En una sesión amable, muy apropiada para el momento de los homenajes pero impropia al momento de tratar la extensión de la emergencia sociosanitaria en los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia, el Senado de Salta aprobó ayer dos proyectos de ley que buscan limitar las posibilidades de que las personas que han roto sus vínculos de pareja incumplan con sus deberes respecto de hijas e hijos. 

Por un lado, la Cámara Alta aprobó la creación del Registro de Obstructores de Lazos Familiares, de autoría del senador Emiliano Durand (Capital, del bloque oficialista Compromiso por Salta). En esta lista, que dependerá del Poder Judicial, deberán ser registrados el padre, madre o tutor que "gozando de la tenencia de alguno o algunos de los hijos menores y/o incapaces, y mediare régimen de visita establecido judicialmente o por convenio homologado por la misma vía, impidan tener contacto con su progenitor (padre o madre) no conviviente y/o por quienes tengan derecho de visita". 

"Lo que se busca con este proyecto es garantizar derechos de los niños" tras el rompimiento de una pareja o matrimonio, sostuvo el senador al momento de presentar su proyecto y pedir el acompañamiento de los otros senadores, todos varones en la sesión de ayer porque la única senadora, Sonia Magno, estuvo ausente. 

Durand explicó que este Registro es similar al de deudores alimentarios morosos, dijo que se hace para "garantizar el derecho del contacto" y recordó que ya está previsto en la Ley nacional 24270 y en el Código Civil. Añadió que quienes estén incluidos en este regimiento tendrán una serie de "sanciones": no podrán contratar con el estado u obtener créditos del estado, no podrán ser empleados del estado, no podrán postularse a cargos electivos. El proyecto, que también invita a empresas privadas a pedir esta información antes de contratar, pasó a la Cámara de Diputados en revisión. 

Deudores alimentarios 

Por otro lado, se le dio sanción definitiva al proyecto de ley en revisión, por el cual se incorpora el artículo 4° bis a la Ley 7.411, que impulsa que las personas incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios de la provincia de Salta, no puedan ser designadas como autoridad superior o en un cargo jerárquico en la administración pública centralizada o descentralizada, organismos autárquicos, empresas y sociedades del Estado, en el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Auditoría General de la provincia. La iniciativa es de la diputada Mónica Juárez. 

En este caso el informante fue el senador Javier Mónico (FdT, Rosario de la Frontera).  También empezó reivindicando el interés superior del niño. Y añadió que la razón de esta iniciativa es el incumplimiento de las obligaciones parentales, como el deber de proveer alimentos y la obligación de mantener los vínculos, que "atraviesan a la sociedad en su conjunto sin distinción de clases sociales", y provocan un "padecimiento" a los niños y niñas en primer lugar, pero "también a las personas que se encuentran en una situación de inferioridad en esta relación de familia, que se ven revictimizadas, afectadas en su autonomía, en sus derechos más esenciales". 

Dijo que por estas razones entendieron que "el estado debe ir un poco más allá e imponer sanciones a quienes incumplen con sus obligaciones". 

Mónico sostuvo que el proyecto impulsa que los incumplidores revisen su conducta. Por eso se restringen sus derechos. En cuanto a que no podrán ser designados como autoridad superior en cargo jerárquico en la administración pública en ninguno de los tres poderes ni en las sociedades del estado, el senador explicó que este aspecto se refiere a los posibles funcionarios públicos y no a los empleados. "Tiende a evitar que quienes representen al estado provincial ante la comunidad figuren en el registro de deudores alimentarios" afectando la honorabilidad en el cargo, afirmó.  

Mónico, que es abogado, agregó un dato de la experiencia: "Son muchísimas las maniobras, los artilugios que se llevan adelante para no cumplir con estas obligaciones" y que perjudican a niños y niñas. El proyecto, aprobado por unanimidad, pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.

El trámite de la emergencia sociosanitaria 

El Senado le dió también sanción definitiva al proyecto de ley, que había llegado en revisión, por el cual se prorroga por 180 días la declaración de estado de emergencia sociosanitaria en los departamentos General San Martín, Orán y Rivadavia. El instrumento pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Al senador Dani Nolasco (Compromiso por Salta) le tocó pedir el voto de sus compañeros de banca. Representa a La Poma, un departamento bastante distante de los tres del norte salteño donde se registran periódicamente muertes de niños y niñas, sobre todo indígenas, por desnutrición o causas vinculadas a ella. 

Quizás esa distancia geográfica hizo que el senador no sintiera necesidad alguna de poner más palabras sobre la tragedia de la muerte por hambre que no por repetida es menos grave. Nolasco solo dijo que "Pese a las acciones adoptadas" los sectores "de mayor vulnerabilidad de la población" de esos departamentos "padecen aún una situación sociosanitaria que amerita extender" la emergencia. Sus compañeros lo escucharon en silencio, y pasó a votación, sin más palabras. 

Fiscal para ciberdelincuencia 

En sesión especial el Senado aprobó el pliego de la abogada Sofía Cornejo Solá para ocupar el cargo de fiscal penal especializada en ciberdelincuencia. El pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, venía con dictamen de la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones.

Por otro lado, antes de la sesión propiamente dicha, los senadores hicieron un  reconocimiento al artista cafayateño Hugo Guantay, y al teniente general Eustoquio Frías, a los coroneles Luis Borja Díaz y Manuel Ubaldo de Lea y Plaza y al teniente coronel José Remigio de Lea y Plaza, por sus "extraordinarios servicios prestados a la Patria desde el inicio y hasta el final de la Guerra de la Independencia y durante la sacrificada Guerra Gaucha, comandada por el Gral. D. Martin Miguel de Güemes".