Gran parte de la sesión de ayer del Senado de Salta estuvo dedicada a hablar de la cuestión ambiental, un intercambio impuesto por los incendios que vienen asolando el territorio provincial. También se impuso otro problema que afecta a la provincia desde antiguo: la violencia contra las mujeres y niñas de pueblos originarios. Y, como siempre, se habló de la situación de la salud.
Sobre el primer aspecto, los senadores aprobaron la declaración de "emergencia agropecuaria y ambiental en todo el territorio de la provincia por los incendios sufridos". La medida tendrá vigencia inicial de 180 días pero faculta al gobernador a prorrogarla por 90 días más. El proyecto pasó a la Cámara de Diputados en revisión.
El proyecto de ley había sido presentado en septiembre último por el senador por el departamento Orán Juan Cruz Curá (Compromiso por Salta) y era solo referido ese departamento, pero, con la proliferación de los frentes de fuego, se lo amplió a toda la provincia con el acompañamiento de todos los senadores.
Al pedir el respaldo de sus pares, Curá contó que anteayer acompañó al gobernador Gustavo Sáenz en un recorrido por la zona de El Oculto, donde hay incendios activos. En este momento hay tres focos activos, informó: en Valle Morado, cerca de Colonia Santa Rosa; la zona de San Ignacio y la de Angosto de Paraní, estos dos últimos, parajes donde residen integrantes de la Comunidad Kolla Tinkunaku.
La dificultad para el trabajo de los brigadistas se debe a que a este lugar se llega caminando entre 2 horas y media a 3 horas y media, explicó. "Hay escuelas que han suspendido sus clases, se han suspendido las actividades al aire libre", graficó, y añadió que en esa zona se han quemado alrededor de 12 mil hectáreas. "Creo", dijo, que en la historia provincial no hubo un episodio en el que se conjugara una sequía tan prolongada con tantos focos ígneos. Habló de "catástrofe natural" y terminó deseando "que llueva". Y una vez que el fuego se extinga se deberá "magnificar" el daño ambiental, agregó.
El senador por Iruya Walter Cruz (Compromiso por Salta), agregó que con estos incendios "se ha perdido en Las Juntas, El Oculto, en San Ignacio, casi toda la pequeña producción de subsistencia de nuestros hermanos de comunidades indígenas", y no consideró que el fuego se deba a razones naturales. Reclamó la intervención "urgente" de la justicia "porque muchos de estos incendios no han sido obras de la naturaleza". El Ministerio Público Fiscal ya abrió investigaciones de oficio sobre el origen de los incendios.
Cruz, y luego otros senadores, recordaron que "hace años" el Senado dió media sanción a un proyecto del ahora ex senador Roberto Gramaglia que creaba la fiscalía ambiental, y esa iniciativa "sigue durmiendo en Diputados".
Otros senadores, como Miguel Calabró (Evita Conducción, La Caldera), reclamó que se hagan más controles por parte de las áreas de Ambiente de la provincia, y consideró que es tiempo de pensar políticas respetuosas del ambiente. Carlos Rosso (Compromiso por Salta, General Güemes) sostuvo que en los presupuestos de las administraciones estatales "se debe trabajar con una perspectiva ambiental".
Carlos Ampuero (Compromiso por Salta, Santa Victoria), recordó que en agosto último en el paraje Rodeo Pampa en Santa Victoria Oeste se quemaron "varias hectáreas de pastoreos", y luego la sequía no permitió que se recuperaron las pasturas, por eso se están muriendo los animales y eso pasó también en Los Toldos y "en toda la zona donde hubo incendios que afectan a la producción agropecuaria, sobre todo a la ganadería".
Por esta situación Ampuero había presentado también un proyecto de emergencia para los tres municipios del departamento Santa Victoria, Los Toldos, Nazareno y Santa Victoria Oeste, que "están sufriendo la pérdida del ganado, la mortalidad del ganado por la falta de pasturas" y a esto se le agrega la situación inédita en la zona de prepuna, "se produjo una helada intensa en la semana anterior" que provocó la pérdida de las siembras de maíz, papa, habas, poroto y arveja, contó.
