En primer lugar, Sergio Federovisky, secretario de control y monitoreo ambiental del Ministerio de Ambiente de la Nación, hizo algunos señalamientos y propuestas pata avanzar con la normativa. “La necesidad de tener una complementaridad para una política pública en materia de tratamiento de residuos sólidos urbanos de la que hoy carece Argentina”.
Luego de explicar que en tres años de gestión se pusieron en marcha 8 centros de tratamiento de residuos con “sus respectivas plantas de separación, de recuperación, plantas de referencia, cierre de basurales a cielo abierto, dignificación del trabajo de los recuperadores de residuos”, dijo que “Sin la ley ni el CC o la reducción seria de las importaciones de PET para insumo industrial, ni el cierre de los basurales a cielo abierto y la construcción de las plantas subsiguientes va a tener éxito”.
Además, el funcionario propuso que coexistan dos sistemas: un privado con autorización de la autoridad de aplicación y otro sistema financiado con la recaudación de una tasa para aquellos que no adhieran o que no presenten sistemas de tratamiento; un comité con autoridad competente con representantes de cooperativas y Cámaras y la participación para que se incorporen las provincias. “La responsabilidad extendida del productor no es una entelequia, es el objetivo de la norma”, dijo.
Por su parte, María Castillo, directora nacional de Economía Popular presentó el programa “Argentina Recicla”. “Los sistemas de gestión de residuos se encuentran en crisis, por eso necesitamos esta ley con inclusión social”, aseveró. Además, contó que en el mundo hay 25 millones de Recicladores Urbanos, y en Argentina 150 mil. “Los recuperadores informales trabajan en las calles de las ciudades o en los sitios de disposición final. Realizan una gestión de residuos informal”, explicó.
A su vez, ejemplificó 4 líneas estratégicas de acción e inversión social: Fortalecimiento de los recicladores urbanos de base, sistemas locales de reciclado, redes de comercialización, agregado de valor a corrientes de residuos.Claudio Terres, presidente de Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Unión Industrial Argentina (UIA), manifestó que “La Unión industrial apoya la ley. Hemos analizado proyecto por proyecto y hemos hecho comentarios en donde hemos consensuado con todas las cámaras e incluyen temas que se comentan acá”.
“El sector industrial quiere la ley y buscar el mayor consenso posible, pero que sea una ley aplicable, en ese sentido tenemos algo más que debatir”, dijo. “La importación es necesaria porque cuando uno utiliza material reciclable para nuevos productos necesita una determinada calidad del mix, la fibra no dura toda la vida y al reutilizar va perdiendo las características intrínsecas del material. Tenemos datos de que se importó fibra virgen y se fueron más divisas”, aseguró. “Estamos trabajando hace muchos años en la economía circular, respecto a la tasa en la mayoría de los municipios se paga tasa de higiene y seguridad y debería ir dirigida a un proyecto de este tipo”.
José Luis Piccone, director Cámara Argentina Industria del Reciclado Plástico, comentó que durante 2021 se reciclaron 300 mil toneladas, “un 17% del consumo aparente del plástico, por qué no reciclamos más si y se podría reciclar el doble”, aseveró. “Cada 100 toneladas de plástico eso significa una persona trabajando en blanco, en la industria recicladora y más mano de obra indirecta”. “Los residuos tienen que ser clasificados, cantidad, calidad y continuidad. Apoyamos una ley de envases y nos interesa que ayude a esto. Todo el apoyo de la industria, deberíamos aumentar la recaudación y valorización de los residuos”, dijo.
Desde la cooperativa de Cartoneros de la Matanza FACCYR, Matías Capoblanco, contó que son “300 compañeros organizados. Organizarlos es mejor calidad de vida y precios, dignificar el trabajo de los compañeros”. “Es una de las leyes más reivindicativas para nosotros, sobre todo para los que no están organizados. Hay compañeros de quinta generación entendiendo este principio colectivo y de ambientalismo. Ese rol que le aportamos al ambiente es uno de los principales y más fuertes”, reflexionó.
De manera virtual expuso Bruno Rodríguez, de Jóvenes por el Clima, y habló del “fenómeno de dilataciones” de sectores para que no salga la ley. “Es una demanda de Argentina y de aplicarse unifica dos criterios: justicia climática y justicia social. Es parte de las trayectorias de descarbonización, contempla a recuperadores y a municipios. La función del cobro de esta tasa también funciona como incentivo”, advirtió. Jordana Carvallo, presidenta del departamento de Sustentabilidad y Política Ambiental (COPAL), expresó que “creemos que un marco regulatorio puede dar un paso cualitativo.
Ese recupero tenga metas ambientales progresivas, la COPAL representa en un 97% a empresas pequeñas por eso es muy importante poder participar para poder hacer de esto un marco legal exitoso y eficiente, que sea de esta aplicable a todas las empresas e inclusivo”. Participaron Candela Nassi, jefa de Gabinete de la secretaría de Control y Monitoreo Ambiental; Manuel Mateu, coordinador de residuos sólidos urbanos; Pedro Pesatti, intendente de Viedma, Río Negro; Rodrigo Valdés, Unión Nacional de Cooperativas de Trabajo; Alicia Montaya, Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, Greenpace, entre otros.
