El martes por la noche se apagaron las últimas especulaciones del oficialismo. Las posturas opositoras más intransigente se impusieron por sobre el resto y frenaron el tratamiento del proyecto con el que el oficialismo busca modificar las condiciones para jubilarse por parte de las empleadas y empleados del Banco Provincia luego de que la Corte Suprema provincial declaró inconstitucional la ley 15.008 sancionada por el gobierno de María Eugenia Vidal.

Las negociaciones se tensaron a punto tal que, más de dos horas después de lo previsto, el oficialismo decidió bajar en soledad al recinto y expuso a las bancadas opositoras, que no dieron quórum y dejaron sin tratamiento un paquete de leyes de salud ampliamente reclamado por los diferentes actores del sector.

Ya en la previa, esa actitud que se logró imponer desde el PRO hacia todo el interbloque de Juntos por el Cambio, era advertida por los trabajadores y trabajadoras del BAPRO, que se lamentaban por la imposibilidad del tratamiento de la iniciativa del oficialismo. “Ahí cerraron filas y se complica”, anticipó un dirigente de La Bancaria en la previa a la sesión. “No nos dan los números y no lo van a querer votar”, lamentó una autoridad sindical bancaria consultada por este medio. Lo que en ese momento no se sabía es que la oposición ni siquiera habilitaría la discusión. 

La ley 15.008 aprobada en 2017 bajo las órdenes de la entonces gobernadora, María Eugenia Vidal, redujo el haber jubilatorio al 70% del salario del personal activo en lugar del 82% vigente hasta ese momento. Asimismo, elevó la edad jubilatoria a 65 años, tanto para hombre como mujeres. El pilar del discurso opositor siempre estuvo anclado en que, sin estas modificaciones, el sistema sería deficitario.

La propuesta oficialista busca restituir el 82%, reduce la edad jubilatoria de las mujeres a 60 años, y, entre otras cuestiones primordiales, eleva considerablemente los aportes de activos, jubilados y patronales del universo laboral bancario. “El proyecto que enviamos a la Legislatura restituye derechos de forma sostenible, basado en un esfuerzo compartido de todas las partes”, declaró hace unos días Juan Cuattromo, titular del Banco Provincia, en una entrevista a Buenos Aires/12.

A comienzos de esta semana, la Corte Suprema de la provincia volvió a juntarse con todas las partes a los fines de reencontrar los acuerdos pertinentes para evitar dar lugar a los más de 5 mil amparos contra la ley de Vidal. A raíz de haber declarado inconstitucional a la Ley, desde el Superior Tribunal consideran posible gestar una propuesta que evite una erogación que asciende a más de 30 mil millones de pesos para los damnificados. Y puso un plazo que vence el 14 de diciembre. 

A partir de allí, la urgencia del oficialismo para sancionar una nueva normativa, que parecía avanzada hasta que se trabó en las últimas horas por la decisión de un sector del PRO de oponerse a su tratamiento. “Nos pusimos a trabaja e hicimos todas las modificaciones que propusieron, pero no quieren votarla porque apareció Macri en un zoom y les dijo que no la votaran”, acusó Kicillof en una conferencia de prensa realizada el lunes. 

La estrategia del Frente de Todos continúa la senda trazada por el gobernador y ahora apunta a acelerar las negociaciones al interior de la Cámara para lograr su tratamiento durante el último mes del año, cuando también intentarán sumarse otro conjunto de normas que duermen en los cajones del recinto legislativo.