“Repudiamos la brutal represión de esta mañana contra los trabajadores de la empresa PepsiCo y denunciamos la reiterada y sincronizada metodología de empresas multinacionales, Justicia y fuerzas de seguridad para aplicar el ajuste a los trabajadores”, señalaron los Hijos, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo línea fundadora y otros organismos de derechos humanos. Los reproches por el operativo policial llegaron desde numerosas organizaciones sociales y dirigentes políticos. Los diputados nacionales del Frente para la Victoria electos por la provincia de Buenos Aires solicitaron al vicegorbernador Daniel Salvador y al procurador general bonaerense, Julio Marcelo Conte Grand, que investiguen el desempeño de la jueza Andrea Rodríguez Menstasty, quien autorizó el desalojo. Mientras tanto, en el Senado bonaerense, los bloques de Cambiemos y del Frente Renovador, que responde a Sergio Massa, dejaron sin quórum la sesión cuando se estaba por tratar un repudio a la represión de los trabajadores de la planta de Vicente López.
“Lo que ocurrió venía siendo anunciado por los empleados de PepsiCo que desde hace semanas se encuentran en la fábrica defendiendo sus fuentes de trabajo. Desde el 20 de junio están solicitando una respuesta al cierre sin preaviso de la planta. Ni la Justicia ni el Ministerio de Trabajo, han velado por sus derechos. Por el contrario, como única respuesta promovieron un desalojo violento, de noche, bloqueando el acceso al predio, tirando gases lacrimógenos y llevándose detenidos a trabajadores sin dar información sobre su destino y fuera de cualquier protocolo, violando todo tipo de garantías”, señalaron los organismos de derechos humanos, entre los que también estaban Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticos, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Asociación Buena Memoria, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales. La Comisión Provincial por la Memoria también se solidarizó con los trabajadores. “A 35 años del retorno de la democracia resulta inadmisible que el Estado haga uso de la violencia física como metodología de gestión del conflicto social”. Desde Ni Una Menos, señalaron que “como mujeres y como trabajadoras, no aguantamos más que nos repriman cuando reclamamos. La militarización de PepsiCo para desalojar a lxs trabajadorxs es intolerable”.
Los diputados nacionales del Frente para la Victoria denunciaron a la jueza Rodríguez Menstasty –a quien vincularon a Cambiemos– por “no haber accedido a los reiterados llamados de los suscriptos para poder aportar a una solución pacífica del conflicto” y le cuestionaron haber “avalado la orden de desalojo impulsada por el presidente Mauricio Macri y la gobernadora Maria Eugenia Vidal, quienes dieron lugar al acuerdo preventivo de crisis que dejó en la calle a cientos de trabajadores”. El mensaje al vicegobernador y al procurador fue firmado por los diputados María Teresa García, Juliana Di Tullio, Eduardo “Wado” De Pedro, Andrés Larroque, Carlos Castagneto, Edgardo Depetri, Diana Conti, Rodolfo Tailhade, Francisco Furlan, Adrián Grana, María Fernanda Raverta, Carlos Kunkel, Mayra Mendoza, Rodrigo Rodríguez, María Isabel Guerin, Luis Cigogna, Carlos Julio Moreno y Gustavo Arrieta. El ex diputado Jorge Rivas, socialista en Unidad Ciudadana, afirmó que “se trata de una nueva demostración de que el gobierno de Mauricio Macri tiene a la violencia como única respuesta a la creciente demanda laboral y social”. Desde el bloque de Libres del Sur, los diputados Victoria Donda, Graciela Cousinet y Federico Masso señalaron que “es más fácil reprimir trabajadores que investigar empresarios que lavan y fugan divisas. Asistimos a una nueva demostración que confirma que el gobierno de Cambiemos gobierna para sus amigos ricos y poderosos”.
Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, afirmó que “el Gobierno genera hambre y miseria, y a causa de eso hay un pueblo que padece enormes necesidades”. Sostuvo que los funcionarios que encabezan la gestión de Mauricio Macri “no son parte de este pueblo, porque no son trabajadores, pertenecen a una clase social distinta que está al servicio de los poderes económicos” que “intentan reducirnos a la servidumbre”. Catalano habló en una movilización que hizo ATE junto con la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y a los Metrodelegados (AGTSyP) a la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires trabajadores en el que se solidarizó con los trabajadores reprimidos de Pepsico y con los despedidos de Atucha en Zárate.
