Producción: Natalí Risso

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Recomponer ingresos

Por María Florencia Ojea (*)

El reciente dato publicado de inflación, 6,3 por ciento correspondiente al mes de octubre, vuelve a reforzar un imperativo existente y unánime al interior del oficialismo: la necesidad de recomponer los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. Pero el consenso se acaba a la hora de pensar en las herramientas idóneas para esa recuperación salarial. Los principales jugadores que salieron a la cancha son bono, suma fija y reapertura paritaria.

Frente a la idea de pagar un bono por única vez, irrumpió en escena la posibilidad de implementar una suma fija que se incorpore al salario -y por ende a la paritaria- y permita ganar poder de compra frente a una escalada de precios que, por ahora, parece no dar tregua. Pero con prisa y sin demasiada pausa, aparecieron las primeras tarjetas rojas: un sector empresario que no lo quiere pagar, una parte del sector sindical que no lo puede pagar… y un gobierno que les hace caso.

Dentro del outlet de argumentos, se resalta el temor a que la suba de salarios espiralice la inflación (más costos para las empresas que se trasladarían a precios), la imposibilidad de muchos para afrontar esta suma fija, y la intromisión en el mecanismo de negociación paritaria. Veamos primero algunos puntos.

El mecanismo de la suma fija es efectivamente un instrumento que permite recuperar poder adquisitivo. ¿Cómo y cuánto? Según los cálculos, se debería pagar un monto de 25.000 pesos para poder recuperar alrededor de 15 puntos perdidos en los últimos años, teniendo en cuenta los dos o tres puntos que quedaron en el camino desde fines de 2019 y lo que se perdió con el macrismo. Para regresar al promedio del poder adquisitivo de los salarios de 2015, se debería instrumentar una suma fija de 46.500 pesos, todos los meses, para igualarlo. Dicho de otro modo, habría que cobrar 50.000 pesos más por mes para tener el poder de compra del 2015.

En segundo lugar, es una medida que ya se implementó con éxito a fines de 2019, cuando Alberto Fernández firmó un decreto para que el sector privado pagara 3000 pesos en enero y 4000 pesos desde febrero. En ese entonces, y con la economía heredada del macrismo, los trabajadores registrados privados recuperaron un 8 por ciento del poder adquisitivo, que luego se fue diluyendo con la pandemia. Hoy, con un crecimiento del PIB del 10 por ciento en 2021 y casi 5 por ciento que se prevé para este año, el escenario debería habilitar una suma superior.

Además, hay un punto central, pero poco mencionado. Los salarios pueden ganarle a la inflación y aún así perder contra la productividad. Esto último está vinculado a la distribución o al reparto del producto generado. Desde la postpandemia los balances de las principales empresas muestran rentabilidades extraordinarias, pero con un impacto que no se siente en los bolsillos. Así, en la actualidad, los salarios pierden con la inflación y pierden con la productividad, y la suma fija puede contribuir en ambos sentidos. Al ser un monto de dinero nominal que se incorpora a todos los salarios, tiene un efecto progresivo: un impacto proporcional más fuerte en los salarios más bajos. Con la incorporación de este monto extra, se eleva un escalón el piso salarial de manera permanente.

En cuarto lugar, es un instrumento que complementa la negociación paritaria, pero de ninguna forma la suplanta. Es una realidad que es difícil ganarle a la inflación incluso en las mejores negociaciones sectoriales, por eso la lucha sindical no se ve amenazada sino reforzada por la suma fija.

Ahora bien, por su parte, el argumento sobre la posible espiralización de precios descansa, sin evidencia, sobre el concepto liberal de inflación salarial, entendidos éstos como costos, y desconoce la problemática de la distribución. Un ejemplo para desmontar la inflación por costos: entre enero y octubre la inflación sumó 76,6 por ciento, mientras que el dólar oficial se incrementó 52,7 por ciento, el CCL lo hizo 52,1 por ciento, las tarifas en 66,3 por ciento, las naftas, 52,9 por ciento y los salarios en 71,0 por ciento. Los costos de producción, aparentemente, no son los que están explicando la remarcación actual de precios. Desde ya, resulta evidente que ninguna herramienta de recuperación de ingresos permite por sí sola solucionar la realidad salarial (más en mercados laborales heterogéneos), y tiene que ir acompañada de una política de precios. Es sabido, la dupla política de ingresos-política de precios funciona mejor que cualquier delantera.

