El gobierno busca convertir en ley la nueva moratoria previsional antes de fin de año. El proyecto ya tiene media sanción en el Senado y ahora lo tiene que tratar Diputados. Fuentes de la Anses aseguraron a Página/12 que todavía no cuentan con los votos, pero advierten que si la iniciativa no obtiene luz verde unas 800 mil personas que cumplan la edad necesaria para jubilarse durante el año próximo no van a poder hacerlo porque no van a tener los años de aportes que exige la ley y la moratoria actual vence a fin de año.

¿Qué propone el proyecto?

El plan de pagos de deuda previsional que contempla el proyecto de ley tiene dos componentes:

1) A quienes ya tienen la edad para jubilarse, pero no cuentan con los aportes suficientes se les va a ofrecer cancelar la deuda previsional en cuotas mensuales pudiendo saldar años anteriores a 2008. Cada mes adeudado será equivalente al 29 por ciento de la remuneración mínima imponible que actualmente equivale a 4896 pesos. Esto significa que si una persona debe 5 años de aportes deberá afrontar una deuda de 293.760 pesos para poder jubilarse. Esa deuda se podrá abonar en 2, 6, 15, 30, 45, 60, 90 o 120 cuotas, dependiendo de la cantidad de años que se deban cancelar. “Si la persona adeuda pocos años, no se le va a financiar la deuda en 120 cuotas”, señaló una fuente de Anses. El monto adeudado se actualizará trimestralmente de acuerdo al índice de movilidad como sucede con el haber previsional.

2) A quienes se encuentran a 10 años o menos de cumplir la edad jubilatoria, pero tienen deuda previsional, se le permitirá cancelar períodos pasados de aportes faltantes, los cuales no podrán ser posteriores a marzo de 2012. Cada período a cancelar también será equivalente al 29 por ciento de la remuneración mínima imponible. Los que están en esta situación son unas 552 mil mujeres de entre 50 y 59 años y unos 327 mil valores de entre 55 y 64 años. El 74 por ciento de ese universo debe en promedio 14 años de aportes. En el gobierno sostienen que este segundo componente del plan afianza la cultura previsional y su valor intergeneracional y de reparto, permite previsibilidad a las personas para acceder a su jubilación, incentiva la registración de quienes quieran adherir y refuerza las estrategias recaudatorias del Sistema Integrado Previsional Argentino.

¿Cuál es el costo fiscal?

En la Anses remarcan que la moratoria tendría un costo fiscal de 0,19 por ciento del PIB durante el año próximo, pero afirman que ese gasto podría ser menor porque si la ley se aprueba se va a reducir la cantidad de personas que tramiten la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) destinada a aquellos que no están en condiciones de jubilarse, la cual otorga un monto equivalente al 80 por ciento de la jubilación mínima.

A su vez, está la posibilidad de que quienes se encuentran a 10 años o menos de cumplir la edad jubilatoria y adeudan aportes, puedan ir cancelando períodos pasados, situación que podría sumar una vía de recaudación adicional.

El costo fiscal no es tan relevante como en otras moratorias porque en la actualidad el 95 por ciento de las personas en condiciones de jubilarse están jubiladas y eso algo que se logró justamente con las moratorias vigentes durante los últimos años. Antes de la puesta en marcha de estos planes de pago, solo el 50 por ciento de las personas que estaban en condiciones de jubilarse podían hacerlo.

¿Cuántos votos faltan?

El proyecto de ley, elaborado por Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, obtuvo media sanción en el Senado el 30 de junio de este año con 38 votos a favor, 18 abstenciones y 6 en contra. Ahora resta que lo apruebe Diputados donde, según el poroteo oficial, aún faltan siete votos.

El principal cuestionamiento de la oposición está relacionado con la sostenibilidad del sistema previsional. Por eso desde el gobierno, remarcan que el costo fiscal no será significativo y permitirá atender la situación de unas 800 mil personas que de otro modo no podrán jubilarse ni aunque tengan 25 años de aportes, pues la moratoria vigente, que venció el 23 de julio, fue prorrogada por decreto hasta el 31 de diciembre de este año y no puede volver a prorrogarse.

En caso de no sancionarse la nueva ley, las más afectadas serán las mujeres porque la PUAM se puede tramitar a partir de los 65 años y las mujeres están en condiciones de jubilarse a partir de los 60 años. Por lo tanto, aún si no tienen ingresos deberán esperar 5 años para cobrar este beneficio no contributivo.