En su última comunicación, el comandante Pedro Martín Fernández avisó que había entrado agua de mar en uno de los tanques de baterías, lo que había generado un cortocircuito y un principio de incendio en el ARA San Juan, el submarino que había zarpado el 25 de octubre desde Mar del Plata. Después de eso, todo fue silencio. El martes se cumplirán cinco años desde el hundimiento del buque que era parte de la flota de la Marina desde principios de la democracia. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, la justicia federal aun no logró esclarecer si Mauricio Macri, su ministro de Defensa Oscar Aguad y el entonces jefe de Armada Marcelo Srur tuvieron responsabilidad en el desenlace del submarino. Sigue aun pendiente que la Cámara Federal de Casación Penal diga si convalida la teoría de Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia de que el espionaje sobre las familias de los submarinistas fue legal porque estaba en riesgo la seguridad del presidente.

Para el tercer aniversario del hundimiento del San Juan, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dio una fuerte señal en la investigación. Le dijo a la jueza de Caleta Olivia Marta Yáñez que no podía desvincular a Macri, Aguad ni Srur hasta terminar de analizar todas las evidencias. El tribunal presidido por Javier Leal de Ibarra afirmó que, por la gravedad de lo que se investigaba, el Estado argentino no podía prescindir de ninguna medida que pudiera conducir a la verdad sobre lo sucedido con los 44 marinos que conformaban la tripulación del San Juan.

Sin embargo, como la mayoría de las investigaciones complejas en la justicia federal, la del hundimiento avanza a paso cansino. Durante este año, la jueza le estuvo tomando declaración testimonial a los funcionarios de mayor confianza de Macri: Fernando de Andreis (exsecretario general de la Presidencia), Pablo Clusellas (exsecretario de Legal y Técnica), José Torello (exjefe de asesores) y a los secretarios Anita Moschini y Darío Nieto, quien sorprendió por su falta de memoria. Lo mismo hizo con los asesores más cercanos a Aguad.

En sintonía con lo que había ordenado la Cámara, la jueza Yáñez analiza las imágenes que logró capturar la empresa Ocean Infinity del submarino. Sin embargo, como se percibió que faltaban fotografías en los discos o pendrives que aportó la Armada –que hizo de intermediaria–, la magistrada ordenó un peritaje para determinar qué se había borrado. La última actividad que registra el expediente es una queja del perito a cargo del análisis porque le entregaron equipos que no cuentan con los requerimientos necesarios para llevar adelante la tarea sin errores. La nota se envió al Consejo de la Magistratura, que en los últimos días estuvo lejos de las preocupaciones sobre qué necesitan los juzgados para hacer su trabajo y totalmente enfrascado en la batalla que abrió la Corte contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En la causa, hay cuatro marinos procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado: Luis Enrique López Mazzeo (Comando de Adiestramiento y Alistamiento), Claudio Villamide (Comando de la Fuerza de Submarinos), Héctor Alonso (Jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos y Oficial Evaluador del Alistamiento) y Hugo Correa (Jefe del Departamento de Operaciones). La Cámara de Comodoro Rivadavia revocó los procesamientos de Eduardo Malchiodi (Mantenimiento y Arsenales) y Jorge Sulia (Logística) y dejó sin efecto el sobreseimiento de Jorge Alberto Marti Garro (Jefe de Operaciones del Comando de Adiestramiento y Alistamiento). Al resolver la situación de los integrantes de la Armada, la jueza dio por acreditado que el submarino no había cumplido con los planes de mantenimiento programados.

La situación de Srur es más complicada porque, en su calidad de jefe de la Armada, era quien ponía en condición de alistamiento al submarino. En el caso de Aguad y de Macri, la jueza debe responder si estaban al tanto del peligro que entrañaba la realización del ejercicio naval y cómo la situación del submarino pudo haberse deteriorado por la falta de recursos presupuestarios. “Tenemos en claro que la responsabilidad de Macri fue por la falta de presupuesto a las fuerzas armadas, lo que se vio en que el submarino no ingresara a dique seco, y en el posterior tratamiento que se dio al tema, que buscó encubrir lo que había pasado”, dice la abogada querellante Valeria Carreras.

En septiembre de 2020, se conoció que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) –desde su base de Mar del Plata– había seguido a las familias de los submarinistas entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018 –el tiempo en el que se extendió la búsqueda del barco–. Por estos hechos, el juez federal Martín Bava procesó a Macri. Sin embargo, en julio pasado, Llorens, Bertuzzi y Bruglia lo sobreseyeron junto al resto de los funcionarios de la AFI con un argumento exótico: espionaje hubo pero estaba autorizado porque estaban en riesgo la seguridad interior y la seguridad presidencial. Las querellas y la fiscalía apelaron el fallo. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presentó como amicus curiae (amigo del tribunal) para pedirle a los casadores Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma que establezcan límites a la inteligencia ilegal.

El martes, a las 18, será el acto central en Mar del Plata para recordar los cinco años del hundimiento. Se esperan anuncios del ministro de Defensa Jorge Taiana, que probablemente estén enfocados en los hijos e hijas de los 44 submarinistas. Las familias aún siguen esperando verdad y justicia por lo que pasó con los tripulantes y por lo que padecieron ellas mismas con los servicios de inteligencia.