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La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió, el viernes pasado en el acto por el Día de la Militancia, en el Estadio Único de La Plata, que la década de la pospandemia “viene fulera, muy fulera”. Es un reconocimiento oportuno puesto que la mayoría de los analistas realiza evaluaciones del horizonte económico y político sin incorporar los costos y consecuencias provocados por la covid-19.
Mencionó que los próximos años vienen con “graves problemas geopolíticos, con disputas por encima de nuestras posibilidades”. Luego reclamó fortaleza interna para defender los recursos naturales, el litio, el hidrógeno, Vaca Muerta, el agua. Para, finalmente, señalar que “necesitamos una dirigencia política comprometida con los problemas que tiene el mundo”.
Uno de esos problemas globales, agudizado en los últimos años de pandemia, es el retroceso de los trabajadores en la distribución del ingreso, en el poder adquisitivo de los salarios y en los derechos de protección laboral. En el caso argentino, las dos primeras cuestiones son, por ahora, las dominantes.
Por ello, la protección de los trabajadores y el nivel de los salarios es uno de los nudos centrales del debate al interior del Frente de Todos, y de las diferencias entre la coalición oficialista y la oposición de la alianza macrista-radical y la ultraderecha libertaria.
El tercer aspecto del deterioro de las condiciones laborales suprimiendo derechos es lo que quiere imponer la derecha política en caso de retornar a la Casa Rosada en las elecciones presidenciales del 2023. Sería uno de esos escenarios “fuleros”.
Golpe al salario
El salario real de los trabajadores retrocedió en promedio 20 por ciento en los cuatro años del gobierno de Macri, y en el actual sumó otros 7 puntos, en especial en este año con la aceleración de la tasa de inflación y las paritarias corriendo detrás de los aumentos de precios.
En este promedio, el salario del trabajador del sector privado registrado está empatando a la inflación en estos tres años, mientras que los del sector público e informal han perdido. Esto significa que no ha habido recuperación del golpe al salario real aplicado en los cuatro años de gestión Cambiemos.
Un reciente informe del CEPA precisa que en estos años se observa un proceso de fuerte recuperación pospandemia, con datos de expansión de la actividad económica, del uso de la capacidad instalada y de creación de puestos de trabajo del sector privado, pero sin recuperación salarial de lo perdido entre 2015 y 2019.
Destaca que este fenómeno resulta relativamente novedoso porque durante el menemismo y el macrismo, empleos y salarios cayeron al mismo tiempo y, en sentido inverso, durante el kirchnerismo cuando subió el empleo, también subieron los ingresos. Es decir, en otros momentos se han movido a la par. No es lo que ha sucedido en estos años del gobierno de Alberto Fernández.
Indica que el presente contexto se ve agravado por una fuerte fragmentación del mercado de trabajo en su conjunto y al interior de los registrados. Precisa que la caída del salario entre enero de 2015 y junio de 2022 fue de 16,3 por ciento para trabajadoras/es registrados y de 33,1 por ciento en trabajadoras/es no registrados. Al tiempo que se verifica una heterogeneidad salarial intrarregistrados.
Mercado laboral heterogéneo
La evolución de la media y mediana salarial en términos reales de trabajadores/as registrados privados entre enero de 2014 y julio de 2019 se comporta de manera uniforme. Pero desde ese momento y hasta la actualidad se observa un incremento de la brecha donde la media se reduce en términos reales 2,8 por ciento y la mediana lo hace 6,0 por ciento.
Con este cuadro laboral, los economistas del CEPA dicen que resulta evidente la necesidad de reducir el ritmo inflacionario pero, además, por el lado de los ingresos sobresalen dos iniciativas como mecanismos para mejorar el salario de las/los trabajadoras/es:
- Impulsar un bono o transferencia de ingresos para atender la problemática de la heterogeneidad salarial entre registrados y no registrados.
- Implementar una suma fija que se incorpore al salario de las y los trabajadores/as registrados, con la finalidad de enfrentar la heterogeneidad salarial intrarregistrados.
El castigo a los trabajadores es global
Un grupo importante de dirigentes sindicales de la CGT resiste estas iniciativas, ya sea porque las impulsa el kirchnerismo, porque piensan que así pierden capacidad de negociación en las paritarias o, simplemente, porque de tanto escuchar a economistas neoliberales no están convencidos de la necesidad de la intervención del Estado para compensar en parte la desigualdad que crea el mercado.
Este tipo de comportamiento de un actor social relevante exhibe justamente desconocimiento o desinterés sobre la situación sociolaboral, en el mejor de los casos, o connivencia con el sector del capital acerca de las perspectivas del mercado de trabajo.
Una reciente encuesta mundial realizada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) muestra las demandas de los trabajadores en el contexto de la pospandemia. Los resultados están basados en consultas que abarcan la población adulta de Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Corea del Sur, Egipto, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Japón, México, Reino Unido y Sudáfrica.
El estudio de campo se llevó a cabo del 22 de junio al 6 de julio de 2022 cubriendo 17 países de diversos continentes, representando a 2200 millones de personas mayores de 18 años.
Diagnóstico demoledor
En la presentación de los resultados de la encuesta mundial, la Conferencia Sindical Internacional apunta que las desigualdades e injusticias del sistema económico, con sus enormes déficits en cuanto a la regulación corporativa y financiera, “han quedado brutalmente expuestas y se han profundizado masivamente con la pandemia”.
En el mismo sentido del llamado de atención de CFK a militantes y políticos en clave nacional, la organización mundial de sindicatos critica que las deficientes respuestas de los gobiernos a la actual pandemia están generando más precariedad, desigualdad y una profunda crisis de salud pública.
