El comité cívico de Santa Cruz decidió seguir con el paro y dar un plazo de 72 horas al gobierno nacional para la liberación de los detenidos por los hechos de violencia con los que exige un adelantamiento en la fecha de realización del censo. El presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció que algunos ciudadanos "se creen dueños de territorios" aunque no cuenten con el apoyo popular. El conflicto por el censo deja hasta ahora cuatro muertos, varios heridos y al menos 15 detenidos en los violentos enfrentamientos entre quienes apoyan y rechazan esa medida de presión.
La próspera región de Santa Cruz, motor económico del país y bastión de la oposición, inició hace más de 20 días un enfrentamiento con el gobierno central exigiendo que en 2023 se realice un censo que actualice su representación legislativa y la cantidad de fondos estatales que recibe, en función de una cantidad de habitantes que considera superior a la que maneja la última estadística oficial. El gobierno de Arce acaba de confirmar que esa consulta se celebrará el 23 de marzo de 2024 y no antes porque no hay posibilidades técnicas para ello, y anticipó el inicio de acciones penales para los líderes de la revuelta, que incluyó cortes de rutas, incendios y rotura de establecimientos que fueron condenados por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Queremos revisar nuestra relación con el Estado boliviano"
El cabildo convocado por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, un conglomerado civil y empresarial de derecha, determinó dar un plazo de 72 horas al gobierno para la liberación de los detenidos producto de los enfrentamientos, mientras el paro indefinido se mantiene. Exigen, además, una ley que garantice que el censo y la distribución de recursos se realizarán en 2024 y que la redistribución de escaños se aplique antes de las elecciones de 2025.
En un mensaje grabado desde su casa, donde cumple detención domiciliaria, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, fustigó al gobierno y alentó a sus seguidores a seguir en las calles. "Le dijimos al gobierno que estamos dispuestos, en 72 horas, a iniciar el trámite de revisión de nuestra relación con el Estado boliviano porque no escucha, porque nos tiene aislados, porque nos somete, porque nos castiga", sostuvo Calvo.
El dirigente, quien cumple condena por incumplimiento de deberes y ejercicio indebido de la profesión, también dio tres días a los otros ocho departamentos del país para que se unan formalmente al reclamo de Santa Cruz. Caso contrario, esa región asumirá sus propias reivindicaciones "en beneficio de los bolivianos que viven y trabajan en Santa Cruz".
"Se creen dueños del territorio"
La respuesta llegó de manera urgente desde la Central Obrera Boliviana (COB), que le dio 72 horas de plazo a los "promotores del separatismo" para abandonar el país. El secretario ejecutivo de la institución, Juan Carlos Huarachi, acusó a la ultraderecha, sin mencionar nombres, de intentar dividir el país a través de la demanda por el censo en 2023.
"Estamos indignados con estos croatas, yugoslavos que se creen dueños de Santa Cruz, hijos de migrantes. Nosotros somos los dueños, los que hemos construido Santa Cruz, los que hemos aportado para el desarrollo y ahora recibimos discriminación, racismo, difamación, violencia, asesinatos", reclamó Huarachi según recogió el diario El Deber. Al igual que el domingo, el líder sindical volvió a reclamar la conformación de una comisión de fiscales que investigue a los autores intelectuales de los ataques a la Federación de Campesinos y la Central Obrera Departamental.
En la misma línea, el presidente Luis Arce advirtió que "la derecha quiere ganar con esos movimientos lo que no puede ganar en las urnas". Arce participó de los actos por los 241 años de la muerte del líder Indígena Julián Apaza, conocido como Túpac Katari, en el departamento de La Paz, haciendo referencia al golpe de Estado ocurrido en noviembre de 2019, por el que Jeanine Áñez tomó el poder en el país.
"Es inadmisible que pretendan ahora levantar la cabeza cuando no tienen el apoyo popular, cuando han demostrado que ha sido un desgobierno de la derecha el que ha sufrido el pueblo boliviano durante cerca de un año", planteó el mandatario y agregó: "Hay ciertas personas que se creen dueños de territorios y de hacer todo lo que quieran, pero en el oriente y en occidente va a haber Túpac Katari".
Repudio de la CIDH
La CIDH repudió este fin de semana los actos de violencia originados por las protestas opositoras en Santa Cruz. "CIDH condena nuevos actos de violencia en Santa Cruz: agresiones físicas y contra periodistas, violencia sexual, hostigamientos a personal y usuarias de Casa de la Mujer, y el incendio de la Central Obrera. Urge al Estado investigar con enfoque de género étnico-racial", tuiteó el organismo dependiente a la Organización de Estados Americanos (OEA).
La CIDH también instó a los manifestantes a evitar todo acto de violencia y a la sociedad a emprender un diálogo efectivo. Este mensaje se produjo horas después de que el presidente Luis Arce fijara el 23 de marzo de 2024 como fecha de realización del censo nacional.
En Bolivia los 130 diputados se distribuyen de acuerdo con los datos poblacionales y Santa Cruz argumenta que por tener más habitantes le corresponden más bancas en la Cámara Baja. El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, dijo este lunes que la asignación de fondos públicos estarán disponibles seis meses después del censo y que la redistribución de escaños parlamentarios es atribución del Tribunal Supremo Electoral.
