Luego del nuevo compromiso firmado sin obligaciones legales entre el Gobierno, los sindicatos y las empresas para que no hayan despidos en los próximos cuatro meses, el vicepresidente de la UIA Daniel Funes de Rioja deslizó que ese pacto podría “generar pánico” en el sector y advirtió que la entidad "no tiene facultad para obligar” a sus socios a no recortar personal. Dirigentes políticos y sindicales manifestaron su desconfianza en el Gobierno y salieron a relativizar la efectividad del documento firmado, por ser similar otro acordado en mayo pasado y que fracasó en pocas semanas.
Funes de Rioja declaró que en la reunión de ayer "se discutió, fuertemente, una redacción que pudiera conciliar una aspiración del Gobierno y los sindicatos, con una realidad”. De ahí, dijo, surgió “lo de 'tratar de mantener el nivel de empleo' y por otro lado, 'evitar', que no es impedir, despidos incausados". No obstante, “una cosa es hacer un esfuerzo, otra crearse obligaciones que pueden tener contenido legal", aclaró.
En mayo pasado, tras haber vetado la ley de emergencia laboral sancionada por el Congreso, que impedía el despido de trabajadores, la gestión de Mauricio Macri había impulsado un acuerdo similar en Casa de Gobierno, aunque solo con las empresas reunidas en el Salón Blanco. Les hizo firmar un acta en la que se comprometieron -de palabra- a no cesantear personal por 90 días. El resultado habló de su efectividad: en mayo cayeron 15 mil puestos de trabajo en el sector privado y, durante el período en que regía el acuerdo, hubo 24 mil despidos y suspensiones, según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Por este antecedente “no firmé el acta”, sintetizó el secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, quien calificó al presidente Macri y al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, de “mentirosos”. "Si hay despidos, ¿voy a tener que ir a la casa del ministro de Trabajo?", se preguntó y enmarcó esta nueva iniciativa en “todos los ejes de campaña del Presidente que fueron incumplidos”.
“No creo que se cumpla el compromiso”, sentenció el dirigente gremial en una charla con FutuRock FM, mientras que Funes de Rioja insistió en relativizar tanto la obligatoriedad del convenio como en su efectividad para el sector: "No es razonable pensar que a las Pymes, que están trabajando al 50 ó 60 por ciento de la capacidad instalada, con problemas de producción, exportación y mercado, se les pueda decir 'no ejerza un derecho que de acuerdo a la ley tiene'", argumentó.
"Hay que evitar cuestiones que puedan generar pánico”, recomendó el dirigente fabril al ser consultado por Radio 10 sobre el tema, e interpretó que el producto de la Mesa de Diálogo promovida por la gestión de Cambiemos “es una apelación” a quienes se sentaron allí, y no un convenio de cumplimiento efectivo. “Compartimos el espíritu pero no podemos obligar”, dijo y puntualizó que cuando una compañía despide, lo hace amparada "en un derecho que tiene de acuerdo a la ley".
Por su parte, el legislador porteño y ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada, calificó al convenio de ayer como “un placebo” y puso en duda su cumplimiento, puesto que ni en la letra grande ni en la letra chica prevé sanciones para quienes no lo cumplan. Durante una entrevista por AM 750, enmarcó este tema en la iniciativa del Gobierno “de ir contra el sistema sindical y de derechos de los trabajadores”.
