Mauricio Macri volvió a confesar su intención de expulsar a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó para poner a alguien que a él le guste en un órgano que la Constitución define como “independiente” y “autónomo” y cuyo titular, por ley, tiene estabilidad en el cargo. Pero el Presidente quiso doblarle la apuesta después de que el lunes la jefa de los fiscales advirtiera que el Gobierno quiere echarla con métodos inconstitucionales y denuncias armadas y buscó disimular las divisiones dentro de Cambiemos, donde no todos apoyan una expulsión por decreto, que fue la amenaza que cobró fuerza en los últimos días. Macri no se refirió a ningún decreto pero  dijo: “lamento que insista en permanecer en el cargo”. Estructuró el resto de sus planteos sobre frases rimbombantes, sin precisión y con varias falsedades. Dijo que Gils Carbó es “militante kirchnerista”, que armó causas contra su gobierno, que no investigó al gestión anterior  y no investigó narcotráfico. 

“Lo lógico es que siempre el presidente de la Nación proponga un Procurador y el Congreso lo apruebe”, dijo Macri. El propio macrismo durante el gobierno anterior se quejaba de Gils Carbó porque la había propuesto  Cristina Fernández de Kirchner (después de la renuncia de Esteban Righi) Ahora él quiere poner a su propio Procurador, o sea, no quiere un jefe de los fiscales que actúe con independencia como indica la constitución en el artículo 120. La estabilidad en el cargo está definida en la Ley de Ministerio Público, que el oficialismo intentó modificar pero no logró por oposición de Elisa Carrió. Entre otras cosas porque pretendían poner al mando de la estructura de la Procuración a cuatro representantes del Poder Ejecutivo y le daba a una comisión bicameral la facultad hasta de designar y sancionar a los fiscales. O sea, ponía explícitamente al pode político a manejar al Ministerio Público Fiscal. El proyecto hasta “olvidaba” la Unidad de violencia de género. 

Macri dijo que Gils Carbó tiene “manifesta militancia kirchnerista”, “no es imparcial”, pero no mostró ni citó hechos que muestren que lo sea. La propia Procuradora esta semana dijo que no lo es, que pertenece a Justicia Legítima, que definió como “un grupo de magistrados, fiscales, defensores y jueces progresistas en el ámbito de la Justicia” que “no tiene ninguna filiación partidaria como se ha querido hacer ver”. 

Dijo Macri sobre Gils Carbó: “Viene del gobierno anterior y ha utilizado ese lugar para detener demorar, enturbiar las investigaciones de corrupción del gobierno anterior y para crear sistemáticamente imputaciones con sus fiscales al gobierno que realmente si algo puedo estar orgullos es que he traído un equipo que trabaja con honestidad”. Pero Gils Carbó no puede dar órdenes a los fiscales sobre qué deben investigar. Y ella no investiga, diseña la política criminal. El Presidente no ofrece un solo ejemplo de lo que dice. Y si hay algo obvio es que llueven citaciones a indagatoria, pedidos de medidas y de procesamientos a funcionarios del gobierno kirchnerista. Sin ir más lejos, en menos de una semana hubo pedido de detención y desafuero del ex ministro Julio De Vido hecho por un fiscal, procesamiento al ex titular de la Afsca Martín Sabbatella originalmente impulsado por un fiscal, imputación de parte de un fiscal a la candidata Fernanda Vallejos, y semanas previas pedidos de indagatoria y medidas contra la ex presidenta en causas varias (desde obra pública hasta la denuncia de Alberto Nisman). Incluso el pedido de indagatoria de la propia Gils Carbó por la compra irregular y comisiones dudosas en la compra de un edificio es de un fiscal federal, Eduardo Taiano. En cuanto a las investigaciones contra el macrismo, algunas de las más grandes empezaron en los medios, como la de las transferencias que habría recibido Gustavo Arribas y podrían estar vinculadas al soterramiento del tren Sarmiento, que publicó La Nación, o la de Panamá Papers, o casos muy flagrantes reconocidos por el propio Gobierno, como el acuerdo ruinoso por la deuda del Correo Argentino. 

El ministro de Justicia, Germán Garavano, volvió a pedir ayer la renuncia de Gils Carbó, aunque aclaró que no se analizaba echarla por decreto, algo que en cambio había afirmado públicamente el diputado del PRO Pablo Tonelli. Otro capítulo es el caso Odebrecht: donde acusó a la procuradora de no impulsar la investigación, cuando la Oficina Anticorrupción nunca se había interesado en ser querellante hasta ahora, que ante posibilidad de que se conozcan confesiones de ejecutivos brasileños les dio un repentino interés incluso por hacer su propia negociación desde el Poder Ejecutivo.