La oposición del macrismo y el lobby de la agroganadería y la minería logró imponerse y ayer en el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación sacó el dictamen de mayoría sobre el proyecto de Ley de Humedales. El oficialismo, aunque sumó bloques minoritarios, quedó rezagado con el proyecto de consenso que habían elaborado organizaciones ecologistas y especialistas universitarios, y llevará al recinto parlamentario un texto de minoría. Sus propios legisladores de las provincias mineras restaron apoyo y se abstuvieron de avalar ninguno de los proyectos. Con todo, en el oficialismo rescataron al menos que esta vez, luego de nueve años de lobby e indiferencia parlamentaria, se logró sacar dictámenes y llevar la discusión a una próxima sesión para que Argentina tenga por fin una ley de humedales.

Dos horas largas insumió el debate de quienes integran las comisiones de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura. El proyecto esbozado originalmente por la radical santafesina Ximena García logró el aval de 57 firmas, contra 47 del proyecto de consenso. 

Ahora la aspiración de todos es darle media sanción de ley antes de fin de año. Pero en el camino quedan heridas y heridos. Sobre todo en la calle, donde grupos ambientalistas hicieron sentir su repudio al criterio parlamentario que prevaleció.

El proyecto de García, más Jorge Vara (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC), pone el acento en eludir restricciones a la actividad productiva. Logró finalmente el apoyo cerrado de JxC y otros minoritarios.

El proyecto de consenso perdió vuelo cuando el oficialismo, con el autor del texto, Leonardo Grosso, no logró atraer a una decena de legisladores del propio Frente de Todos que demostraron su alineación con los gobernadores de sus provincias de origen, atravesadas por la actividad minera. Fueron bancas peronistas de La Rioja, Catamarca, Salta, Santiago del Estero, Mendoza y Formosa que decidieron no firmar ni un dictamen ni el otro. Y eso decretó la derrota oficialista en el poroteo final.

Tanto en el dictamen de mayoría como en el de minoría hubo firmas con disidencia parcial, como lo fue el caso del socialista rosarino Enrique Estévez, que suscribió el proyecto de consenso de esa manera.

Ahora corre el reloj hasta el 30 de diciembre, cuando finalizará el período de prórroga de las sesiones ordinarias en las que la ley puede tener media sanción y pasar al Senado, para discutirse el año próximo.

Cuando ya el panorama pintaba de derrota para las aspiraciones del FdT, y de la militancia ecologista en las afueras del Congreso, el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, eligió valorar al menos que el trámite parlamentario ahora sí camine rumbo a la sanción de alguna norma, luego de una década de postergaciones. 

"Los dos dictámenes que estamos tratando van a marcar la vocación, no unánime, pero sí ampliamente mayoritaria de que nosotros tengamos una Ley de Humedales en la Argentina”, ponderó el legislador por Santa Fe.

Habían pasado dos horas de argumentos a uno y otro lado de la grieta ambiental. Florencia Lampreabe (FdT Buenos Aires) abrió el fuego. "Solamente vienen a oponerse porque pueden”, remarcó. “No nos vamos a tragar como si nada los intereses de una cámara patronal; porque en nombre de la producción necesitamos una ley de humedales”, apretó.

Ferraro (Coalición Cívica) recogió la pelota y devolvió: “Nuestro dictamen alternativo busca un equilibrio lógico, razonable, a través de un abordaje responsable de la diversidad de la situación que existe en torno a los humedales a lo largo y lo ancho del país. Tener una ley es brindar previsibilidad a todos los sectores involucrados, para poder desarrollarnos de forma sostenible y valorando los beneficios que los humedales nos aportan. Una ley es seguridad jurídica a la hora de promover proyectos e inversiones, al brindar certezas sobre cómo se pueden desarrollar cada una de las actividades, y disipando así el fantasma de la judicialización y la conflictividad".

El rosarino Eduardo Toniolli dijo: "No queremos cualquier ley de humedales, no un maquillaje declamativo, sino que le de a los estados las herramientas necesarias para el control efectivo de su territorio". En esta línea, refutó la idea instalada por el lobby opositor de que el proyecto de consenso "es anti productivista, prohibicionista", y que no hace falta ley de humedales porque hay numerosas leyes de cuidado del ambiente todavía por hacerse cumplir.

"Lo primero es una mentira, no hay ninguna contradicción entre producción y cuidado del ambiente, el proyecto es regulacionista, no prohibicionista. La segunda es una verdad a medias. En todo caso hay contradicción en quienes defienden que todo siga como está y que el que delinque contra los bienes comunes pueda seguir delinquiendo, y quienes creemos que hay que dotar al Estado de herramientas para hacer efectivas esas otras leyes que no se cumplen. Nuestra propuesta de ley de humedales es esa herramienta: inventario, ordenamiento territorial, monitoreo permanente, fondo nacional de inventarios", señaló. "Las quemas en el delta del Paraná es la muestra de la aberrante falta de control estatal", finalizó.

El radical ruralista Ricardo Buryaile insistió en que la materia a legislar "tiene tres patas: social, ambiental y económica; y debe haber un equilibrio para que funcione".

Estévez terció en el medio: "No creo que tengamos que seguir insistiendo en la idea de la defensa de lo productivo como algo contradictorio con el cuidado del ambiente. Tenemos que repensarlo porque no va a haber dinero que alcance para mitigar las consecuencias”.

Germana Figueroa Casas, del PRO Santa Fe valoró: “Creo que se logró un dictamen equilibrado, una crítica que se le hacía al otro dictamen que no había podido escuchar otras opciones, tal es el caso de la producción. Ahora, yo espero que no haya falsas expectativas de que por una ley no va a haber más incendios, esto es para que haya reglas claras”, se atajó.

La Ley de Humedales es una iniciativa ciudadana presentada por primera vez en 2013, que ya obtuvo dos medias sanciones por parte del Senado (2013 y 2016), pero que nunca pudo ser aprobada en la Cámara de Diputados.