Con el objetivo de visibilizar un “patrón autoritario impuesto por el gobierno de Gerardo Morales”, se reunió ayer en San Salvador de Jujuy el Cabildo Abierto que convocó la Multisectorial por la Defensa de la Democracia y los Derechos Ciudadanos, un conglomerado de sectores diversos reunidos con un par de objetivos básicos: hacer escuchar las voces opositoras al gobierno provincial y darle cuerpo a una fuerza política que salga a disputar el poder en las elecciones provinciales de 2023.

“Este es un día histórico para la defensa de la democracia y los derechos ciudadanos, una expresión genuina de unidad del campo popular de la provincia de Jujuy”, describió el locutor que abrió el acto antes de que se cantara el Himno Nacional Argentino.

Organizaciones sociales, sindicales y políticas; comunidades originarias y campesinas; empresarios pymes y pequeños comerciantes; centros vecinales, expresiones políticas no necesariamente partidarias y muchos otros colectivos se constituyeron en esta Multisectorial, que nació en agosto pasado para resistir el tarifazo de la energía eléctrica que había autorizado la Susepu, el ente provincial de control de las empresas de servicios.

"Somos un conjunto variopinto, con múltiples concepciones políticas, ideológicas, que tal vez en otras épocas no se hubieran reunido, pero ahora coincidimos en la mirada crítica sobre lo que sufre hoy el pueblo jujeño y buscamos puntos en común", describió el referente de la Organización Tupac Amaru Juan Manuel Esquivel.

El colectivo se consolidó a fines de septiembre frente al intento de Gerardo Morales de impulsar una reforma constitucional a través de un proyecto que se aprobó en la Legislatura. En ese momento, la Multisectorial anunció que presentaría candidatos propios en la elección de convencionales para “hacer caer” la constituyente. Pero no hizo falta: Morales pateó el tema para adelante cuando las encuestas le mostraron que a la gente le irritaba el tema o, en el mejor de los casos, ni le interesaba.

La persecución y el espionaje sobre dirigentes sociales y opositores políticos y la criminalización de la protesta social, en un contexto de profundización de la desigualdad ante el aumento de la pobreza, son ejes centrales de las coincidencias que sostienen a la Multisectorial, más allá de la diversidad que contiene.

Entre muchos otros, están en esta Multisectorial referentes de organizaciones como Nuestramérica, Barrios de Pie, la CCC, el MTE, el Movimiento Nacional Campesino Indígena y el Consejo de Pueblo Originarios Llankaj Maki. También organismos como la Mesa Coordinadora contra la Violencia Institucional y DDHH, colectivos feministas y agrupaciones de periodistas.

El sector sindical está expresado por líneas de gremios estatales y privados. En la conferencia de prensa donde anunciaron el Cabildo Abierto estuvieron los dirigentes históricos Fernando Acosta y Víctor Aramayo, y el titular de la CGT Jujuy, el gastronómico Juan Carlos Martínez, quien puso a disposición además el local de UTHGRA como punto de reunión.

Por el lado de los espacios políticos, participan representantes del Frente Patria Grande, el Partido Solidario, la CON, Forja, y los partidos provinciales justicialistas Arriba Jujuy y Juntos por Jujuy.

“Hubo un encuentro en el no a la perpetuidad que pretendía Gerardo Morales con la reforma de la Constitución, y surgió la necesidad de trabajar en una propuesta para la sociedad jujeña en 2023. Este es el momento”, afirmó el senador Snopek.

Para el legislador nacional, esta Multisectorial es un punto de partida: “Hay que construir desde este frente, desde esta pluralidad de opiniones, una propuesta para los jujeños”.

El documento

En el marco del Cabildo, se leyó un documento, que contó con cerca de un centenar de adhesiones, donde se resume la posición consensuada en el seno de la Multisectorial.

Llaman a “asumir activamente la defensa de nuestros derechos constitucionales y la elaboración participativa de un proyecto para la provincia, porque las jujeñas y jujeños merecemos mucho más que estar pasivamente a la deriva de los caprichos de unos pocos que hacen negocios a nuestra costa”.

Alertan sobre “el disciplinamiento que se busca con la criminalización de la protesta social, la utilización de la justicia provincial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y una perversa ley contravencional como herramientas de persecución para acallar las voces disidentes, impedir la expresión de quienes piensen distinto y estigmatizar militantes, dirigentes políticos, gremiales y sociales, y periodistas con armado de causas judiciales y otras que siguen abiertas las cuales son reactivadas o paralizadas con total arbitrariedad”.

En el documento están detallados la situación económica; el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo; los “mega negocios extractivistas”, el alto endeudamiento provincial, el “patrón autoritario impuesto por el gobierno” que se refleja en prácticas como la violencia de género y su mayor expresión, los femicidios; la vulneración de derechos de los campesinos y comunidades indígenas, incluidos desalojos represivos; la desatención a las personas con discapacidad, en suma, la violación de derechos humanos en la provincia.

Más adelante se plantea una serie de reclamos y propuestas, como la de “una Justicia independiente al servicio del pueblo y los derechos de las personas y no de los poderosos”, con el apoyo explícito al proyecto de intervención federal del Poder Judicial de Jujuy que impulsa el senador Snopek.

Entre otras iniciativas, el documento exige que se declare al litio “como recurso estratégico y patrimonio nacional”. Y convoca a la ciudadanía para “elaborar participativamente un Plan Estratégico para la provincia”.

El lugar

La convocatoria fue en la Plaza de los Inmigrantes de San Salvador de Jujuy. La elección del lugar fue también consecuencia de una de las cuestiones que se vienen denunciando en Jujuy: la persecución a los opositores y el intento de acallar las voces críticas.

El caso es que los organizadores habían pensado en un lugar cerrado, por lo que recorrieron varios clubes de la capital provincial. "En todos lados nos dijeron que no, y los que nos decían que podían hacerlo, después cambiaban de idea. Obviamente, les habían hablado del gobierno para que no nos alquilaran las instalaciones", reveló Fernando Acosta.

El último que había aceptado alquilar el lugar para el Cabido fue el Club Cuyaya, pero horas después de acordar con la Multisectorial, el gobierno provincial dispuso la intervención de la institución, con lo que el acuerdo quedó sin efecto.