El fiscal Raúl Pleé le pidió a la Cámara Federal de Casación Penal que deje sin efecto el sobreseimiento a Mauricio Macri y a los integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por el espionaje sobre las familias del submarino ARA San Juan, que habían dictado en julio pasado Mariano Llorens. Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.

La Sala II de Casación tiene en sus manos el futuro de Macri en la causa por la vigilancia ilegal que la AFI hizo sobre las familias que buscaban saber qué había pasado con el submarino de la Armada Argentina que desapareció el 15 de noviembre de 2017. El expresidente pretende una rápida y favorable resolución en aras de acallar los reclamos que aparecen cada tanto al interior de la alianza de Juntos por el Cambio por el uso de los servicios de inteligencia sobre propios y extraños.

En las últimas horas, Pleé se presentó ante los jueces Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma para sostener la apelación que había presentado el fiscal José Luis Agüero Iturbe. El eje del escrito fue descalificar el fallo de la Cámara Federal porteña, que había dicho que espionaje hubo pero que fue legal porque estaba en riesgo la seguridad del presidente.

Los argumentos centrales del fiscal Pleé

  • En la investigación se acreditó que hubo seguimientos a los familiares del ARA San Juan –incluso en misas– que no pueden ser considerados como acciones destinadas a preservar la seguridad;

  • “No ha logrado acreditarse que estuviéramos frente a tareas tendientes a neutralizar cualquier riesgo de seguridad, como podrían ser las movilizaciones frente a las visitas presidenciales, ni menos aun que fueran observaciones de campo superficiales frente a manifestaciones en las inmediaciones de la Base Naval y de la Prefectura Naval, pues no se han señalado motivos que permitan tener por cierto que existía un serio riesgo a la seguridad del edificio de jurisdicción de una fuerza de seguridad”, escribió.

  • Se vulneraron los “derechos de intimidad y privacidad de un grupo de personas que tan solo se encontraban reunidas para pedir el descubrimiento de la verdad en los hechos que tuvieron como víctimas a familiares directos o allegados” sin que la Cámara logre explicar cuál sería el peligro que representaban esas personas.

El fiscal tildó de prematura la resolución y dijo que tenía una fundamentación aparente. Además, señaló que la Cámara Federal porteña –en su premura por sacar una resolución favorable a Macri– olvidó que en esta causa están en juego los derechos de las víctimas. Llorens, Bertuzzi y Bruglia jamás escucharon a quienes sufrieron primero la pérdida de sus seres queridos y después la vigilancia de los organismos de inteligencia.

"Humanizó la causa"

“Nos ha sorprendido gratamente que el fiscal Pleé no haya caído en tecnicismos formales, sino que humanizó la causa", evaluó la abogada querellante Valeria Carreras. "Por primera vez se han sopesado los hechos perpetrados contra las victimas, justamente ubicándolas en ese rol. Coincidimos en mucho con los dichos del fiscal porque somos conscientes absolutamente de que se trató de espionaje ilegal y porque no han sido ni podrían ser jamás mis representadas 'un peligro para la seguridad presidencial y/o seguridad interior'", completó.

Uno de los hombres fuertes de Comodoro Py, Pleé no puede ser considerado un fiscal antipático para el macrismo. De hecho, cuando el portal El Destape reveló que había ingresado a la Quinta de Olivos para ver a Macri, él explicó que el entonces presidente le pidió que no dejara su cargo como fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal. Durante el macrismo, el nombre de Pleé sonaba con fuerza para ocupar la Procuración General después de que Alejandra Gils Carbó fuera forzada a renunciar.

El reclamo del CELS

Si bien la Sala II aún no comenzó a revisar el sobreseimiento, viene dando gestos que son favorables a los intereses de Macri. Este lunes rechazó al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que se había presentado como amicus curiae en el expediente para decir que el fallo del trío Llorens-Bertuzzi-Bruglia les daba carta blanca a los servicios y convertía en letra muerta a la Ley de Inteligencia. El organismo presentó un recurso para que Mahiques y Yacobucci reconsideren su negativa y en menos de 24 horas se conoció el rechazo de Mahiques y Yacobucci. Todo ocurrió sin correrle vista siquiera a las partes. La jueza Ledesma volvió a pronunciarse en contra.

El argumento de la Sala II para no permitirle opinar al CELS en el caso es que no tiene reconocida competencia en la materia. Dice que no alcanza que en el artículo 2 de su estatuto establezca que le dará asistencia a "víctimas de violaciones de derechos fundamentales". Para Casación, debería decir que puede intervenir en causas donde se viola la Ley de Inteligencia. Un rigor formal que ni siquiera tuvo la Casación para admitir en su seno jueces que no habían concursado para el fuero, recordó en su presentación el organismo en un dardo destinado hacia el presidente de la Sala II.

"No hay dudas, entonces, de que en un caso como el presente, en el que se discute la licitud de la conducta de funcionarios estatales que desarrollaron actividades de inteligencia con directa incidencia en los derechos a la reunión, la asociación, la privacidad, libertad de expresión y de protesta de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan la intervención como amicus curiae solicitada encuentra sustento en dicha cláusula del estatuto del CELS", apuntaron desde la organización.

El CELS le recordó a Casación que ya atravesó una situación similar cuando la Cámara Civil le quiso vedar la participación en un caso en el que se discutían las patentes de medicamentos, pero que la propia Corte terminó convalidando su intervención.  

Con la postura actual de la mayoría de los integrantes de la Sala II, se deja fuera del debate a un actor social relevante en un tema con trascendencia institucional, como es la actividad de los servicios de inteligencia sobre quienes peticionan a las autoridades. Para sus señorías, el tema es una cuestión palaciega.

La causa

La investigación sobre el espionaje a las familias del ARA San Juan se inició en septiembre de 2020 con una denuncia que presentó la entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño. El 1 de diciembre, el juez Martín Bava --que subroga en Dolores-- procesó a Macri por entender que posibilitó la vigilancia a los parientes y la usufructuó.

En el expediente, Bava ya había dictado el procesamiento de los exjerarcas de la AFI macrista Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, del exdirector de Reunión Eduardo Winkler, de los exdirectores operacionales de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste así como el de Nicolás Iuspa Benítez, jefe de la base Mar del Plata de la AFI. Cinco agentes de esa dependencia --desde donde se espió a las familias-- también resultaron procesados-

A los pocos días de procesar a Macri, la Cámara Federal de Casación le sacó a Bava las causas de espionaje, que pasaron a tramitar a los tribunales de Comodoro Py, como siempre había reclamado el macrismo.