La Encuesta Mundial 2022 de la CSI ofrece una visión descarnada de un mundo precario al borde de la recesión, para señalar que “los propios pilares de la democracia y la economía mundial se han hecho añicos” y observar que los gobiernos, acorralados por la codicia corporativa, “no han actuado en interés de los trabajadores y las trabajadoras”.
Advierte que los derechos de los trabajadores están en peligro, la violencia y el acoso en el trabajo van en aumento y la población tiene miedo de denunciar la mala praxis empresarial. Indica que los motores del progreso social y económico se han estancado, los salarios no siguen el ritmo del costo de la vida, hay una crisis mundial de empleo y “un arraigado pesimismo que duda mucho que la próxima generación encuentre trabajo”.
La encuesta revela que en uno de cada dos hogares se ha perdido algún empleo y horas de trabajo. “La población vive en un sistema económico que favorece los intereses de los ricos y los poderosos -y que funciona fatal-, mientras los servicios públicos básicos, como la sanidad, están al límite”, apunta el informe.
Plantea que los objetivos de un progreso social y económico inclusivo, con una prosperidad compartida y un futuro sostenible, parecen estar fuera del alcance de muchas personas. Para proponer un nuevo contrato social que esté basado en seis reivindicaciones: empleo, derechos, salarios, protección social, igualdad e inclusión.
Qué piensan los trabajadores
La Encuesta Mundial 2022 de la CSI ofrece indicadores de la actual fragilidad social y medioambiental: a dos tercios (66 por ciento) de las personas les preocupa el cambio climático. Las siguientes conclusiones dejan en claro la urgente necesidad de reparar y establecer un plan de acción para que gobiernos y empresas puedan proporcionar un nuevo contrato social.
Los principales reclamos e inquietudes de las y los trabajadoras/es son los siguientes:
- Crisis global de empleo: en los últimos dos años en el 43 por ciento de las familias se ha perdido algún empleo u horas de trabajo. Dos tercios (66 por ciento) de las personas están preocupadas por la pérdida de empleo.
- Uno de los motores del progreso económico y social se ha paralizado y ha disminuido la esperanza de que a la próxima generación le vaya mejor. El 38 por ciento de las personas cree que es poco probable que la próxima generación encuentre un trabajo decente.
- Los ciudadanos quieren un plan nacional oficial de empleo: el 69 por ciento quiere que su gobierno se esfuerce más para crear puestos de trabajo invirtiendo en la economía del cuidado.
- En todo el mundo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras están en peligro: al 55 por ciento de las personas le preocupa el debilitamiento de la legislación laboral y al 47 por ciento, las restricciones al derecho de protesta.
- Proponen terminan con el modelo de las abusivas cadenas de suministro globales: el 81 por ciento está a favor de las leyes nacionales e internacionales que obligan a las empresas a rendir cuentas por los abusos contra el medio ambiente y las violaciones de los derechos laborales que se cometen en sus cadenas de suministro.
- Dos de cada tres personas (67 por ciento) creen que los sindicatos tienen un papel importante que desempeñar en la sociedad.
- Existe una crisis generalizada por el alza del costo de la vida: uno de cada dos hogares (51 por ciento) afirma que sus ingresos se están quedando por detrás de la inflación (frente al 43 por ciento en 2020). El 76 por ciento señala que sus ingresos están estancados o se han quedado atrás. Uno de cada diez no dispone de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
- El 72 por ciento de las personas no cree que el salario mínimo sea suficiente para llevar una vida digna, y esta opinión abunda más entre las mujeres que entre los hombres.
- Existe acuerdo acerca de terminar con la avaricia corporativa e impedir que las empresas se aprovechen. Así piensa el 72 por ciento que afirma que el gobierno es responsable de garantizar que la ciudadanía tenga un costo de la vida razonable.
- El 68 por ciento de las personas quiere que su gobierno trabaje para conseguir incrementos salariales para los trabajadores y las trabajadoras.
- Los ciudadanos quieren el acceso a una sanidad pública gratuita y de calidad: al 67 por ciento de las personas les preocupa la capacidad del sistema sanitario para hacer frente a los desafíos actuales.
- * La economía mundial es injusta con los trabajadores y las trabajadoras: más de dos tercios de las personas (69 por ciento) cree que el sistema económico favorece a los ricos, el 64 por ciento cree que el sistema económico de su país es malo, frente al 52 por ciento que se registró en la Encuesta Mundial de 2020.
Un nuevo contrato social
CFK propone renovar el acuerdo básico democrático entre las fuerzas políticas, siendo uno de los capítulos el problema de una economía bimonetaria y la mejora en la distribución del ingreso en la sociedad.
La encuesta global a trabajadores muestra que aquí como en otros países existe una amplia base social para enfrentar los desafíos económicos y laborales inmediatos, enfrentando los privilegios de las corporaciones y las fuerzas políticas que defienden esos intereses.
Sharan Burrow, secretaria general de la CSI, propone entonces, a partir de los resultados de la encuesta mundial entre trabajadores, que “urge más que nunca disponer de un nuevo contrato social para que la economía esté al servicio de la humanidad y para salvar a las personas y al planeta de las amenazas de destrucción”.
Para concluir que sólo con el poder de los trabajadores organizados se podrá lograr este nuevo contrato social para sentar “las bases para la democracia, la igualdad, una prosperidad compartida y la resiliencia necesaria para superar los retos a los que se enfrenta la población en todo el mundo”.
