La aceleración de la inflación, amenazando con alcanzar tasas de tres dígitos en los aumentos de precios, va generando el consenso de la necesidad de un plan de estabilización. Hasta los economistas heterodoxos y políticos populares, renuentes a este tipo de programas, ven que el desgaste social que genera la inflación requiere una intervención urgente. Hacer la plancha en un escenario como el actual puede terminar desgastando al gobierno del Frente de Todos y abrir la puerta a una reacción de derecha que despliegue un programa ultraliberal que incluya la renuncia a la soberanía monetaria, en nombre del combate a la inflación. Por el momento, la respuesta del ministro Massa y su plan de congelamiento de precios de algunos rubros de consumo masivo, no alcanza la envergadura de un plan de estabilización y sólo puede servir, con suerte, para moderar la tasa de aumento de los precios un par de meses.

Uno de los rechazos más firmes a los planes de estabilización está asociado al “costo social” de dichos programas. En la literatura ortodoxa que domina los ámbitos académicos se señala que hay una disyuntiva entre nivel de actividad y empleo, y el de inflación. De ahí que la estabilización de los precios puede requerir un sacrificio económico en términos de parate de la producción y del empleo. Sin embargo, al salir del ámbito académico hacia la experiencia histórica de los planes de estabilización se ve que eso no es del todo cierto.

Por lo general, los programas de estabilización que tienen altos costos sociales no son programas reales de estabilización de precios, sino lo contrario. Bajo ese nombre se escondieron históricamente políticas de ajuste del ingreso real con subas de tarifas y del dólar que, lejos de moderar los aumentos de precios, los aceleraron. Ejemplos históricos van desde el “Rodrigazo” que sepultó los restos del gobierno de Isabel Perón hasta el último intento de emisión cero y dólar libre que coronó el acuerdo de Mauricio Macri con el FMI. En contraste, las experiencias relativamente exitosas (al menos en el primer año de implementación en que se pudieron sostener) de estabilización de precios como ser el pacto social de Gelbard al asumir el tío Cámpora, el plan Austral de Sorrouille durante el gobierno de Alfonsín o la convertibilidad de Cavallo en el primer mandato de Menem, no tuvieron efectos contractivos al implementarse sino, más bien, lo contrario.

Una aceleración repentina de la inflación reduce el poder adquisitivo de los ingresos fijos (como sueldos y jubilaciones) que no logran actualizarse a la velocidad que lo hacen los precios. De manera opuesta, la baja repentina de la inflación que acompaña un plan de estabilización exitoso suele ir acompañada de una mejora del poder adquisitivo de los ingresos de suma fija por el mero hecho de eliminar la erosión que produce el alza de los precios entre actualización y actualización de los ingresos. Mucho más cuando parte de esos ingresos, como el caso de jubilaciones y asignaciones, se actualizan por la evolución salarial y recaudación que dependen de la inflación del año anterior, hecho que permitiría fuertes aumentos reales frente aun freno repentino de los precios.

@AndresAsiain