La Función Ejecutiva, por medio del decreto 2108/22, reglamentó el artículo 25 del Estatuto para el Personal de la Administración Pública Provincial y Municipal (Ley 3.870/79) para que el personal del Estado provincial que cumpla con los requisitos para acceder a la jubilación inicie los trámites administrativos. 

Las personas deben tener 30 años de servicio y 60 años en el caso de las mujeres y 65 años, los varones. La Rioja cuenta con 55 mil trabajadores en el Estado.

El subsecretario de Gestión del Capital Humano del Ministerio de Hacienda, Carlos Medina afirmó que “el número de trabajadores que se pueden jubilar es variable, pero existen alrededor de 2.000 empleados públicos provinciales y municipales en condiciones de jubilarse”. Medina expresó que quienes se jubilen “durante 6 años cobrarán una quincenita de igual valor a la que perciben los trabajadores activos y que actualmente se ubica en 17.500 pesos”. Se trata de un adicional no remunerativo provincial que tiene el personal en actividad.

El decreto publicado en el Boletín Oficial del pasado 4 de noviembre establece que La autoridad de aplicación, mensualmente, verificará e identificará a los agentes públicos que reúnan los requisitos previstos en el Artículo 19° de la Ley 24.241, para acceder a la jubilación ordinaria. Será notificado para que, en el plazo de 10 días hábiles, acredite haber iniciado los trámites jubilatorios ante la ANSES. Vencido el plazo sin haber iniciado el trámite jubilatorio y “a efectos de garantizar su defensa, se le iniciará sumario administrativo conforme el procedimiento” establecido en la normativa.

Medina explico además que la norma “es aplicable a todos los agentes que están en condiciones de jubilarse, más allá de las apreciaciones personales que cada uno tenga. Son 30 años de trabajo en el Estado, toda una carrera administrativa, se ha cumplido un ciclo y el Estado tiene dentro de sus premisas la renovación de sus cuadros, pero esto no deja de ser una decisión personal e indelegable”.

Desde el Gobierno provincial señalaron que “la medida se enmarca dentro de la reorganización de la estructura de la Administración Pública y en la política para terminar con la precarización laboral, a través del pase a planta permanente de las y los agentes de toda la provincia garantizando su estabilidad en el presente y contribuir a los aportes de la seguridad social, para su salud y futuro retiro”.

Los gremios APROSLAR y SITRAPP salieron rápidamente a expresar su malestar por la normativa al sostener que, debido a que gran parte de los sueldos estatales no impactan en el básico, jubilarse significa para el empleado pasar a cobrar un haber pasivo que es sensiblemente menor al salario que tiene como trabajador activo.