El fiscal federal Gerardo Pollicita amplió este lunes su pedido para que se investiguen los nexos comerciales, y de otra índole si los hubiera, entre el líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, y la empresa "Caputo Hermanos S.A." de la familia del empresario macrista, Nicolás Caputo.

Pollicita había solicitado el jueves pasado que se libraran "órdenes de presentación con allanamiento en subsidio" sobre once inmuebles vinculados a "Caputo Hermanos S.A." y a empresas y proveedores invocados por esa firma y por el mismo Morel. En el pedido, el fiscal hacía alusión a la constatación de las direcciones de los presuntos proveedores que Morel había mencionado como partícipes en los trabajos encargados por "Caputo Hermanos S.A." a su carpintería.

Sin embargo, el juez de la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, consideró que algunas de esas medidas eran "sobreabundantes" y solo inspeccionó las instalaciones del Fideicomiso Espacio Añelo, ubicado en Neuquén y que pertenece a la firma Caputo Hermanos --de la familia de Luis Caputo, exministro de Maricio Macri. 

El representante del Ministerio Público Fiscal tiene como hipótesis investigativa que existió financiamiento de "terceras personas" a la agrupación "Revolución Federal" y busca definir si los contratos entre Morel y Caputo tenían ese fin o si, por el contrario, fueron parte del equipamiento de la planta que los Caputo tienen en el sur patagónico. Para ello, Pollicita pidió hoy al juez que habilite la inspección "in situ" de los talleres mencionados por Morel y la firma Caputo, ubicados mayormente en provincia de Buenos Aires, para constatar si "poseen la infraestructura y maquinaria necesaria para brindar los servicios que les habrían sido requeridos".

Además, entre las novedades recientes de la causa se destaca que el presidente de la firma, Flavio Caputo, presentó un escrito ante Martínez de Giorgi en el que designa al abogado Matías Cúneo Libarona como su representante legal.

El propio Morel y sus compañeros de RF Leonardo Sosa, Sabrina Basile y Gastón Guerra están procesados bajo la acusación de haberse organizado para llevar a cabo "un plan criminal, que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor", que incluyó la proliferación de consignas violentas en redes sociales y la multiplicación de manifestaciones en las calles con el objetivo de intimidar a dirigentes políticos y militantes principalmente ligados al oficialismo. Al procesarlos, el juez consideró que "atentaron contra el orden público y ocasionaron un claro perjuicio a los bienes jurídicos de la paz social y la tranquilidad pública necesarios para el funcionamiento de un Estado de Derecho". Y advirtió que sus acciones y discursos participaron del clima de odio y violencia que derivó en el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Lo cierto es que las sumas de dinero aportadas por el fideicomiso Espacio Añelo durante el año 2022 se dieron principalmente entre los meses de mayo y agosto, esto es el período en el que no sólo la agrupación Revolución Federal inició su actividad pública como tal, sino también durante el lapso temporal en el que desplegó sus acciones más violentas", resaltó el fiscal en su investigación.