Seis activistas feministas, entre ellas una integrante del colectivo Ni Una Menos, podrían ser condenadas por pintar consignas para convocar al  histórico Paro Internacional de Mujeres, que se hizo 8M en Argentina y 52 países más. Se les imputa el delito de daño simple y agravado por escribir “Lesbianas”, “8M”, “Paro” y “El Patriarcado se va a caer”, con aerosol de colores negro y rojo –las armas secuestradas por la policía– en paredes de una iglesia y dos bancos, en el barrio porteño de Almagro. Su defensa pidió la nulidad de las actuaciones por considerar que la detención de las jóvenes fue “arbitraria” y los cuatro militantes católicos que las denunciaron al 911, esa madrugada, incurrieron en “falso testimonio”, e incluso se hicieron pasar por policías, dando la voz de alto, al perseguirlas por la calle hasta que llegó un patrullero, tal como revela un video incorporado a la causa. “Se nos escapan. Estamos tratando de seguirlas para que se puedan detener pero no viene ningún móvil”, dice uno de ellos, en diálogo con el operador del 911, según consta en el expediente. Hoy el juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires N° 25, Ladislao Endre, convocó a una audiencia oral y pública, en la que se analizará el pedido de nulidad.

Las seis activistas, pertenecientes a distintos espacios feministas, fueron detenidas en la madrugada del 7 de marzo y liberadas luego de permanecer privadas de su libertad por más de 12 horas, en la comisaría 9ª. “Es una forma de silenciarnos. Pedimos que se declare la nulidad de la causa y se investigue el accionar policial. Reclamar y protestar contra los femicidios y las violencias es un derecho de todas. Hay seis compañeras imputadas por hacer pintadas mientras no hay políticas públicas eficaces para prevenir los femicidios”, advirtieron desde el Colectivo Ni Una Menos e invitaron a organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos y de mujeres, a acompañar la audiencia, citada a las 13, en Tacuarí 138. 

El fiscal Juan Rozas les imputa haber realizado pintadas “mediante la utilización de dos tubos de pintura en aerosol de color negro y rojo” en la fachada de la Iglesia Santuario Jesús Sacramento, en Corrientes 4441 –a la que dijeron pertenecer los cuatro hombres que las denunciaron– y en el frente de una sucursal del banco Nación y otra del Galicia, sobre la misma avenida. 

Los denunciantes son Gabriel Omar Fittante, Juan Manuel Báez Rivora, Carlos Esteban Mater y Nicolás Djudjic. “Llamaron al 911 como si fuera un delivery de violencia institucional”, comentó a este diario la abogada Gabriela Carpineti, que representa a las activistas imputadas. En el pedido de nulidad de las actuaciones, la defensa alegó que “los cuatro se hicieron pasar por policía para llevar adelante una detención arbitraria” y eso queda expuesto en el video que presentaron como prueba. “Tranquilas somos policías”, se escucha que dicen, sin que se advierta en el video la presencia de ningún uniformado. “La filmación desmiente la versión dada por los civiles, que afirmaron que iban corriendo de atrás con policías”, dice el escrito. Uno de ellos, señala la presentación, incluso, empuja a una de las jóvenes y le dice “andá para allá”. También presentaron como prueba las grabaciones de los diálogos entre denunciantes y operador del 911, para pedir a la policía que las detenga y dan cuenta de que las están persiguiendo.  

Para la defensa hay una “desproporción entre el daño material del que son acusadas y la violencia civil e institucional que las mismas sufrieron por parte de los denunciantes y los agentes policiales”.

No es la única causa abierta esta año en la que están criminalizadas mujeres por realizar pintadas con consignas feministas: en El Bolsón, el intendente Bruno Pogliano, cercano al macrismo, denunció también penalmente a la concejal del FpV Rosa Monsalve, por pintadas callejeras realizadas en el marco de la marcha del 3 de junio, en las cuales no tuvo ninguna participación. Estos episodios se suman a las detenciones arbitrarias de una veintena de personas –15 mujeres y 5 varones– algunas horas después de finalizada la marcha del 8M en los alrededores de la Plaza de Mayo y por las cuales la justicia está investigando el accionar de los efectivos de las policías de la Ciudad y Federal que actuaron esa noche, causa en la que es querellante el CELS. A las 20 personas, que habían marchado esa tarde, se les imputa haber participado de los incidentes que ocurrieron al finalizar la movilización frente a la Catedral: puntualmente de haber lesionado a un policía con fuego y haber realizado rayones a un camión hidrante, además de los delitos de atentado y resistencia a la autoridad. Entre las imputadas está Laura Arnés, investigadora del Conicet y colaboradora de PáginaI12, cuya defensa está a cargo del CELS, que fue detenida junto a dos amigas a la salida de una pizzería, a 200 metros de la Catedral –por la cantidad de gente que marchaba, ellas dijeron que nunca pudieron llegar a la Plaza de Mayo– y varias reporteras gráficas del Ministerio Público de la Defensa. La causa tramita en el juzgado de Instrucción N°35. En las grabaciones de las cámaras de seguridad y de las coberturas televisivas que registraron los disturbios, que se están peritando, no se puede identificar a ninguna de las mujeres detenidas.