En la víspera del quinto aniversario del hundimiento del submarino ARA San Juan, la Cámara Federal de Casación Penal mandó una señal que está lejos de favorecer la búsqueda de verdad y justicia. Dos de sus integrantes rechazaron que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) intervenga en la causa sobre el espionaje a las familias de los 44 submarinistas en la que el expresidente Mauricio Macri y una decena de exintegrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) consiguieron el sobreseimiento gracias a un fallo de Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. "El rechazo es arbitrario e injustificado", denunció la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky.

Por su experiencia en distintas investigaciones judiciales, el CELS pidió el 3 de noviembre pasado intervenir como amicus curiae (amigo del tribunal) en la causa de espionaje. El expediente está para ser examinado por la Sala II de Casación después de que tanto la fiscalía como las querellas se opusieran al sobreseimiento a Macri y al resto de los imputados. En julio pasado, Llorens, Bertuzzi y Bruglia habían dicho que la AFI espió a las familias pero que ese accionar estaba justificado porque estaba en riesgo la seguridad del entonces presidente.

En un escrito, el CELS le había reclamado a la Sala II que descalificara el fallo de la Cámara Federal porteña porque había convertido en letra muerta la Ley de Inteligencia. Para el organismo de derechos humanos, la Casación estaba ante una oportunidad histórica para determinar qué es inteligencia ilegal en un caso en el que se muestra que fueron espiados familiares que reclamaban al Estado saber qué había pasado con sus seres queridos que estaban a bordo de un submarino de la Armada Argentina. "En casos como éste es cuando más debe abrirse la participación y, para esto, existe la figura del amicus", explicó Litvachky.

Sin embargo, entre gallos y medianoche, dos de los casadores –Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci– decidieron rechazar el pedido de CELS para actuar como amicus curiae. Dijeron básicamente que no tenían competencia o conocimientos en la materia. La tercera jueza, Ángela Ledesma, sostuvo que correspondía aceptar al CELS porque cumplía con la acordada de la Corte de 2013 y con el Reglamento de la Casación del año siguiente.

Lo que sorprende a quienes siguen la causa es la premura con la que actuó el dúo de Casación, que evidentemente quiere cumplir con el pedido de Macri de resolver a la brevedad los recursos que están pendientes en el tribunal y cerrar el capítulo del espionaje –que tanto pase de facturas le genera al interior de Juntos por el Cambio–. El apuro fue tal que ni le corrieron vista al fiscal para que opine. En Comodoro Py, hay quienes opinan que Mahiques no debió haber intervenido porque el CELS lo había impugnado en 2010 por su postura contraria al aborto cuando concursaba para la Cámara Nacional de Casación.

“Desde el 1 de febrero, sabemos que esta causa de espionaje ilegal ingresó en terapia intensiva sin chances de vida, es decir, de tener una justicia imparcial”, dice la abogada querellante Valeria Carreras. “Que ahora se rechace –sin siquiera vista a las partes el amicus del CELS– es un golpe más, solo resta el tiro del final. Por eso, entre julio y agosto pedimos la intervención de organismos internacionales”, dice.

En diciembre pasado, el juez Martín Bava procesó a Macri por el espionaje que sufrieron las familias de los tripulantes del ARA San Juan. Entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018, la AFI –desde su delegación Mar del Plata– siguió, fotografió y posiblemente infiltró a los parientes de los marinos. Veinte días después de procesar a Macri, la Casación le sacó las causas de espionaje a Bava, que pasaron a Comodoro Py. En julio pasado, Llorens, Bruglia y Bertuzzi reconocieron que la AFI espió a las familias pero dijeron que no fue delito. Ahora, Macri busca que quede cerrada la investigación definitivamente y está acumulando buenas señales por parte de los camaristas de Casación Penal.