Repudio a la agresión a una niña wichí
Al comenzar la sesión, en el momento de Manifestaciones, Walter Cruz repudió el ataque a una nena del Pueblo Wichí perpetrado la semana pasada en la Comunidad Bajo Grande, en el extremo noreste de la provincia, en jurisdicción del municipio de Santa Victoria Este. "Pareciera" que "no estamos entendiendo la gravedad de la situación", afirmó.
Y recordó que desde el 1 de junio de este año, está en la Comisión de Derechos Humanos del Senado un proyecto de ley que tiende a la visibilización, prevención, castigo de estas prácticas, y a la reparación, "si se puede reparar", del daño a las niñas y mujeres wichí que sufren la práctica del chineo, la violación en banda de nenas y mujeres indígenas que introdujo en el continente la invasión española.
El senador, que pertenece al Pueblo Kolla, contó que para mejorar ese proyecto de ley, presentado por él mismo y por los otros dos senadores indígenas, Carlos Ampuero y Sonia Magno (Evita Conducción, San Carlos), pidieron opiniones a áreas del gobierno y a instituciones. La Universidad Nacional de Salta, la Universidad Católica, el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, el Observatorio de Violencia contra la Mujer hicieron llegar sus aportes y observaciones. Pero el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) no respondió.
Cruz criticó la actitud de los directores del IPPIS, todos integrantes de pueblos indígenas de la provincia. "Su silencio yo no sé si es complicidad, no sé si es miedo. Voy a intentar creer que es por miedo que no se atreven a enfrentar este flagelo de sus propias comunidades", cuestionó. También les cuestionó que estén participando del Congreso de Educación Intercultural Bilingüe, que ahora mismo se está realizando en Salta; "pareciera que la educación no es su parte de su trabajo, pareciera que la salud no es parte de su trabajo. Pareciera que su trabajo es solamente discriminar a los pueblos nuevos que quieren entrar a formar parte del IPPIS, siempre aduciendo que la torta es chica", siguió refiriéndose a la oposición de la conducción del organismo al reconocimiento oficial de los pueblos Iogys, Tastil, Lule, Atacama y Weenhayeck. E hizo un "llamamiento a nuestros hermanos vocales del IPPIS, que reflexionen, que piensen, que nos ayuden, ellos son los que han sido elegidos en asambleas comunitarias como representantes de esas comunidades y nosotros necesitamos que nos hagan aportes.
Según informó el senador, tampoco respondieron el Ministerio de Educación provincial, la Corte de Justicia de Salta y el Colegio de Gobierno del Ministerio Público tampoco. "Vamos a reiterar estos pedidos para ver si realmente les interesa", avisó.
Por otro lado, Cruz se preocupó en responder a los discursos que afirman que los abusos sexuales son parte de una práctica de esos pueblos. "Esta no es una práctica ancestral", aquí "hay pautas culturales que nos han sido inculcadas desde la colonia", afirmó. Y responsabilizó también a la administración de justicia que "hace oídos sordos a lo que está pasando con nuestras hermanas" y se genera así una sensación de impunidad que anima incluso a los propiso comuneros a incorporar estas prácticas, "Y caemos ahora en que ya las prácticas no solamente la hacen los que vienen de afuera, sino que también la hacen los adentro mismo".
Ampuero también repudió la agresión y, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, informó que van a insistir con el pedido de aportes al proyecto de ley, especialmente al presidente del IPPIS. "Rechazo ese argumento que dice que es una práctica cultural, no tiene nada que ver con nuestras culturas, con nuestras costumbres ancestrales la violación", ratificó también él antes de pedir a la Cámara de Diputados que trate el proyecto de ley para reconocer oficialmente a los pueblos Iogys, Weenhayeck, Lule, Atacama y Tastil.
Y Magno aseguró que el ataque a la nena de 12 años, por el que hasta ahora hay un menor de edad como único imputado, "pone de manifiesto la imperiosa necesidad de establecer con urgencia, por parte del Estado, una agenda pública de políticas activas a los efectos de realizar con mayor eficacia acciones de prevención de violencia por motivos de género".
