PáginaI12 En Brasil

Desde Brasilia

Catorce meses y 21 días antes de las próximas elecciones presidenciales el juez de primera instancia Sergio Moro condenó a 9 años y medio de prisión, e inhabilitó por 19 años para ocupar cargos públicos, a Luiz Inácio Lula da Silva por hallarlo culpable de corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco de la causa Lava Jato. El ex presidente permanecerá en libertad. Según la sentencia la constructora OAS entregó al acusado un departamento  en el popular balneario Guarujá, en las costas de San Pablo, como “propina” por los contratos que esa firma obtuvo en la petrolera estatal Petrobras investigados en la causa Lava Jato. Sergio Moro, una suerte de prócer de las clases medias blancas, no sorprendió. La sentencia era esperada desde junio y su contenido era previsible: Lula era un condenado de antemano. El magistrado de la sureña Curitiba abrió el proceso contra el líder del PT el año pasado haciendo lugar a una denuncia presentada por el fiscal Deltan Dallagnol, para quien el ex mandatario se desempeñó como el “comandante” de una red de corrupción responsable de estafas que ascienden a cientos de millones de dólares.

El propio fiscal, integrante de la así llamada “Fuerza de Tareas de Curitiba”, admitió estar falto de pruebas pero pleno de “convicciones” sobre la culpabilidad del ex tornero mecánico que residió entre 2003 y 2010 en el Palacio de Alvorada, la mansión presidencial de Brasilia, y desde 2011 entonces hasta la fecha vive en el mismo departamento que había ocupado antes de ser mandatario, en San Bernardo do Campo, ubicada en el cordón industrial paulista. Una propiedad en nada parecida a las mansiones de los ex directivos de Petrobras y empresarios arrepentidos que se acogieron a la delación premiada sugerida por Moro y sus muchachos de la “Fuerza de Tareas”.

Lula permanecerá en libertad y con sus derechos políticos intactos hasta que haya una sentencia del Tribunal Regional de Porto Alegre ante el cual apelarán sus abogados Cristiano Zanin Martins y Valeska Teixera.

Si los tres camaristas que integran ese tribunal de alzada ratificaran la sentencia contra el líder del Partido de los Trabajadores lo dejarán fuera de los comicios del 2 de octubre de 2018 porque la Ley de la Ficha Limpia impide ser candidato a cualquier ciudadano contra quien pese un fallo de segunda instancia.

Lula encabeza, y sus mediciones han crecido sostenidamente, todas las encuestas publicadas desde enero pasado en las que prácticamente duplicó a sus principales rivales como el militar retirado Jair Bolsonaro y la dirigente ecologista Marina Silva, ubicados en segundo y tercer lugar.  

Ayer el abogado Zanin cargó contra la “motivación política” de Moro y recomendó que “las disputas políticas sean en las urnas y no en un tribunal (..) a cargo de un magistrado que perdió eso (imparcialidad”.

“Esta condena ataca el Estado de Derecho” avanzó el abogado Zanin coautor, además, de una denuncia contra Moro en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por violación del derecho de defensa. A través de una guerra jurídica (“Lawfare”), como la que llevarían adelante Moro y Dallagnol, se utilizan pretextos legales para “destruir” un “enemigo político” señaló la presentación ante la ONU en la que participó el abogado australiano Goeffrey Robertson, defensor de Julian Assange.   

Ayer Zanin retomó algunos aspectos de la “Lawfare” contra Lula pero fundamentalmente subrayó la falta de pruebas contra su defendido y reiteró su cuestionamiento al uso abusivo de las delaciones premiadas como sustentación de las imputaciones.

En ese sentido Zanin mencionó al empresario arrepentido Leo Pinheiro, propietario de OAS, fue víctima de la “coacción” del juez y los fiscales para que acuse al ex presidente de haber recibido el departamento en Guarujá, que hasta hoy permanece desocupado.

