A pedido del presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, la Corte Suprema de Justicia dispuso que su presidente, el mismísimo Horacio Rosatti, reciba el “juramento de ley” de once nuevos integrantes del organismo encargado de seleccionar y sancionar a jueces y juezas para el período 2022-2026.
A cuatro días del final del mandato de los actuales consejeros --este viernes--, la acordada habilita al supremo entre los supremos a cumplir con el paso que formaliza la incorporación de los nuevos miembros del Consejo, que se realizaría la próxima semana. En teoría sólo resta que las cámaras de Diputados y Senadores envíen los diplomas de sus ocho consejeros, paso que se demorará inexorablemente hasta que se cierre el conflicto por la representación de la segunda minoría del Senado, que tuvo fallos favorables para el oficialismo en primera y segunda instancia pero que la Corte revirtió sorpresivamente la semana pasada, en línea con los intereses de Juntos por el Cambio.
La acordada 29/2022 de la Corte se inicia con el informe del “señor Presidente del Consejo de la Magistratura”, a quien en un rapto de decoro se evita nombrar, sobre las elecciones de los representantes de jueces, abogados, académicos y del Poder Ejecutivo: del ámbito científico y académico, Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit; del estamento de abogados, Miguel Piedecasas, María Isabel de la Torre, María Fernanda Vázquez y Héctor Recalde (cuya elección fue un balde de agua fría para al macrismo y a quien los supremos curiosamente omiten nombrar en los considerandos); en representación de la magistratura los jueces Diego Barroetaveña, Albert Lugones, María Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero, más Gerónimo Ustarroz en representación del Poder Ejecutivo.
Con los representantes de los académicos y de los jueces la Corte hace una salvedad. Apunta que recibirá los juramentos “sin perjuicio de lo que pudiera decidirse” en amparos presentados contra el Consejo Interuniversitario Nacional y contra la Junta Electoral de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional cuestionando las respectivas elecciones. La acordada habilita a Rosatti a que convoque a la jura a los consejeros en fecha a definir. Fuentes judiciales estimaron que sería la próxima semana, posiblemente el miércoles.
El Consejo de la Magistratura funciona en los hechos sólo en comisiones y no se reúne en plenario desde el 15 de julio, cuando el senador peronista Martín Doñate le reclamó a Rosatti que sacaran del cajón las ternas para reemplazar a Leopoldo Bruglia y Pablo Berutuzzi, los dos jueces que Mauricio Macri designó a dedo en la estratégica Cámara Federal porteña y que fallan sistemáticamente a su favor.
El martes pasado, con votos de Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, la Corte subrogó al Senado en sus atribuciones constitucionales y suspendió la designación de Doñate en favor del macrista Luis Juez. Contra todos los pronósticos y contrariando los fallos de las dos instancias anteriores, para las cuales estaba en juego “el funcionamiento político interno del Poder Legislativo y que, por ello, (la cuestión) no resulta justiciable”, el máximo tribunal se apuró a decir que Doñate había sido nombrado por una “artimaña” del Senado y que en realidad el lugar le correspondía al humorista cordobés.
Tal como informó Página/12, la senadora Juliana Di Tullio, presidenta del bloque de Unidad Ciudadana, ya anunció que pedirá que sea Doñate quien lo represente en el Consejo para el mandato 2022-2026. En la misma línea, Juez prometió que volverá a recurrir a la familia judicial si la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, no lo designa, con lo cual el Consejo no funcionará con su integración plena hasta que no se cierre el conflicto. En paralelo, desde la Cámara Diputados –que tampoco envió todavía los nombres de sus cuatro representantes– se promoverá el juicio político de los tres cortesanos que se entrometieron en la discusión sobre la formación de los bloques legislativos.
