La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, cuestionó la decisión del fiscal federal Guillermo Marijuan de pedir la suspensión a beneficiarios del plan Potenciar Trabajo por supuestas irregularidades. La denuncia, basada en un informe atribuido a la AFIP y difundido en un artículo periodístico, asegura que hay cerca de 250 mil personas que no cumplen con los requisitos para formar parte del programa. Al respecto, la funcionaria rechazó la intromisión del fiscal en la política social del Gobierno, habló de una "mala interpretación" de la información y cuestionó “la estigmatización de los sectores más vulnerables”.
En respuesta a las medidas requeridas por la fiscalía, la titular de Desarrollo Social sostuvo que el plan Potenciar Trabajo "está en plena vigencia" y que la denuncia está sustentada en "una malinterpretación de una información estadística", sin el respaldo de una certificación oficial, y manifestó su compromiso con la gestión de los planes. En este sentido, criticó duramente la intervención del funcionario judicial en el área que dirige. “Las competencias están claras, y el Presidente ha delegado en la ministra el diseño e implementación de las políticas sociales y sería inédito que un fiscal pudiera diseñar o definir una política social”, señaló.
En relación a las posibles irregularidades, sostuvo que va a "a darle cumplimiento a las normas de transparencia que tiene que tener este programa, porque son recursos públicos” y aclaró que el Gobierno “está lejos de buscar la estigmatización de los sectores más vulnerables de la Argentina”.
"Si en la Argentina hay 1.1 millón de personas que hacen su declaración informativa de bienes personales, ¿cómo podemos pensar que 250 mil están en el Potenciar Trabajo?", preguntó. Además, confirmó haber pedido un informe pormenorizado de los beneficiarios que estarían incluidos en ese universo. "Estoy esperando muy ansiosamente la información nominal de este dato estadístico, porque si hay personas que tienen incompatibilidades aun sorteando todos los controles, tomaremos cartas en el asunto. Pero no es lo que se construyó", afirmó durante una entrevista en Radio Con Vos.
El fiscal Marijuan realizó este lunes una denuncia por el delito de "defraudación contra la administración pública" a beneficiarios de planes sociales que no cumplirían con los requisitos necesarios para recibir la asistencia. A partir de la filtración de un informe de la AFIP, solicitado en octubre por el exministro Juan Zabaleta, el fiscal pidió la suspensión de los planes en infracción, que alcanzaría la cifra de 253.184 personas, según publicó el portal Infobae. La causa quedó en manos del juez Daniel Rafecas, quien podría ordenar un reempadronamiento de los beneficiarios.
En la denuncia, pidió además que se cite a prestar declaración como testigos a "los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de la implementación del Plan Potenciar Trabajo y asimismo a los funcionarios de la AFIP involucrados en el desarrollo del informe que se alude en esta denuncia". También solicitó que "se recabe de la AFIP el informe reservado original y completo, que fuera encomendado por el Ministerio de Desarrollo Social y que diera cuenta de las irregularidades mencionadas en la presente".
