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Desde Santa Fe
Once organismos de derechos humanos de la Argentina, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares, HIJOS y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), solicitaron esta semana al ministro de Defensa Jorge Taiana que el Campo San Pedro “sea desafectado del uso militar y transferido a la provincia de Santa Fe para construir un Espacio de Memoria, una Escuela Experimental de Ciencias Forenses y continúe la búsqueda de desaparecidos enterrados” en ese lugar que está bajo dominio del Ejército. El predio militar es el único en el país, donde en junio de 2010, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) halló una fosa clandestina con los restos de ocho víctimas del terrorismo de estado. En junio de 2012, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación lo consideró “campo de exterminio y enterramientos clandestinos” ante pruebas judiciales que avalan la hipótesis del Foro contra la Impunidad y por la Justicia que impulsa “la búsqueda de al menos otros 60 desaparecidos, tal como surge de diversos testimonios acreditados" en el Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe. Y el mes pasado, una investigación supervisada por el EAAF encontró cincuenta proyectiles de armas de guerra en el predio, pero veinte de ellos (19 de fusiles FAL y uno de pistola calibre 45 mm.) estaban exactamente alrededor de la fosa descubierta en 2010.
La petición a Taiana –que incluye una solicitud de audiencia- sumó también el apoyo de la Legislatura de Santa Fe (ver aparte). La Cámara de Diputados, el 25 de agosto, y el Senado, el 22 de setiembre, coincidieron que el campo San Pedro debe conservarse como sitio de memoria y rechazaron que el Ejército pueda reciclarlo para “adiestramiento” de tropas y “ejercicios operacionales”, como ya propuso en mayo de 2016 y en junio de 2021, a pesar de que el lugar está protegido por una medida judicial de no innovar. Dos intentos que frenaron el ex juez federal Nº 2 Francisco Miño –el primero- y su colega Marcelo Bailaque –el segundo-, a instancias del fiscal Martín Suárez Faisal.
“El pueblo argentino vive un momento crucial en su largo derrotero en pos de una sociedad más humana, con paz y justicia”, dice la nota dirigida al ministro de Defensa. Ante el “bombardeo de mensajes negacionistas y de odio permanentes, que se han traducido en un atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, necesitamos más que nunca de señales claras desde las esferas de gobierno”.
“En ese contexto hay que considerar la situación del actual Campo Militar San Pedro en la provincia de Santa Fe”, donde en 2010, el EAAF encontró “una fosa con ocho cuerpos de desaparecidos por la dictadura en 1977, y hoy se continúa la búsqueda de al menos otros 60 desaparecidos, tal como surge de diversos testimonios acreditados en la Justicia”. En 2012, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación lo consideró “Lugar de Exterminio y Enterramientos Clandestinos”.
“Actualmente se ha puesto de manifiesto la voluntad política” del gobierno de Omar Perotti de “poner en valor las instalaciones” del Campo San Pedro para que “se convierta en un Espacio de Memoria, con una Escuela Experimental de Ciencias Forenses, con la misión de hacer realidad la búsqueda permanente de desaparecidos, y un área de agricultura agroecológica”. Un proyecto que desarrollan desde 2019, “el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia, el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y es incompatible con el pretendido retorno de los militares al campo. Así lo han manifestado la Cámara de Diputados, el Senado de la provincia y los municipios y comunas de localidades cercanas al campo del horror”.
Por lo tanto, los organismos expresaron su apoyo a la iniciativa de Santa Fe y solicitaron al ministro Taiana que “se desafecte definitivamente al Campo San Pedro de todo tipo de actividades militares” y “se ponga el predio a disposición de la provincia para que se pueda hacer realidad el proyecto de Memoria, Justicia y Vida”. La nota tiene el aval de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos, HIJOS, APDH, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina y la Asociación Buena Memoria.
En tanto, el Foro contra la Impunidad insistió que el Campo San Pedro debe ser “desafectado del uso militar” en forma definitiva y puso como ejemplo lo que ocurrió el 20 de octubre en Córdoba, donde organismos de derechos humanos denunciaron que el Ejército realizó disparos, explosiones y vuelos rasantes en el predio del ex Grupo de Artillería 141, que operó como centro clandestino de la dictadura y también está protegido por una medida judicial de no innovar. “Estos hechos no hacen más que confirmar lo que el Foro sostiene desde hace años", esto es "la incompatibilidad” de un sitio de memoria con un “Campo de Instrucción San Pedro”, como lo llama el Ejército.
“La situación actual nos indica que no hay garantías del Ejército en el respeto y cuidado que requiere un Espacio de Memoria”. “Además, el retorno militar al campo San Pedro impediría de hecho el aporte de nuevos testimonios de vecinos del lugar, que este año brindaron informaciones significativas. Y desde el punto de vista simbólico representaría el regreso de la teoría de los dos demonios”.
“Es hora de definiciones”, advirtió el Foro. “Esperamos que el Ministerio de Defensa colabore para que la provincia de Santa Fe pueda iniciar las obras, sin que haya limitaciones a las distintas actividades que defina el gobierno provincial en acuerdo con los organismos de derechos humanos que desde hace muchos años trabajamos en el tema”.
