político más popular de Brasil, fue condenado porque supuestamente aceptó de la empresa OAS un soborno en forma de un apartamento de tres pisos en Guarujá, en la costa del estado de Sao Paulo, a cambio de, según el juez, favorecer a la constructora en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras. El departamento en cuestión no está a nombre de Lula sino de la constructora. El ex presidente siempre negó todas las acusaciones y exigió que se exhiba alguna prueba de ellas. Según la acusación, los elementos en su contra surgen de una delación forzada de los dueños de la empresa detenidos al efecto por el juez.
A pesar de la condena, el magistrado de Curitiba aseguró que el exmandatario (2003-2010) podrá "presentar su apelación en libertad".
El juez ordenó confiscar el inmueble y señaló que Lula fue el destinatario de 3,7 millones de reales (algo más de 1,1 millones de dólares) en forma ilícita. "Entre los delitos de corrupción y lavado, hay concurso material, motivo por el cual las penas sumadas llegan a 9 años y seis meses de reclusión", determinó Moro, a cargo de la investigación Lava Jato sobre sobornos en la petrolera estatal.
