Organizaciones de mujeres de Guatemala denunciaron la discriminación hacia los pueblos indígenas con un contundente informe que presentaron ante la ONU: el 79,2% de los hogares indígenas en Guatemala viven en condiciones de pobreza. Con un duro documento dieron cuenta de la situación de las familias indígenas en el área rural y sumaron una serie de recomendaciones para que el Estado garantice los derechos humanos.
"La discriminación racial persiste por la ausencia de voluntad política del Estado de Guatemala", señalaron desde el Movimiento de Mujeres Indígenas T ́zununija’. Guatemala cuenta con una población indígena que supera las siete millones de personas de un total de 17 millones.
Unas 85 organizaciones de mujeres presentaron el informe sobre la situación de las mujeres indígenas en Guatemala en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Las organizaciones denunciaron que el Estado guatemalteco no cumple con los compromisos con los derechos de las mujeres indígenas, pactados en 1996 con la firma de los acuerdos de paz.
Además, la organización señala que Guatemala no está alcanzando los compromisos en materia de derechos de mujeres indígenas que fueron pactados durante la firma de acuerdos de paz en 1996.
"El racismo que aún enfrentamos es estructural y atraviesa toda la institucionalidad del Estado", subrayaron en el informe. También cuestionaron que a pesar de que las normativas para acortar la brecha de desigualdad fueron aprobados, todavía no son aplicadas en Guatemala.
Falta de políticas públicas
Un ejemplo es la Política pública para la convivencia y la eliminación del racismo y la discriminación racial aprobada en 2014 por el entonces presidente Otto Pérez Molina. Las lideresas indígenas aseguran que esta política quedó estancada y pidieron que ya no sea aplicada por la presidencia sino por algún ministerio que esté capacitado para trabajar con pueblos indígenas.
En el documento también denunciaron las vulneraciones a los derechos colectivos a través de los proyectos extractivistas sin antes llevar adelante una consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas en áreas protegidas, como lo establece el convenio 169 de la OIT.
Las organizaciones denunciaron que durante la pandemia de covid-19 se llevaron a cabo desalojos de pueblos indígenas de sus tierras. También alertaron sobre la criminalización y persecución de lideresas defensoras de derechos.
