Con los votos del oficialismo y sus bloques aliados, la Legislatura porteña aprobó la Ley de Cooperadoras Escolares. La norma regula el funcionamiento de las asociaciones y la oposición denunció que restringe la participación de la comunidad educativa con el objetivo de "controlar" a las cooperadoras. La red que nuclea a diversas cooperadoras porteñas, que había presentado un proyecto propio, catalogó a la ley como una herramienta de "persecución política". En la sesión de este jueves también se iba a tratar un proyecto para vender predios del Casco Histórico, pero el oficialismo decidió reservarlo tras las críticas de la oposición.
La Ley de Cooperadoras quedó aprobada por 37 votos a favor, 22 en contra y una abstención. Los apoyos llegaron por parte de los bloques de Vamos Juntos, UCR-Evolución, Partido Socialista, Republicanos Unidos (RU) y La Libertad Avanza, mientras que los rechazos fueron del Frente de Todos y el Frente de Izquierda. La diputada de RU Marina Kienast, autora del proyecto, dijo al tomar la palabra que la iniciativa busca "alejar a los partidismos del ámbito educativo" para cuidar el "interés genuino de todos los que participan en la cooperadora". "Queremos resguardar a las cooperadoras de la grieta, una cosa es militar partidos en la calle o en un local y otra cosa es militar partidos políticos en las escuelas", aseguró.
La norma genera un marco regulatorio para el trabajo de las asociaciones cooperadoras, algo que hasta el momento no existía en la Ciudad de Buenos Aires, y fue impulsada por el oficialismo dejando de lado el proyecto presentado por la red Cooperadoras en Movimiento. El artículo que mayor polémica generó entre oficialismo y oposición fue el 16. Allí se establece que si los miembros de las comisiones directivas promueven "acciones con fines políticos partidarios" a través de la cooperadora serán "pasibles de remoción". La oposición planteó en este sentido que el Ministerio de Educación podría utilizar la normativa con fines persecutorios.
"Quedó muy claro en las intervenciones del oficialismo: lo que busca esta norma es controlar", sostuvo a su turno la legisladora del FdT María Bielli. La vicepresidenta de la Comisión de Educación recordó el contexto en el que el oficialismo impulsó el proyecto: "En los últimos meses la gestión de Soledad Acuña se encargó de mandar notificaciones policiales a las casas de los estudiantes o de sumariar a autoridades que lo único que hacen es fomentar la participación. Les molesta que haya una comunidad educativa que reclame", advirtió.
La diputada Laura Velasco (FdT) afirmó por su parte que "la perspectiva de educación en la Ciudad está siendo cada vez más la de la pedagogía del miedo, una pedagogía de persecución y de limitación de la participación de los actores educativos". Consultado por Página 12, Pablo Cesaroni, referente de Cooperadoras en Movimiento, alertó que "el artículo 16 plantea una persecución política e ideológica a los integrantes de la cooperadora, esto se va a traducir en que no puedan tener militancia partidaria". Cesaroni dijo además que la ley "establece un marco que va a condicionar la labor de las cooperadoras para limitarlas. Vamos a un achicamiento de las cooperadoras".
Los artículos cuestionados por esta razón son cuatro. El artículo 9, por ejemplo, divide a los integrantes de las asociaciones en dos tipos de socios. Los activos, que deberán ser exclusivamente familiares de los estudiantes, y los adherentes, que podrán ser integrantes del resto de la comunidad. Solo los socios activos tendrán voto y podrán participar de la comisión directiva, mientras que la intervención de los adherentes se verá limitada a opinar en las asamblea. "Eso es una disminución muy importante porque hoy hay muchos integrantes que no son familia directa. Los estatutos de las cooperadoras, además, buscan siempre la mayor participación posible", señaló Cesaroni.
La norma también establece una sola reelección posible, limitando los períodos de mandato a cuatro años, mientras que añade restricciones en la conformación de la comisión directiva: no podrá haber, por ejemplo, dos integrantes de la misma familia como miembros de la comisión. Tampoco podrán ser elegidos los integrantes de comisiones que hayan sido intervenidas anteriormente. Las cooperadoras y la oposición hicieron especial énfasis en la crítica a este último artículo, recordando algunas intervenciones irregulares por parte del Ministerio.
Durante la sesión, Bielli recordó el caso de la cooperadora del Álvarez Thomas, que estuvo intervenida durante un año: "Fue intervenida en la pandemia por irregularidades de las que que tenía que hacerse cargo el GCBA. La tuvieron un año sin funcionamiento en plena pandemia y es una cooperadora que enseña que se puede gestionar mucho mejor", aseveró. La cooperadora del Álvarez Thomas, por ejemplo, gestiona un natatorio propio y un comedor en el que impulsan una alimentación saludable.
Este jueves también estaba previsto el tratamiento de un proyecto con el que el oficialismo busca autorizar la venta de cuatro predios, tres de ellos en el Casco Histórico, para financiar la mudanza del Centro de Salud y Acción Comunitaria N°15. En el debate en comisiones la oposición cuestionó las ventas y planteó que el traslado debe costearse con partidas propias del presupuesto. Finalmente el oficialismo decidió reservar el proyecto que quedó postergado para próximas sesiones.
