Ante la multiplicación de declaraciones críticas y despectivas contra la Justicia del Trabajo y los abogados laboralistas, a quienes acusó de pertenecer a una mafia, y el evidente propósito del Gobierno de impulsar una nueva reforma laboral luego de las elecciones de octubre, la CTA Autónoma y otros 50 sindicatos presentarán una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la que acusarán al gobierno de Mauricio Macri de violar las convenciones internacionales.

Los denunciantes consideran que el primer paso de la “avanzada oficial sobre los trabajadores” fue el intento de designar a los dos nuevos jueces de la Corte Suprema por decreto. Más adelante mencionan la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo, que inscriben en el marco de la obsesión gubernamental por la supuesta existencia de una “industria del juicio”. 

La denuncia se sumará a otras dos presentaciones realizadas por la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado para la Defensa de Defensores de los Derechos Humanos de la ONU. 

El presidente de la AAL, Matías Cremonte, dijo a Página/12 que hay una persistente “vulneración de todas las garantías y de la normativa de la propia OIT, a la que está suscripta la Argentina”. “Intentan cargarnos el sayo por el cierre de las pequeñas empresas por los juicios laborales cuando todos sabemos que las empresas cierran por las políticas económicas vigentes", agregó. “Además de los ataques verbales hay un ataque muy concreto a la Justicia laboral. Hay pedidos de juicio a cinco jueces. No hay duda de que la intención es atemorizarlos y advertirles que, si sacan un fallo contrario a sus intereses, serán denunciados”, afirmó.

Cremonte, además, calificó como “inaudito” el hecho de que el Gobierno recuse a los magistrados por sus sentencias. "Jamás se ha sancionado a un juez de esa manera en el Consejo de la Magistratura”, advirtió. “Es como si fuera una censura a la opinión, no pasó nunca. Los jueces son enjuiciados por mal desempeño u otras irregularidades, no por sus fallos. Esas denuncias no deberían prosperar judicialmente porque hay jurisprudencia que los jueces no pueden ser sancionados por el contenido de sus sentencias”, concluyó.