“Si un fiscal acusa en base a una prueba y la defensa refuta esa prueba, dice que es falsa, un fiscal tiene la obligación de contestar. Es un deber de objetividad. En el caso de las rutas de Santa Cruz, los doctores Diego Luciani y Sergio Mola confesaron que no tienen respuesta”. El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Alberto Beraldi, redondeó así el análisis sobre la decisión de Luciani y Mola de no replicar. Pero lo que ilustra la falta de respuesta es que, por ejemplo, los fiscales dijeron que 17 obras no estaban en los presupuestos nacionales y las defensas mostraron las planillas en las que sí figuraban. Los fiscales afirmaron que a Lázaro Báez se le pagaron 537 millones de pesos al final del mandato de Cristina y se evidenció que no se pagó nada. Luciani y Mola acusaron a Lázaro Báez de que cobró y no tapó los cráteres que produjo la extracción de piedras para las rutas y el defensor del constructor mostró en Google Maps que los cráteres estaban cubiertos y con nueva vegetación. ¿Por qué no replicaron los fiscales? Primero, porque no tenían respuesta a esas pruebas concretas. Pero, además, porque eso le daba derecho luego a las defensas de volver a contestarles. Prefirieron una retirada, plantaron bandera blanca.

Qué deben hacer los fiscales

El concepto de Beraldi es que los fiscales no deberían jugar un juego táctico sino buscar la verdad. En eso consiste el deber de objetividad. Así lo definió en diálogo con este diario. “No está por escrito, pero es el concepto. No es un querellante privado, sino un funcionario del Estado”, precisó el letrado ante Página/12.

Traducido en un ejemplo comprensible, si un fiscal afirma que José compró un arma en tal armería y la defensa exhibe el testimonio del armero negando esa compra, el fiscal tiene que contestar porque su deber es buscar la verdad. Que Luciani y Mola no hayan contestado evidencia que no tenían respuesta y que quisieron evitar otra batalla perdida. Todo lo que no respondieron.


"Las obras no estaban en los presupuestos"

Esa fue la afirmación de los fiscales respecto de 17 obras de los años 2013, 2014 y 2015. Luciani y Mola argumentaron que hubo un verdadero apagón informativo a los diputados y senadores. “Esas obras no contaban con partida alguna votada por el Congreso Nacional”, sostuvo Luciani.

Beraldi y Llernovoy, los abogados de Cristina, señalaron que las obras constaban en el llamado Inciso 5 y en las Obras por convenio con provincias, que figuró en los presupuestos, no sólo durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner sino incluso durante el macrismo. Y la partida también fue puesta por JxC en los proyectos alternativos de presupuesto que presentaron, por ejemplo, en 2010. “No sólo eso -señaló Berladi en su alegato-, figuraban las mismas obras por los mismos valores”, redondeó el letrado. Lo que ocurrió es que en algunos casos cambió levemente la denominación y a veces el Congreso le pone un número de partida diferente.

O sea, los fiscales dijeron que las obras no estaban en los presupuestos, las defensas probaron que sí estaban y los fiscales no respondieron.

El supuesto plan limpiar todo

Luciani-Mola alegaron que en noviembre y diciembre de 2015, cuando CFK estaba por dejar la Casa Rosada, dispuso aumentar las partidas para Vialidad de Santa Cruz, se le pagaron a Lázaro Báez 537 millones de pesos y, con esa movida, las empresas del santacruceño fueron las únicas constructoras que al final del gobierno de Cristina habían cobrado todo. La cuestión, además, se pactó en una reunión entre Báez y Cristina el 30 de noviembre en Río Gallegos.

La defensa de CFK probó que tal reunión no existió y que la entonces mandataria estaba en Rio Negro, no en Gallegos. Pero ese sería un detalle menor. Lo sustancial es que la partida para Vialidad de Santa Cruz no se aumentó sino que se bajó y que a Báez no se le pagó absolutamente nada. Luego, la defensa del constructor demostró que a las empresas de Báez se le debían 240 millones de pesos al final del mandato de CFK, fondos que aun reclama.

Nuevamente, los fiscales hicieron una acusación de trato preferencial para el constructor santacruceño; las defensas lo refutaron y Luciani y Mola no dijeron nada de nada.

La polémica sobre los peritos

Una de las cuestiones sustanciales del juicio fue la declaración de los peritos ingenieros oficiales, Eloy Bona y Roberto Panizza. Tras sus respectivas exposiciones, las defensas hicieron un detallado análisis en el que señalaron notorios errores. Algunos muy evidentes, como que cotizaron el cemento más caro como si fuera el más barato, o que compararon rutas que se construyeron con otras en las que se sólo se hizo reparación y mantenimiento.

Pese a estas refutaciones, los fiscales optaron por el silencio: no replicaron nada.


"Lázaro Báez compró a las empresas competidoras mediante extorsiones"

Fue una de las afirmaciones de Luciani-Mola. La defensa de Báez, a cargo de Juan Villanueva, convocó a quienes fueron titulares de las empresas compradas. Todos dijeron, bajo juramento, que ocurrió todo lo contrario: que no querían ya seguir con las empresas porque había fallecido el familiar que manejaba la constructora o que se había retirado. Ni uno solo convalidó la cuestión de la extorsión.

Los fiscales tampoco contestaron a esto.


"Los trabajos de remediación de canteras se cobraron y no se hicieron"

Esta acusación de Luciani y Mola fue respondida por la defensa de Báez. El abogado Villanueva exhibió con fotos y con acercamientos de Google Maps el estado de esos cráteres que habían quedado al sacar la piedra que sirvió de base para luego colocar el asfalto de las rutas. El letrado demostró que los trabajos se hicieron y que los cráteres estaban rellenados.

Tampoco a esto respondieron los fiscales. O, mejor dicho, cuestionaron que Villanueva haya conseguido las fotos mediante un pedido de acceso a la información dirigido a Vialidad Nacional. Los fiscales sostuvieron que ese pedido no tuvo el visto bueno del Tribunal Oral. Villanueva contestaró ese cuestionamiento el viernes pasado. “Los fiscales renuncian a la verdad -afirmó--. Se quieren quedar en el rigor formal para eludir la verdad. ¿Nosotros mentimos? Los fiscales podrían haber mandado a un empleado de la fiscalía a sacar fotos. Pero renunciaron a la verdad. No replicaron a las fotos satelitales de Google Maps porque no hay forma de replicar. Hay que decir que tan sólidos fueron los argumentos de todas las defensas, que los fiscales eligieron autopreservarse y no decir nada de los inmensos agujeros que dejó la acusación. En todo su alegato recurrieron a falsedades, faltaron a la verdad, y ahora recurren al silencio y a maniobras formales como este planteo”.

Como se ve, se trata de puntos introducidos por los fiscales en sus alegatos y que las defensas refutaron con pruebas novedosas. La concepción de Beraldi es que los fiscales no podían optar por una jugarreta táctica: están obligados a buscar la verdad. Y por lo tanto debían responder. No lo hicieron porque los dejaron totalmente en offside.