Por otra parte, como toda medida, claro que existen dificultades en su implementación: hay municipios con dificultades para afrontar el pago de una suma fija (y de hecho distintos gobiernos locales no lo han hecho en oportunidad del 2020) y es un mecanismo que no contempla, por ejemplo, a los trabajadores/as no registrados o monotributistas. Pero es importante no poner el carro delante del caballo y que estas argumentaciones no terminen equiparando la discusión hacia abajo. Para eso ya tenemos el sueldo. Suena más razonable pensar en mecanismos para acompañar a aquellos municipios y/o pymes, y herramientas específicas para trabajadores del sector informal.

Finalmente, la discusión no es sólo bono o suma fija. Al triángulo poliamoroso se ha sumado la posibilidad de subir directamente el salario mínimo, vital y móvil (SMVyM), un escenario ideal, pero de difícil aplicación en el contexto actual. Históricamente el SMVyM ha sido pensado para presionar al alza sobre los convenios colectivos, pero hoy han quedado tan rezagados de los pisos de los convenios que para que permita recuperar poder adquisitivo de manera notoria, debería incrementarse no menos del 70 por ciento. Algo difícil de concretar, por un lado, por la resistencia del sector empresarial, pero por otra razón que hay que prestar mucha atención: los planes sociales hoy se encuentran atados al SMMyM, y esto hace que un incremento del mismo corra la discusión del plano del salario de los trabajadores y lo convierta en un problema fiscal. Este es un debate aún pendiente en Argentina.

En conclusión, uno de los problemas centrales que estamos viviendo en Argentina en el último año tiene que ver con el retraso salarial y la necesidad de recomponer los ingresos de los trabajadores en contextos en donde la inflación erosiona cada vez más el poder de compra. Bono, suma o salario mínimo, la clave está en comprender que no hay herramientas mágicas ni monolíticas, sino políticas articuladas, de ingresos y de precios que puedan mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, en toda su fragmentación y heterogeneidad, y que puedan mejorar también su participación en la productividad. Discutir crecimiento y discutir distribución no son debates aislados. Para discutir salario, hay que necesariamente discutir reparto. Dicho esto, conviene dentro de ese abanico no realizar aún la autopsia a la suma fija, porque es la única que a priori permite recuperar, hacia atrás, parte de lo perdido e intervenir, hacia adelante, en las discusiones futuras. Dicho de otro modo, es fija que suma. Y sumar en tiempos de crisis no es poco.

(*) Analista Económica CEPA.

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Otorgar una suma fija

Por Lucas Gobbo y Sergio Chouza (**)

La inflación de octubre reflejó la imposibilidad del Gobierno en encontrar una solución a este problema. Mientras que la variación mensual del índice de precios al consumidor (IPC) fue del 6,3 por ciento, ya acumula un alza de 76,6 por ciento en los primeros 10 meses del año. A su vez, los precios se incrementaron un 88 por ciento respecto a octubre pasado y un 263 por ciento en relación a diciembre de 2019 (con algunos rubros que se incrementaron muy por encima, como “Prendas de vestir y calzados” que ya acumula un alza del 435 por ciento). Una elevada nominalidad como la actual tiene efectos negativos en la economía real, que, si bien hoy logra mantener un elevado nivel de crecimiento (en agosto el EMAE arrojó un 6,4 por ciento de crecimiento respecto al año pasado), perjudica la capacidad de compra de los distintos sectores, afectando en mayor medida a los informales que ya perdieron más de un 14 por ciento desde diciembre de 2019.

