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La lucha de los trabajadores y trabajadoras de la salud en la Ciudad de Buenos Aires se sostiene desde hace nueve semanas. Médicos/as, trabajadores/as sociales, psicólogos/as y enfermeros/as, entre otros, llevan más de dos meses con movilizaciones, paros, sentadas y encuentros con el objetivo de conseguir una recomposición salarial y mejorar las condiciones laborales. El reclamo, en paralelo, desnuda las falencias de una estructura sanitaria colapsada, con guardias que no dan abasto, pacientes que se acumulan como ganado en los pasillos y profesionales que comienzan a fugarse al sector privado, o bien, directamente prefieren dedicarse a otros rubros. A este ritmo, no hay termómetro que aguante: llegará el momento en que nadie quiera dedicarse a la salud, pero en el gobierno porteño continúa el silencio.
“Este es un conflicto particular porque participan absolutamente todos los gremios. En la semana se notará a partir de nuevas medidas de fuerza. La situación de los hospitales viene para atrás desde hace tiempo”, señala Héctor Ortiz, dirigente estatal de ATE-Capital y referente Agrupación Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, para caracterizar a uno de los reclamos más significativos del sector durante la última década.
Trabajadores y trabajadoras que durante la pandemia eran considerados “esenciales”, en el presente se convirtieron en “descartables”. Una posibilidad que tenía el gobierno porteño de revalorizar la salud pública y fue desperdiciada. “El problema estructural es que el gobierno de la Ciudad tiene una mirada de desprecio hacia lo público. Se ve en salud, pero también se advierte en educación. Lo ven como un gasto, como algo prescindible; no lo definen como una inversión y mucho menos como un derecho a garantizar”, señala Carolina Cáceres, secretaria general de la Asociación de Licenciados en Enfermería. Y a continuación plantea: “Buscan fragmentar al campo de la salud en general y generar una política de vaciamiento. Si no te reconocen como se debe, si las condiciones de trabajo son tan malas, te vas a otros sectores”.
Bajo esta premisa, muchos médicos y médicas se trasladan al sector privado, mientras que otras profesionales como las enfermeras se desplazan hacia rubros antes impensados. “Tengo compañeras que han hecho especializaciones, maestrías y hasta doctorados y terminaron en rubros ajenos. Algunas son cosmetólogas ahora”, cuenta Cáceres, que también se desempeña como miembro del Consejo Ejecutivo de la Federación de Profesionales de la Salud.
Entre otras medidas ya planificadas, el 14 de noviembre, los gremios y otros espacios autoconvocados realizarán La noche de las luces en Avenida Santa Fe y Juan B. Justo, en la que se invita a encender una vela por la salud pública. El 17 de noviembre, a pocos días del Mundial, realizarán un partido simbólico entre el equipo de salud y el de Horacio Rodríguez Larreta, para luego marchar hacia Plaza de Mayo.
Detrás de la canasta básica
El reclamo primario de los residentes y concurrentes es que sus salarios sean acordes a la canasta básica familiar. Para tener referencia, al comienzo de esta lucha, los médicos y médicas residentes cobraban $300 la hora, trabajando hasta 360 horas, con guardias de hasta 48 horas sin descanso. En el presente, producto del reclamo, ese monto ascendió a $440: es decir, pasaron de 121 mil a 160 mil pesos mensuales. Buscan un piso de 250 mil pesos y la incorporación a la planta de nuevos profesionales. Los concurrentes directamente no tienen un salario y mucho menos acceden a derechos laborales.
Al respecto, Ortiz completa el panorama: “Los profesionales de la salud ya no eligen trabajar en el hospital porque los sueldos son muy bajos. Un enfermero recibido en la universidad cobra 90 mil pesos como mucho, un médico de planta puede estar ganando entre 140 y 160 mil pesos”. Como respuesta, lejos de escuchar el reclamo, el gobierno porteño opta por desguarnecer los servicios y especialidades. Al manejarse de esta manera, niega la posibilidad de acceso a la salud a buena parte de la población que no cuenta con acceso a medicina privada.
La enfermería la pasa peor porque ni siquiera está reconocida por la Ley de Carreras Profesionales (n°6035, de 2018), pese a ser una profesión transversal a todas las actividades y sectores del hospital. “Como estamos por fuera de esa carrera cobramos la mitad que todos los profesionales, aun teniendo el mismo nivel de formación. Accedemos a derechos totalmente restringidos y eso es discriminatorio”, advierte Cáceres que, como Licenciada en Enfermería y trabajadora desde hace 16 años en el hospital público, cobra un salario de 100 mil pesos por 35 horas de trabajo semanales. “Durante toda la pandemia reclamamos la inclusión y venimos peleando por eso desde hace cuatro años. Hicimos marchas, escraches, caravanas, de todo, pero Larreta sigue sin escucharnos”, agrega.
