El fiscal federal Leonardo Filippini consideró que los hechos por los que el efectivo de Inteligencia de la Policía Federal retirado Mario Sandoval llegó a juicio resultaron comprobados y solicitó para él 20 años de prisión por el secuestro y las torturas que sufrió Hernán Abriata, un joven estudiante de Arquitectura y militante que fue mantenido cautivo en la ESMA en 1976 y que permanece desaparecido.
Filippini sostuvo en su escrito que "está probado que en este operativo participó el acusado”. Por “este operativo” se refirió al que un grupo de gente de civil “fuertemente armada” llevó a cabo la noche del 30 de octubre de 1976 en la casa de la calle Superí al 2200 en busca de Abriata. Allí, amenazaron a la familia de Hernán, sus padres, y la familia de su esposa, los Dittmar. “Forzaron al señor Abriata –Carlos Abriata, “Tito”-- a decirles dónde estaba”, relató Filippini, en base a “violencia y amenazas”. Tito los condujo, amenazado, al departamento de Elcano 3235, piso 3, donde vivían Hernán y su esposa, Mónica. “Lo esposan, se lo llevan y sabemos que terminó cautivo en la ESMA en condiciones infrahumanas, en algún pasaje de su detención estuvo en una quinta o en un lugar similar”, describió el fiscal.
Sandoval oyó la exposición desde la unidad penal número 34, la cárcel vip de Campo de Mayo mayormente habitada por genocidas en donde cumple prisión preventiva desde hace poco menos de tres años. Es que desde mediados de la década de los 80, después de pedir el retiro y ser ascendido al cargo de inspector –decisión del entonces ministro del Interior, Antonio Tróccoli–, se va a vivir al exterior. Brindó domicilios falsos en Estados Unidos, recaló en París, Francia, donde se autoconstruyó como experto en Seguridad y la Inteligencia y recaló hasta espacios de formación altamente reconocidos a nivel mundial, como el Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL), que depende de la Universidad de La Sorbona, donde fue profesor. Así lo reveló Nora Veiras para este diario, en 2008.
En 2012, la Justicia argentina reclamó su extradición para enjuiciarlo por crímenes de lesa humanidad en la ESMA y después de idas y vueltas, su par francesa la habilitó siete años después, tan solo por el caso de Abriata. El juicio comenzó a mediados de septiembre pasado, ante el Tribunal Oral Federal número 5 de la Ciudad de Buenos Aires, que por pedido del acusado no transmitió las audiencias testimoniales.
Los testimonios de Mónica y de Claudia Dittmar dieron cuenta de las condiciones en las que se dio el operativo y los actores que participaron, como los genocidas Ricardo Cavallo y Néstor Savio, y lo dirigió el propio Sandoval. “Todos los integrantes de la familia (que declararon en diferentes momentos a lo largo del camino de búsqueda de Abriata) coinciden de manera global que en al menos dos momentos del operativo hubo una exhibición de una credencial policial, una presentación con nombre del señor Sandoval”, apuntó luego Filippini.
La Fiscalía destacó también los “intentos infructuosos” de la familia de la víctima por saber dónde estaba Abriata y qué había pasado con él. Con el correr de los años, Tito falleció, pero la lucha siguió en manos de Beatriz Cantarini de Abriata, de sus otras hijas, de Mónica y Claudia. Filippini mencionó tan solo una serie de legajos –el de Conadep, el que figuró ante la Cámara Federal, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros– que “integran prueba en este juicio” y “evidencian” la lucha de la familia.
Los testimonios de los sobrevivientes Carlos Loza y Oscar Repossi fueron la prueba más concreta de la detención clandestina de Abriata en la ESMA. Ambos permanecieron encerrados en “Capuchita”, uno de los sectores de encierro del centro clandestino de detención que la Armada mantuvo en funcionamiento en el Casino de Oficiales del predio ubicado en Avenida del Libertador. “Loza confirmó haber compartido cautiverio con Abriata en la ESMA, relató las malas condiciones (que sufrían) de mala alimentación, falta de higiene, las torturas”, resumió el fiscal. Sobre el relato de Repossi, el fiscal rescató que aseguró que al joven estudiante “le pegaban tremendas palizas”. Loza recordó que la tarde del 6 de enero de 1977 se lo llevaron a Capucha –otro sector del centro clandestino– y que cuando regresó, Hernán ya no estaba”. Ambos sobrevivientes fueron liberados de la ESMA el 6 de enero.
Sandoval y el Grupo de tareas 3.3.2
Para la Fiscalía, el secuestro, las torturas y la desaparición de Hernán Abriata “se inscribe en la dinámica represiva que estuvo a cargo del grupo de tareas 3.3.2” de la ESMA. “La acción de las fuerzas armadas y de seguridad se desarrollaban bajo la premisa del accionar conjunto. La Superintendencia de Seguridad Federal –organismo rector de la Policía Federal– fue un organismo encargado de proveer personal al grupo de tareas 3.3.2”, relató la auxiliar fiscal Marcela Obetko en el marco del alegato expuesto ayer.
Según se desprende de su legajo, Sandoval ingresó al Departamento de Asuntos Jurídicos de aquella estructura de la Federal en enero de 1975, donde se desempeñó hasta septiembre de 1979. Aquel departamento “era una entidad con importantes funciones en el marco de la llamada lucha contra la subversión: realizar búsqueda de información sobre actividades y grupos en el campo nacional que atentaran contra la seguridad del Estado”, mencionó Obetko. El documento que registra su recorrido por la fuerza evidencia un reconocimiento, recibido el 17 de noviembre de 1976, “por procedimientos antisubversivos en Sección Depto Astos Pol”, es decir Departamento de Asuntos Políticos).
Por último, la fiscalía mencionó la relación de cercanía que mantuvo Sandoval con Juan Carlos Linares, quien le prestó un departamento a principios de los 80, y con Marcelo Gottifredi, quien le compró a los Dittmar la casa de Superí al 2200, dónde la patota fue a buscar a Hernán Abirata aquel 30 de octubre de 1976.
Linares es un exsargento de la Policía Federal acusado de secuestros y torturas en diferentes centros de detención, entre los cuales figura la ESMA. Está vinculado al secuestro de la diplomática Elena Holmberg y se mantiene prófugo desde 2005. Gotifredi, en cambio, declaró en el juicio que mantenía vínculos con Sandoval y con Linares, que Sandoval le pagaba y que cuando compró la casa a la familia Dittmar y que “conocía la situación de ausencia de Abriata al momento de la compra”.
