La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal revocó el sobreseimiento de dos jefes policiales y un apoderado de la empresa de origen norteamericano Iron Mountain por el incendio del depósito de esa firma, el 5 de febrero de 2014, en Barracas, que provocó la muerte de diez servidores públicos que intentaban controlar el fuego. La suspensión del proceso la había dictado el juez Pablo Ormaechea, quien declaró extinguida la acción penal por prescripción y dictaminó que se sobreseyera a dos responsables de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal y al apoderado de la empresa. La medida había sido apelada por la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 37, Romina Monteleone, y dos abogados de las querellas. De esta forma, los tres vuelven a quedar incorporados a la causa principal bajo la lupa judicial. Uno de los abogados de familiares de las víctimas, Miguel Arce Aggeo, dijo a PáginaI12 que hay avances en la causa y que espera que tras la finalización de la feria judicial, se dicten procesamientos.

Los jueces de la Sala VI, Julio Marcelo Lucini y Rodolfo Pociello Argerich, resolvieron revocar la decisión del juez Ormaechea, quien el 12 de mayo pasado había sobreseído al inspector de la dirección de Prevención, Matías Griffo, y el comisario inspector Raúl Arbor, jefe del Departamento Seguridad contra Incendios y Riesgos Especiales por el presunto delito de “incurrir en un acto de corrupción para obviar los pasos de la habilitación”.

Los dos funcionarios están sospechados de permitir que “en un sólo día se presentaran los planos, se realizara la verificación ‘in situ’, se confeccionara el informe técnico y se emitiera el certificado de aprobación” del depósito ubicado en Azara 1225, donde grandes empresas y bancos guardaban documentación sensible vinculada con los Panamá Papers. 

La disposición de Ormaechea alcanzaba también a Ignacio Miguel Aldamiz Echeverría, el representante de la firma encargado de gestionar el trámite.

La fiscal Romina Monteleone junto con dos de los letrados litigantes apelaron la medida y sostuvieron que “la prescripción se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos esté desempeñando un cargo público”.

Los jueces consideraron en el caso de Griffo que “las tareas inherentes a su cargo importan una delegación en la forma de control impuesta por el Estado con potestad para confeccionar el informe que posibilitó la expedición del certificado de inspección final contra incendios”. Señalaron  que falta establecer “si el certificado pudo haber contribuido, o cuanto menos facilitado, el funcionamiento de la empresa en las condiciones en las que se produjo el siniestro. No como único factor, sino en un conjunto de irregularidades coadyuvantes al resultado”. Y advirtieron que Griffo, quien es actualmente capitán de la Segunda Jefatura del Cuartel VIII ‘Nueva Chicago’, “es a quien le cabe principalmente la posibilidad de perturbar la investigación”.

En tanto, el defensor Arce Aggeo explicó a este diario que “se pudo eliminar la prescripción y volver a involucrarlos en la causa. Pero lo más importante que está pasando es que se están terminando de tomar las 30 indagatorias que van a demostrar que el incendio fue doloso (intencional), y que quienes estaban a cargo de la seguridad incumplieron sus funciones y no hicieron nada para pararlo. Tanto la empresa como el personal de seguridad hicieron lo posible para encubrir el incendio una vez que comenzó”, dijo el letrado y adelantó que “después de la feria judicial vamos a tener los procesamientos”.