La Jornada en Conmemoración de los tres años de vigencia del Código Procesal Penal Federal, realizada el viernes último en el Colegio de Abogados de Jujuy, reunió a destacados partícipes del lawfare que viene aplicándose, particularmente en Jujuy, desde el inicio del gobierno radical en la provincia y de la alianza Cambiemos a nivel nacional.
No estuvo el gobernador Gerardo Morales, como se había anunciado, pero lo representó el ministro de Gobierno y Justicia de Jujuy, Normando Miguel Alvarez García, y estuvieron miembros del Superior Tribunal de Justicia jujeño y el titular del Ministerio Público de la Acusación, todos responsables de la persecución a Milagro Sala y de la criminalización de la protesta social. Por el lado del fuero federal, participaron, entre otros, los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, puntas de lanza de la persecución al kirchnerismo.
En los discursos de apertura, iniciados por la jueza Gabriela Catalano, en su calidad de presidenta de la Seccional Salta/Jujuy de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), hablaron también Alvarez García, Borinsky y el juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas.
"Es una decisión importante la implementación de este sistema acusatorio en Salta y Jujuy. Es un avance en provincias pequeñas, pero son importantes. Es un sistema beneficioso”, sostuvo el ministro de Gobierno y Justicia jujeño al comenzar su discurso. Y en seguida reivindicó la acción del gobierno de Morales en cuanto a la administración del Poder Judicial y el Ministerio Público: "El Poder Judicial es fundamental en esta democracia, por lo tanto desde nuestro gobierno trabajamos para eso, debemos acordar para que siga trabajando cada vez mejor. Por eso desde el 2015 hemos puesto un tribunal evaluador para que jueces y fiscales pasen a rendir examen. Pedimos una justicia más fuerte y capacitada. Agradezco en nombre del gobierno, y vamos a ser un reflejo para todo el país de lo mejor que pasa en este caso en la justicia”, afirmó.
Alvarez García fue embajador de Argentina en Bolivia en la gestión de Cambiemos y está involucrado en el contrabando de armas para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019. En la causa penal en la que se investiga este hecho se presentaron pruebas de que las fuerzas golpistas recibieron las balas que salieron de la Argentina el 12 de noviembre de 2019 en un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina, con gendarmes que supuestamente habían sido convocados para garantizar la seguridad en la embajada y en la residencia del entonces embajador Normando Álvarez García.
En la Jornada del viernes lo escucharon cuatro miembros del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, su presidente, Federico Otaola; los jueces Mariano Miranda y Martín Llamas y la jueza Eugenia Nieva. La credibilidad del máximo tribunal jujeño viene seriamente afectada; el gobernador Morales amplió el número de sus integrantes y de esa manera habilitó la asunción de ex funcionarios radicales.
También estuvieron funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, encabezados por su titular, Sergio Lello Sánchez. Este órgano ha denunciado penalmente en el fuero federal por la infiltración y espionaje ilegal a organizaciones sociales, lo que derivó en una decena de allanamientos irregulares.
El juez de las visitas
El juez Mariano Borinsky, de la Cámara Nacional de Casación Penal, participó de manera virtual. Resaltó el desafío de Salta y Jujuy de implementar el nuevo Código Procesal Penal Federal. “No es un dato menor, porque implica una verdadera transformación para constituir la administración de justicia”, dijo.
Aseguró que “el Código Procesal Penal es el termómetro de la sociedad, es el termómetro de lo que está pasando en el crimen organizado, cómo se lo está juzgando, cómo se está procediendo con celeridad y eficiencia”. Alabó en este sentido la abreviación de plazos procesales y el hecho de que deja la investigación en cabeza de los fiscales, y el juez toma las decisiones.
“Es importante destacar la novedad del sistema de enjuiciamiento para el crimen organizado, la trata de personas, para el narcotráfico, delitos federales, delitos de funcionarios públicos, lavado de dinero, hablamos del juzgamiento de delitos que atañen a la Nación en su conjunto”, sostuvo en la única referencia al tipo de procesos judiciales que lo han destacado en estos años.
Borinsky mantuvo al menos 18 encuentros con el ex presidente Mauricio Macri entre 2016 y 2019, mientras tomaba decisiones en causas que involucraban a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a ex funcionarios kirchneristas. También el juez de Casación Gustavo Hornos participó de esos encuentros, que fueron denunciadas penalmente por diputados del Frente de Todos.
El otro discurso de apertura lo dio Rabbi Baldi Cabanillas, cuestionado en su caso por intentar ayudar a su cuñado, cuando era buscado por delitos de lesa humanidad, y también por su amistad con el empresario Carlos Pedro Blaquier, imputado por actos de terrorismo en el marco del plan sistemático de eliminación de personas.
El camarista dijo que la aplicación del nuevo Código Procesal Penal “constituye un cambio de paradigma. Hemos llegado a lo que la Constitución siempre quiso, que haya un sistema acusatorio con una fiscalía que acuse y jueces que resuelvan si esas acusaciones proceden o no". Dijo que esto es "un gran salto adelante", si bien "hay muchas cosas por mejorar, e implementar que este sistema se traslade al resto del país”.
En cuanto a las provincias norteñas donde el sistema se está aplicando destacó que “Jujuy y Salta tienen un papel trascendente en la lucha contra el narcotráfico, es un tema que involucra a todo el norte NEA y NOA. Un sistema expeditivo, informalista, con investigaciones rápidas, con procedimientos veloces que determinen la situación de las personas ante la ley, es una noticia que debe celebrarse”, ratificó.
Por otro lado, recordó que “hay una demanda de cobertura en los juzgados que están necesitados que se complementen", y consideró que así como se permite que los fiscales puedan ser suplidos por los auxiliares fiscales en las audiencias, debe permitirse que los secretarios "cumplan algunas de las funciones del nuevo sistema” para alivianar el trabajo de los jueces y juezas. En Jujuy hay tres de juez o jueza cargos vacantes; hay dos vacantes en la fiscalía y una en la defensoría.
Rabbi Baldi Cabanillas fue denunciado en marzo de 2011 por fiscales federales de Bahía Blanca el llamado que hizo a la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA) para pedirles que “tengan cuidado” en un allanamiento que debían hacer a la casa de su cuñado, Alejandro Osvaldo Marjanov, que era buscado en un juicio por delitos de lesa humanidad. Este hecho fue la gota que vino a rebalsar el vaso porque la Unidad de Coordinación de las causas de lesa humanidad de la Procuración lo venía cuestionando porque con sus decisiones avaló durante años la inacción de la Justicia Federal de Jujuy, que frenó las denuncias de investigaciones de las causas de la dictadura.
Entre los disertantes estuvo también el juez de Casación Diego Barroetaveña, en su caso también ha sido cuestionado por dilatar el proceso contra el empresario Carlos Blaquier. En mayo de 2021 firmó un fallo rechazando que se investiguen torturas a soldados durante la guerra de Malvinas.
