Mauricio Macri ya tiene su juez PRO en la Cámara Federal de Casación Penal. Un juzgado federal Contencioso Administrativo avaló el traslado del juez Carlos Alberto Mahiques –ex ministro de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal– que pasó de la Cámara Criminal porteña a camarista de la máxima instancia penal del país. Mahíques fue nombrado por decreto, avalado por la mayoría macrista en el Consejo de la Magistratura y a pesar de la resistencia de la Cámara de Casación Penal por no haberse sometido a concurso público para cubrir la vacante en el cargo.
Mahiques tiene fuertes vínculos con la gestión macrista que le permitieron un rápido ascenso y una numerosa parentela ligada a la llamada “familia judicial”. El ahora camarista de Casación Penal asumió en la Casación porteña desde su creación en 2014. Un año después aportó a la desvinculación del entonces jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y su vice María Eugenia Vidal del expediente sobre la represión en el hospital Borda.
Uno de los hijos de Mahiques, Juan Bautista, integra el Ministerio de Justicia y es representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Otro, Esteban Mahiques, también trabaja en la cartera de Justicia e Ignacio es fiscal federal.
Carlos Alberto Mahiques asumió como el primer ministro de Justicia bonaerense de al gestión de Vidal como gobernadora. Pero renunció en mayo de 2016 antes que se venza su licencia en la Cámara de Casación Porteña. En mayo de este año, Macri lo eligió y designó por decreto para ocupar el lugar que dejó vacante el juez Pedro David –quien renunció tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia la Nación que validó el límite de 75 años para los jueces federales– en la Sala II de Cámara Federal de Casación Penal.
Ahí se tramitan causas sensibles y de interés para el Gobierno como el pago de sobornos de la empresa Odebrecht por el soterramiento del tren Sarmiento, en el que participó también la empresa contratista Iecsa cuando la manejaba el primo del Presidente, Angelo Calcaterra. Así como la causa de enriquecimiento ilícito contra Eduardo Freiler, al que el Gobierno quiere desplazar por su labor en la causa papel Prensa y el expediente madre del atentado a la AMIA. La resolución del juzgado federal Contencioso Administrativo le reabrió la ventana de su continuidad en el lugar que le asignó el Presidente Macri.
