Acceder a la Justicia no refiere sólo, ni principalmente, al acceso jurisdiccional de nuestro pueblo para lograr una sentencia favorable para alguno de sus problemas. Tiene relación con el cúmulo de derechos vulnerados producto de la enorme desigualdad y la gran violencia en que se encuentran sumergidas poblaciones, comunidades y sectores en particular de nuestro pueblo trabajador, como consecuencia de un sistema excluyente y deshumanizante que se impuso a fuerza de secuestros, torturas, desapariciones, endeudamiento, entrega cipaya y genocida del país a los intereses extranjeros desde 1976. Existe cierto acuerdo en llamar a ese modo de gobernanza: neoliberalismo.
Frente a esa máquina de empobrecer y excluir, desde los Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) intentamos diariamente contraponer algunas acciones administrativas, jurídicas, sociales y políticas que ralenticen el acelerado proceso de despojo que se produce, incluso aún en los gobiernos progresistas y de reparaciones parciales. No somos ingenuos, sabemos que sin modificaciones estructurales que reviertan el proceso macro-económico, social y político en su conjunto, con políticas de Estado, con una férrea y unitaria voluntad político-administrativa del conjunto de los ministerios, secretarías y direcciones, en coordinación virtuosa con la comunidad organizada, nuestra tarea es una aguja en el pajar en un desierto de degradaciones y precariedades aceleradas. Sin embargo, como curadores sociales, no desistimos un solo día en realizar todo nuestro trabajo para escuchar, acompañar y aportar soluciones para que como pueblo podamos revertir esta historia.
Uno de los frentes de batalla que sostenemos, abonamos y apostamos a multiplicar es el de la Memoria. Sabemos que un pueblo que no la nutre diariamente, está condenado a repetir sus tragedias más dolorosas. Entonces, como método de abono contra esa suerte de olvido colectivo que busca imponer el poder real en este país, entre otras muchísimas acciones diarias que realizamos, quienes conducimos esta política pública, decidimos posibilitar la apertura de Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en diversos espacios de memoria. Entre ellos, dos muy significativos: el Refugio Libertad (exGrupo de Artillería 141) en la ruralidad cordobesa y el Faro de la Memoria en la localidad bonaerense de Mar del Plata.
En las últimas semanas ambos espacios han recibido diversos tipos de ataques que dañan directamente la cosmovisión de nuestro pueblo (no tenemos duda) de sostener el camino marcado por nuestras Madres y Abuelas: Memoria, Verdad y Justicia.
En el caso del Refugio Libertad, durante los días 20 y 21 de octubre pasados, efectivos del Ejército argentino realizaron maniobras en la zona de la ex Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos. Mientras estudiantes del Instituto Carlos Saavedra Lamas de Río Tercero recorrían por primera vez el Espacio de Memoria, sus pasos eran acompañados por helicópteros que realizaban vuelos rasantes, disparos de metralla y bombas que explotaban unas hectáreas más atrás. El sonido ambiente duró dos días con su noche, razón que motivó a los vecinos de los pueblos cercanos a impulsar una recolección de firmas que exige “el cese inmediato, absoluto y permanente de toda maniobra de entrenamiento militar, policial, parapolicial y/o paramilitar en ese predio, así como también expida una respuesta a esta solicitud a partir de la investigación exhaustiva de lo ocurrido días atrás y la reparación de los lamentables daños ocasionados al patrimonio cultural, social y estatal”.
Es importante señalar que el saldo de dichas maniobras fue la destrucción a tiros de metralla y detonación de explosivos de patrimonio cultural, histórico, social y ambiental (sí, sin razón explicable, talaron algarrobos antiquísimos). Repetimos para que se comprenda: integrantes del Ejército argentino dispararon contra edificios del Estado argentino, y no contentos con eso, detonaron explosivos en puertas de hierro, y no siendo suficiente, decidieron que era una excelente idea talar especies nativas, vaya a saber a cuenta de qué. Todo lo dicho está respaldado por fotos que los vecinos y vecinas acompañan en el petitorio. Como dato adicional pero central, esta situación ocurrió a pocos metros de donde el Juzgado Federal 3 de Córdoba declaró una zona interdicta para investigar posibles enterramientos masivos clandestinos realizados por el Ejército argentino durante la última dictadura cívico-militar.
Para nuestra sorpresa, hace unos días, autoridades de Fabricaciones Militares y de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa han relativizado y restado importancia a lo sucedido. Nos preocupa profundamente como Dirección de Acceso a la Justicia que el camino elegido por algunas autoridades sea el apartarse tanto de la escucha al pedido unánime de las poblaciones vecinas, como de una política de Estado que sin ambigüedades debe continuar el mandato de Memoria, Verdad y Justicia, y por ende, ordenar inmediatamente y de modo permanente, que el Ejército argentino no continúe realizando maniobras en dicho lugar.
El 12 de noviembre pasado, en El Faro de Mar del Plata, un grupo de personas irrumpió en el Espacio de Memoria y realizaron acciones violentas e intimidatorias para con un grupo de trabajadores y de estudiantes (nuevamente) que se encontraban reunidos en el lugar en el marco de las actividades pedagógicas que se realizan cotidianamente, buscando amedrentar e imponer la mentira y el olvido por la fuerza.
Es fundamental que el Estado en su conjunto, todas sus reparticiones y funcionarios, asumamos la gravedad de los hechos, para proteger a quienes allí trabajan, a las comunidades colindantes, a estudiantes que intentan conocer nuestra historia reciente como garantía de no repetición, y fundamentalmente que honren la memoria de nuestros desaparecidos. La democracia no puede estar sujeta a la espera de decisiones administrativas que tardan en llegar, es imperioso que la señal sea clara y contundente. Cuando el pueblo y la Justicia sentenciaron "Nunca Más", se desarrollaron los mecanismos sociales y públicos necesarios para enfrentar las impunidades de toda índole que pretendieron callar ese grito. Detener y prevenir el avance de grupos negacionistas y justificatorios del terrorismo de Estado en cada rincón y sitio del pais, o acciones que degraden la Memoria, debe ser un compromiso institucional sin vacilaciones ni dilaciones, con inversión estatal que estimule el compromiso también comunitario y popular, para lograr conjuntamente, Estado y Comunidad Organizada, vencer al neoliberalismo y donde existan necesidades florezcan solidaridades y derechos.
* Sergio Job es coordinador Región Centro de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia. Maximiliano Alvarez es coordinador Región Bonaerense Costera Serrana de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia.