El abuso de la delación premiada posiblemente será uno de los flancos sobre los que se construirá la apelación ante ante el tribunal de alzada de Porto Alegre que hace dos semanas absolvió al ex tesorero del PT, Joao Vaccari Junior, otro de los condenados por Moro, al entender que la sentencia se fundamentó casi exclusivamente en las confesiones del empresario Leo Pinheiro.

Incluso el Supremo Tribunal Federal debatió recientemente sobre los alcances limitados de las delaciones a las que se puede acudir como herramienta en la construcción de pruebas pero jamás emplearlas como el núcleo de una acusación del fiscal o una condena del juez.

Lula fue informado ayer por la tarde de la decisión judicial en su contra en el Instituto que lleva su nombre, ubicado en el centro de San Pablo, donde reaccionó con la “serenidad de quien se sabe inocente y la indignación de quien es víctima de una injusticia” declaró el dirigente petista Marcio Macedo.

“Las garras de los golpistas no lograrán rasgar la historia de un héroe del pueblo brasileño” dijo Dilma Rousseff, la presidenta derrocada hace un año por Michel Temer quien ayer era tema de debate en el Congreso donde se analizó juzgarlo por corrupción, ante las pruebas aportadas por un empresario arrepentido.

Grupos de petistas e integrantes de movimientos, en su mayoría con distintivos rojos, se concentraron en la noche de ayer para repudiar la condena de Lula frente al Museo de Arte de San Pablo a pocas cuadras de la Federación de Industrias de San Pablo, donde se dieron cita simpatizantes de Moro con banderas verde amarillas.

“Moro condenó a Lula sin pruebas, desde un primer momento convirtió a este proceso en una causa política, algo inaceptable” dijo Guilherme Boulos, líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo.

En sus consideraciones Moro incurre en argumentos pretenciosos como el de comparar a esta causa con el escándalo Watergate que en 1974 derribó al presidente Richard Nixon. No tuvo en cuenta diferencias importantes. Olvidó que contra el presidente republicano había harta documentación probatoria del espionaje contra su adversarios del Partido Demócrata y decenas de horas de diálogos comprometedores grabados en la propia Casa Blanca. Nada parecido ocurre contra Lula a quien se le imputa ser dueño de un departamento que, según reconoce la propia acusación, él nunca ocupó y cuya propiedad es de la empresa OAS, según registros oficiales.

Más aún: Moro y el afiebrado fisca Dallagnol (joven evangélico que parece confundir a Lula con Satanás) parten de la hipótesis de que el líder petista es el capo de una mafia formada por empresarios de la construcción y ejecutivos de Petrobras, algo que no se compadece ni con las evidencias del caso.

La semana pasada uno de los ex directivos de Petrobras, que ocupaba un lugar secundario en el esquema, devolvió 80 millones de reales depositados en bancos de Montecarlo y otros paraísos fiscales. Mientras tanto, luego de tres años de investigaciones la Fiscalía de Curitiba, apoyada por investigadores suizos y norteamericanos, no halló una cuenta de Lula en el exterior y el departamento de Guarujá está valuado en menos de 4 millones de reales. Puesto de otro modo: el supuesto “capo” Lula recibía nada frente a lo cobrado por sus imaginarios cómplices.

El caso es que Moro fue beatificado por las derechas, social y política, y respaldado por la cadena Globo que desde años se ha dedicado a la fabricación de personajes capaces de antagonizar con Lula. Fernando Collor de Mello, vencedor en el ballotage de diciembre de 1989, fue la primera criatura construida por esa empresa líder en la producción de telenovelas y noticias.

Después de la condena de ayer posiblemente vendrán otros fallos de Moro contra Lula que podrán desgastar, o no, su imagen así como su favoritismo de cara a los comicios del 2 de octubre del año próximo. El embate judicial mediático continuará.

Y como parte de esta “guerra” para pulverizar a Lula, una empresa productora, que tendría el apoyo de Globo, lanzará en setiembre una película sobre el operativo Lava Jato en la que Moro será uno de los personajes.