El represor Juan Carlos Alzugaray sumó ayer dos pedidos de condena a prisión perpetua, en el juicio que se le sigue, acusado por el secuestro y desaparición del abogado boliviano Gustavo Medina Ortiz, un hecho cometido el 10 de octubre de 1975, en la ciudad de Salta. 

Alzugaray, que por entonces se desempeñaba en la delegación local de la Policía Federal, fue reconocido por la esposa de Medina Ortiz, Zoila Luz Hoyos Aguilera, que lo ha señalado desde entonces. El ex federal, que luego integró el Servicio Penitenciario de Salta, ya tiene una condena a 20 años de prisión por su participación en la Masacre de Palomitas, la matanza de once personas que estaban detenidas en el penal de Villa Las Rosas, el 6 de julio de 1976. Además, está procesado por la desaparición del prefecto mayor Héctor Ramón Pérez, en noviembre de 1977. 

Ayer la fiscalía federal y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación coincidieron en que se probó la participación de Alzugaray en el secuestro y la desaparición de Medina Ortiz y pidieron que sea condenado a prisión perpetua. También coincidieron en que este hecho se cometió en el marco de la persecución desatada en la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur conocida como Operación Cóndor. 

“Medina Ortiz fue secuestrado de su domicilio por efectivos que estuvieron al mando de Alzugaray, entre los cuales había agentes de fuerzas bolivianas. Se lo llevaron y desde esa noche, el abogado se encuentra en calidad de detenido desaparecido”, sostuvo el fiscal general Carlos Amad. 

Adjudicó este accionar a “un plan sistemático de represión ilegal que se aplicó a la población civil, en este caso de alcance trasnacional aplicado en la década de 1970, conocido también como el Plan Cóndor” que se extendió a Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

El fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila aportó más elementos sobre el funcionamiento de la Operación Cóndor, este “fenómeno represivo continental” y sobre la militancia de Medina Ortiz, que “fue perseguido en Bolivia y también en nuestro país”, al que llegó perseguido por la dictadura del general Hugo Banzer Suárez, que el 21 de agosto de 1971 derrocó a Juan José Torres, cuyo gobierno "de corte revolucionario" integraba la víctima. 

El fiscal puso de resalto la figura de Medina Ortiz como militante político de izquierda. Había sido asesor de la Central Obrera Departamental (COD, organización de base de la Central Obrera Boliviana, COB) de Tarija, integró la Asamblea del Pueblo, el grupo de izquierda Espartaco, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Frente Revolucionario Antiimperialista. Destacó su proximidad con partícipes de la guerrilla del Che Guevara en el vecino país, y sus viajes a países con gobiernos afines a la izquierda.

Recordó que en su exilio en Salta el abogado siguió militando para tratar de derrocar la dictadura en su país, por eso y por su trayectoria anterior, afirmó que "Se trataba de un oponente de máxima prioridad para los organismos de seguridad". "Estamos en presencia de un oponente que tenía alta prioridad para las fuerzas de seguridad tanto nacionales como del gobierno dictatorial de Banzer", reforzó. 

"Claramente, la fuerza que estaba a cargo de la persecución a Medina Ortiz fue, sin lugar a dudas, la Policía Federal argentina", sostuvo Sivila sobre la estancia del abogado en el país hasta su secuestro y desaparición. En su residencia en Salta, Medina Ortiz debía presentarse periódicamente ante la delegación de la Federal y luego lo detenían los fines de semana y lo interrogaban. 

Comunidad informativa trasnacional 

En cuanto a que este hecho fue cometido en el marco de la colaboración de las fuerzas represivas del sur continental, el fiscal Sivila afirmó que si bien el Plan Cóndor se constituyó formalmente en 1975, sus antecedentes se remontan a 1974 e incluso 1973, "y alcanza su máxima expresión  en 1976". Como un dato para demostrar que esta coordinación represiva venía dándose por lo menos desde 1974, recordó que en febrero de 1974, en respuesta al Plan Cóndor, se constituyó la Junta Coordinadora Revolucionaria, integrada por organizaciones de izquierda del Cono Sur como el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, de Uruguay; Ejército de Liberación Nacional (ELN), de Bolivia; el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de Argentina, y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), de Chile. 

Como prueba de que el secuestro de Medina Ortiz fue cometido en el marco de la Operación Cóndor, el fiscal recordó que ya desde 1971 había una colaboración de la represión argentina y boliviana, que el abogado era un oponente activo al régimen de Bolivia y que de su secuestro participó una patota integrada por argentinos y bolivianos. 

El alegato fiscal fue cerrado por Amad. Sostuvo que existió "una comunidad de información, de inteligencia, trasnacional", una "coordinación trasnacional de las dictaduras" del sur del continente americano. Ratificó que la prueba reunida acredita "con la certeza necesaria que la Policía Federal estaba a cargo de la persecución a Medina Ortiz", y afirmó que fue Alzugaray quien investigó al abogado exiliado. Recordó que fue reconocido por Zoila Hoyos, que lo conocía de las detenciones anteriores y luego lo vió en su casa, cuando el entonces federal dirigió a la patota que secuestró Medina Ortiz. 

Alzugaray "ha demostrado su desprecio a la calidad humana" y "su desprecio por el disenso", reforzó antes de recordar que ya está condenado por delitos de lesa humanidad, y pedir que sea condenado a prisión perpetua. 

No hubo guerra 

"Aquí no hubo absolutamente ninguna guerra", comenzó su alegato el abogado Gastón Casabella, de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Insistió en que "no existió ninguna causa legal" para "tan aberrantes delitos" cometidos por la represión estatal y, por lo tanto, "son y serán siempre perseguidos". 

Recordó que la directiva secreta 404/1975, de "Lucha contra la subversión", permitía interpretar el término "subversivo" en "sentido amplio". "Subversivo era cualquiera que se opusiera al régimen establecido" y en ese marco Medina Ortiz era un blanco previamente marcado por el aparato represivo para su control y posterior eliminación. "No fue un simple hecho aislado de la sistematicidad represiva en el continente", aseguró. 

"La prueba no solamente es abrumadora, sino muy clara", afirmó luego de recordar la militancia política del abogado y afirmar que la "materialidad del secuestro está probada", así como el modus operandi de la represión, con la desaparición de los cuerpos de las víctimas y la falta de registros, como pasó con las anteriores detenciones en la cárcel de Villa Las Rosas. Y concluyó pidiendo condena a prisión perpetua. 

La jueza Gabriela Catalano, presidenta del trámite, y los jueces Federico Santiago Díaz y Mario Marcelo Juárez Almaraz, fijaron audiencia para el 28 de noviembre, cuando expondrá la defensa. La sentencia se conocería el 5 de diciembre.