Desde la Asociación de Licenciados en Enfermería (en conjunto con gremios y otros espacios) impulsaron un amparo. La justicia le dio lugar con el objetivo de posibilitar su ingreso a la Carrera y regularizar esta situación, pero el gobierno porteño, fiel a su tradición, apeló el fallo que perjudica a las 11 mil enfermeras y enfermeros que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires.
Guardias colapsadas, pacientes sin atención
En un escenario de negligencia calculada, los pacientes afrontan filas de 10 o más horas de espera: se acumulan en los pasillos y con sus dolencias y afecciones, algunas veces, ni siquiera acceden a una silla para sentarse. Las trabas burocráticas, la espera para turnos y el papeleo infinito también contribuyen a un clima general de desesperación y nerviosismo. Y, con el aumento constante de las prepagas, el problema se agravará más.
Cada año se incrementa el porcentaje de personas que solo tiene cobertura del sistema público y, en simultáneo, disminuyen las cifras de las que poseen obras sociales, medicina prepaga o mutuales. De acuerdo al informe sobre condiciones de vida de la población que publica semestralmente el Indec, el porcentaje de personas con obra social o prepaga bajó cuatro puntos entre el primer semestre de 2018 y el primero de 2022 a nivel nacional. Los aumentos de las cuotas de las instituciones que ofrecen medicina privada confirman un desplazamiento cada vez más notorio. Si bien el 66 por ciento sigue con cobertura por obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia, el 33,9 por ciento solo posee cobertura médica a través del sistema público. Un porcentaje que equivale a 9,9 millones de personas en el país.
Como los salarios son tan bajos, muchos médicos y médicas (que se forman entre 10 y 15 años en la educación pública) abandonan sus puestos y se marchan al sector privado. Los que quedan resisten en la trinchera resolviendo situaciones de difícil manejo. “Las guardias están colapsadas porque no hay donde derivarlos y el personal que queda está excesivamente cansado con respecto a la carga laboral”, relata Ortiz. Desde esta perspectiva, Carina Goya, médica residente del Hospital Ramón Sardá, apunta: “No hay profesionales que quieran hacer las guardias porque están muy mal pagas. Hay hospitales que tienen tomógrafos pero no tienen médicos que sepan utilizarlos. Las unidades coronaria y de neonatología del Hospital Fernández debieron cerrar porque no pueden funcionar. Para conseguir un turno para una hernia inguinal de un bebé, hay que esperar un año. Para salud mental, lo mismo”.
La lógica del pluriempleo también marca al sector: los profesionales combinan tres o cuatro trabajos para llegar a un salario razonable a fin de mes.
¿Un futuro sin profesionales de la salud?
“¿Quién puede comprometerse a laburar 300 horas al mes, con la exigencia y la responsabilidad que tiene nuestro trabajo, por 400 pesos la hora? Incluso queriéndolo, por la vocación o por lo que fuere, es imposible comprometerse a eso. Si tenés una familia que alimentar o pagar un alquiler es prácticamente imposible”, reclama Goya. Lo que en muchos casos no se comprende es que las instituciones de la salud son las personas que las componen y que la denominada “vocación de servicio”, más bien, se construye conforme transcurre el tiempo. De esta manera, si no están dadas las condiciones y si el Estado porteño expulsa más de lo que promueve, difícilmente alguien quiera ser médico o médica en el futuro.
“Si cada vez ingresan menos residentes y concurrentes al sistema, se genera una sobrecarga para los que ya estamos dentro. Sin residentes y concurrentes no hay hospital; hay un montón de servicios que están cerrando porque los hospitales no están preparadas para prescindir de nosotros”, refuerza Goya. “Necesitamos que la sociedad conozca cuál es nuestra situación. Vamos a continuar en las calles con un reclamo cada vez más fuerte”, remata Cáceres.
A nivel nacional, miembros de hospitales como el Posadas y el Garrahan (financiado en un 80 por ciento por el Estado nacional, y por la Ciudad en el 20 restante) atraviesan una situación similar a la denunciada desde los centros porteños. Ya realizaron paros y marchas al Congreso en busca de mejores salarios y condiciones de trabajo. En su caso, solicitan un aumento del 100 por ciento del salario, un plus de guardia por fuera del acuerdo paritario vigente y un bono de 100 mil pesos para fin de año. Otro de los reclamos apunta a la agilización de los concursos para facilitar el acceso a la planta permanente: en el Posadas, por ejemplo, el 85 por ciento de los profesionales está contratado.
