Los pueblos nación Lule, Tastil, Iogys, Weenhayek y Atacama vienen reclamando hace varios años el reconocimiento oficial del Estado salteño. Para ello, propusieron una modificación a la ley 7121, que regula la composición y funcionamiento del Instituto Provincial de Asuntos Indígenas (IPPIS). En 2019 consiguieron la media sanción en la Cámara de Senadores, sin embargo, desde que pasó a la Cámara de Diputados, ya lleva tres años y está a punto de perder estado parlamentario el 30 de diciembre.
El presidente de la comunidad Lule de Finca Las Costas, David Torres, dijo a Salta/12 que presentaron una nota con "pronto despacho" a la Cámara de Diputados, y esperan una respuesta en 72 horas o recurrirán a una demanda judicial por "mora administrativa".
El representante comunal señaló que en este tema no solo se debe tener en cuenta lo que atañe al derecho civil y administrativo, sino también lo que concierne a los derechos indígenas que en el caso de los cinco pueblos están viendo avasallados.
La comisión de Diversidad Cultural, Asuntos indígenas y Desarrollo Comunitario es la que debía tratar el proyecto de modificación y dar dictamen, sin embargo, todavía no lo hizo.
"En comisiones nunca se abordó. Nunca lo trataron, no hay ánimo de tratarlo. Hubo visitas amistosas, nos recibían pero no se anotaba nada. Nunca hubo un despacho", sostuvo Torres. Aquellas reuniones fueron con la comisión de Diversidad Cultural, Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario y también con la comisión de Derechos Humanos. "La diputada Jorgelina 'Koki' Juárez (expresidenta de la comisión de DDHH) nos recibió por zoom, se comprometió a sacar dictamen, pero no cumplió", manifestó Torres.
Salta/12 consultó a la actual presidenta de la comisión de Derechos Humanos y vicepresidenta de la comisión de Asuntos Indígenas, Laura Cartuccia, pero no aportó información respecto al proyecto.
Por otro lado, el presidente de la comisión de Asuntos Indígenas, Rogelio Segundo, está siendo investigado en una causa penal, y permanece ausente en lo que atañe a la Cámara donde incluso sus pares contemplan la posibilidad del desafuero.
Según transcendidos, el freno para el tratamiento del proyecto fue puesto por el mismo IPPIS, ya que la modificatoria implica que los cinco pueblos, al tener reconocimiento estatal, también participen en la integración del organismo. Salta/12 consultó al presidente del IPPIS, Osvaldo Araya, pero no obtuvo respuesta.
Torres dijo que presentaron una nota al IPPIS este martes, pidiendo una reunión con Araya y el directorio "para tratar el tema de la modificación de la ley, para saber cuál es su parecer como IPPIS, si están en contra o a favor".
La integrante del Pueblo Atacama y de la comunidad Corralito de San Antonio de los Cobres, Luisa Córdoba, dijo a Salta/12 que permanecen "en asamblea permanente" y esperan que les convoquen a una reunión en Diputados.
Ayer el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Ignacio Jarsún, se reunió con representantes de los cinco pueblos indígenas y se comprometió a que les convocaría a otro encuentro este miércoles.
"Se realizó la entrega de una nota por mesa de entrada, en la que se expresa la postura de los cinco pueblos de dar a conocer ante todos los medios de comunicación. De continuar con la actitud de omitir el tratamiento del proyecto, se continuará con las instancias legales correspondientes", dijo Córdoba.
Asimismo, dijo que la media sanción que le reclaman a Diputados es "algo burocrático y protocolar, nosotros ya estamos reconocidos por el Ministerio de Educación, por cantidad de becas a estudiantes atacamas, en organismos públicos porque hay atacamas que están trabajando en la provincia, esperamos que se concrete esto, es una lucha que ya lleva varios años, esperamos la buena voluntad de los Diputados".
Torres consideró que las negativas para darle tratamiento al proyecto tienen que ver con los intereses sobre los recursos naturales que protegen los pueblos indígenas. "Los Weenhayek están arriba de un gasoducto en Embarcación", señaló.
Indicó que la comunidad Gallardo se ubica sobre el gasoducto que se ha realizado sin consulta previa e informada y sin consentimiento, por lo que "tienen que tener resarcimiento, que implica la participación en la gestión de los recursos naturales, en la mesa de decisiones, eso no quiere el gobierno, no quiere ceder privilegios", dijo.
Además, precisó que el litio está en territorio Atacama, mientras el cobre está en el territorio Tastil, a la vez que el agua se encuentra en territorio Lule, en Finca Las Costas. Por todo ello, consideró que el freno para su reconocimiento tiene que ver con la negativa a que tengan participación en la toma de decisiones.
Por otro lado, dijo que "los wichís dicen que los Weenhayek y Iogys son wichís", negándoles el derecho "a la autoderminación".
Torres destacó que el Pueblo Iogys no le disputa territorio al Pueblo Wichí. "El gobierno provincial dice que hablan el mismo idioma, son distintos. Sin embargo, ha reconocido a los tapietes, los chulupíes, chanes, guaraníes, que hablan el mismo idioma", advirtió.
