La Legislatura porteña aprobó el traslado del monumento a Juana Azurduy desde la plaza detrás de la Casa Rosada hacia un área frente al Centro Cultural Kirchner, con el argumento de las reformas urbanas que se requieren para avanzar con la obra del Paseo del Bajo, que unirá el sur y norte de la ciudad de Buenos Aires. En el lugar que ocupa ahora la estatua donada por el gobierno de Evo Morales será emplazado el nuevo helipuerto presidencial.

La iniciativa obtuvo 34 votos positivos reunidos por el PRO, la Coalición Cívica, Confianza Pública, el Bloque Sindical Peronista y el massismo. Hubo 18 votos en contra y dos abstenciones. El proyecto fue presentado por la Jefatura de Gobierno metropolitana basada en la supuesta necesidad de realizar cambios en la disposición de las avenidas y espacios verdes en la zona por la traza que tendrá el corredor vial. Se trata de unos 7,1 kilómetros del Bajo porteño que conectarán las autopistas Buenos Aires-La Plata e Illia, y que según las previsiones estará listo a fines del 2019.

A raíz del diseño de la futura autopista, el Gobierno de la Ciudad consideró el retiro de la plaza del monumento a Azurduy, que fue emplazado por iniciativa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en reemplazo del complejo escultórico en homenaje a Cristóbal Colón, donado por la comunidad italiana que desde entonces reclama que lo devuelvan “a su lugar”. La ex mandataria inauguró el homenaje junto a su par boliviano.

Según dispone la ley aprobada ahora, la obra en honor a Azurduy, que está ubicada en el lado oeste de la plaza lindante con la Casa de Gobierno, será trasladada a una plaza frente al Centro Cultural Kirchner, sobre la avenida Leandro N. Alem.

Asimismo, el espacio que dejará la estatua una vez que sea removida será ocupado por el helipuerto presidencial, cuyas condiciones de seguridad para su instalación y funcionamiento estarán a cargo de la Administración Nacional de Aviación Civil. Y frente al nuevo helipuerto, pero del otro lado de lo que será el Paseo del Bajo, se proyectó la construcción de hasta dos subsuelos de estacionamientos y regulación de colectivos.

La propuesta del Ejecutivo, en tanto, también prevé el traslado de otro monumento, pero de menor tamaño: el de Juan de Garay ubicado en la “Plazoleta 11 de Junio de 1580”, comprendida entre Leandro N. Alem y Rivadavia, que será removido a un sector lindante al helipuerto.

Según el proyecto, la obra del Paseo estará complementada por el “Parque del Bajo”, que propone “un incremento, recuperación y mejora del espacio público, con la integración de áreas de calidad patrimonial, como son las plazas y parques que enmarcan la Casa de Gobierno y otros edificios institucionales”.

La aprobación de la ley para mudar el monumento a Azurduy reflotó la polémica desatada años atrás respecto del retiro de ese mismo espacio de la estatua a Cristóbal Colón para trasladarlo a un espigón frente al aeropuerto Jorge Newbery, instalación que aún está frenada por orden judicial. El legislador del Frente Renovador Javier Gentilini presentó un proyecto para volver a emplazar el monumento al navegante genovés en su sitio original, el Parque Colón.

Actualmente el monumento al navegante italiano se encuentra desmembrado y abandonado en el espigón Puerto Argentino. Algunos especialistas advirtieron que su estructura de mármol de carrara está expuesta al deterioro del medioambiente en la Costanera Norte.

En abril último el Círculo Italiano le envió una carta al presidente Mauricio Macri para pedirle que reinstale el monumento en su emplazamiento original. En la misiva, la entidad enfatizó “la certeza” de que “el Estado Italiano también intervino en la donación del monumento” –y no sólo la colectividad local– , como demuestran, según el Círculo, documentos y filmaciones con imágenes de la llegada a Buenos Aires, el armado en el sitio acordado y la inauguración, en 1921, encabezada por el presidente Hipólito Yrigoyen.

Representantes de varias entidades vinculadas a la colectividad italiana expusieron sus razones ante funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia, quienes no adelantaron qué decisión se tomará al respecto pero dijeron que el Gobierno acatará lo que determine la Corte Suprema de Justicia, a la que llegaron con el reclamo.