En estos años se aplicaron distintas políticas para buscar minimizar el impacto de la inflación en los sectores informales. La Tarjeta Alimentar (hoy Programa Alimentar); los tres pagos del IFE en pleno pico de la pandemia por COVID-19 en el año 2020; y el refuerzo de ingresos anunciado en octubre para trabajadores/as informales, entre otros. Sin embargo, la mayoría de estas políticas revisten de un carácter coyuntural, y aquellas que tienen continuidad no terminan de resolver la problemática de los ingresos. Esto ocurre, principalmente, porque la mejor solución es que puedan incrementarse los ingresos que obtienen producto de su trabajo.

Esta misma situación aplica para el sector formal. Desde diciembre de 2019 a septiembre de este año los trabajadores formales perdieron más de 2,2 por ciento según los datos del SIPA (RIPTE), y un 1,2 por ciento según el Índice de Salarios del Indec. Obviamente que esta pérdida es menor a la de los sectores informales, pero no se debe olvidar que quienes tienen trabajo formal ya habían perdido un 21,3 por ciento de poder adquisitivo durante el gobierno anterior. Y este sector también recibió una importante ayuda por parte del Gobierno. Sumado al ya conocido ATP que se brindó en el 2020 y a los REPRO II (continuidad del ATP para aquellas actividades que se vieron más afectadas por la pandemia), el Gobierno también otorgó complementos y aumentos por sobre la movilidad a las asignaciones familiares (que hoy se ubican en torno a los 20.000 pesos para el rango 1) de los trabajadores formales de menores ingresos. Sin embargo, estas medidas tampoco son suficientes y cargan sobre la espalda del Estado una problemática que debe ser resuelta desde el mismo lugar que se origina: la concentración de riqueza producto de los elevados (y dolarizados) márgenes de ganancia.

Al segundo trimestre de este año, los salarios de los trabajadores solo representan un 33 por ciento del valor agregado producido del sector privado, 8 puntos porcentuales menos que 5 años atrás. Dicho de otra manera, los y las trabajadoras solo se quedan por su trabajo con un tercio de lo producido, aun cuando la economía repuntó y la productividad también se incrementó. En la industria, la participación cayó 15p.p. en el mismo período y hoy es de apenas el 31,4 por ciento. Esto demuestra que los trabajadores cada vez tienen una porción más chica de la torta y que las paritarias no están alcanzando para superar el aumento generalizado de precios. Al primer semestre de 2022, el 26,5 por ciento de personas ocupadas se encontraban bajo la línea de pobreza, y, las últimas cifras muestran que el costo de vida (medido en términos de la Canasta Básica Total) se está incrementando a mayor ritmo incluso que la inflación. En octubre, la CBT se incrementó un 9 por ciento respecto del mes anterior y ya acumula un aumento interanual del 93,1 por ciento. Es por ello que se deben tomar medidas que beneficien al conjunto de los trabajadores, empezando por aquellos que menos tienen.

En enero y febrero de 2020 el actual Gobierno nacional implementó un aumento por suma fija para los trabajadores del sector privado de 4000 pesos. Esta medida significó el mayor aumento en la capacidad de compra que tuvo el pueblo trabajador en esta gestión. Luego, a raíz de la pandemia, las paritarias se vieron congeladas por meses y muchos sindicatos tuvieron que aceptar suspensiones generalizadas para garantizar los puestos de trabajo. Sin embargo, en el contexto que atravesamos actualmente, con altos márgenes de ganancia y esta elevada nominalidad, una suma fija actuaría como un shock distributivo entre los distintos factores de producción, como también hacia adentro del pueblo trabajador, garantizando mayores incrementos para quienes se encuentran en la parte más baja de la distribución.

Cabe mencionar que dicha suma fija no debe ni tiene que ser en detrimento de las paritarias. Solo es una herramienta con la que cuenta el Estado para mejorar las condiciones de vida del conjunto de la población. Y esto es así, porque al igual que en enero y febrero de 2020, un aumento por suma fija a los trabajadores del sector privado tiene también un efecto positivo en los sectores informales a través de un “aumento virtual” del piso salarial.

(**) Economistas, integrantes de Justicialismo Económico.