La Sala VII del Tribunal de Juicio, integrada por los jueces Federico Diez y Francisco Mascarello y la jueza Paola Marocco, condenó a prisión perpetua a Jorge "Colita" Olmedo en calidad de autor material del femicidio de Paola Ávila, cometido en 2020. 

Otrxs acusadxs, Gladys del Milagro Pastrana, Romina "Rumi" Bracamonte y Claudio "Cuqui" Herrera, fueron condenadxs a tres años y seis meses de prisión efectiva, por encubrimiento agravado. Por otro lado, Javier Alejandro Alfaro, Leonel Edgar Raúl Suárez y Cristian Rubén "Lupín" Salas fueron absueltos la duda y recuperaron su libertad una vez finalizada la audiencia. La fiscala Mónica Poma había pedido que se condenara a estas seis personas a 5 años de prisión efectiva. 

La familia de la víctima quedó disconforme con la sentencia. "Es una burla porque sabemos que todos ellos estuvieron implicados, saben qué es lo que realmente pasó con mi hermana. Es un cierre express de la causa", afirmó Patricia Ávila a Salta/12.  

Dijo que como familiares están de acuerdo con la condena a perpetua a Olmedo pero no con la sentencia a las otras 6 personas imputadas que estuvieron en el lugar de los hechos. 

La fiscala Poma alegó que Paola fue asesinada por Olmedo, entre las 6 y las 8 de la mañana. El cuerpo presentaba 10 golpes en la cabeza, y que se ejercieron con diferentes elementos contundentes, cascotazos y piedras. Poma también aseguró que este mismo hombre robó las zapatillas a la víctima y luego intentó venderlas, pero como no pudo, las terminó intercambiando por droga a Herrera. 

Para la fiscala, luego de ese intercambio, Olmedo y las otras 6 personas fueron hasta el playón donde yacía el cuerpo de Paola y la vieron. Poma señaló la misma sospecha que tienen los familiares de la víctima respecto a que Paola pudo haber estado todavía viva, agonizando, y ningunx de lxs imputadxs llamó a una ambulancia, ni a la policía.

"Son cómplices de este hecho. Estuvieron con Paola, saben qué es lo que ha pasado. Suárez, al que le dieron la libertad, sabe", sostuvo Patricia Ávila. Además, consideró que por haber estado allí, tendrían que haber sido imputados como partícipes "en la ejecución participaron, estuvieron ahí viendo. Con solo ver participás", expresó. Contó que en una pericia odorífica que se realizó en las piedras con perros amaestrados, solo en el caso de una de las imputadas dio indefinido pero con las otras 5 personas dio positivo.

Patricia dijo que según las pericias, Paola "estaba boca arriba, me la dan vuelta y me le tiran la pedrada". La víctima tenía dos trozos de concreto de gran tamaño en la cabeza, con los que se la habría ultimado.

"Vamos a pedir a Poma que apele la sentencia", manifestó Patricia. Recordó que no pudieron constituirse en querellantes, por falta de abogadx, pero también por falta de información respecto a los tiempos en que podían hacerlo y los requisitos. Señaló que cuando consultaron con un abogado en la Fiscalía les dijeron que ya no podían presentar la querella porque se había vencido el plazo. 

Además, Patricia contó que su padre tiene problemas cardíacos y quedó muy afectado desde el asesinato de su hija, por ello consideraron que no podía presentarse como querellantes y esperaban que pudiera hacerlo otra hermana, Victoria, que quedó a cargo de las dos hijas y el hijo de la víctima, menores de edad, pudiera hacerlo. Pero no fue posible porque "Recién días antes del juicio le dieron el papel de que ella era la tutora legal de lxs niñxs. ¿Por qué no se lo dieron un año antes? Es una burla", sostuvo. 

La familia tampoco fue informada respecto al servicio gratuito de las defensoras de violencia familiar y de género a quienes podrían haber requerido la representación letrada. Asimismo, las hermanas de Paola contaron que el anterior director del programa de Asistencia a las Víctimas de Delitos Graves de la Secretaría de Justicia les dijo que no podía representarles como querellante. 

"Se olvidaron que Paola era madre, de lxs tres hijxs que dejó", expresó Patricia. Las dos hijas y el hijo de la víctima todavía no tuvieron acceso al trámite de la Ley Brisa.

Cuestionamientos a la investigación

Patricia consideró que hubo fallas en la investigación penal preparatoria. "Ahora me doy cuenta de que hubo varias falencias. Yo si bien dí gracias, me dí cuenta de que hubo varias personas a las que no se las buscó, no se las detuvo. Por ejemplo, Anahí Pastrana (hermana de Romina Pastrana) y el marido", señaló. Dijo que esta mujer le había indicado a Herrera que debía deshacerse de las zapatillas de la víctima "porque le traerían problemas". 

Asimismo, Patricia contó que se enteró que Paola y Anahí Pastrana habían peleado días antes. A esta mujer se la había requerido para que se presentara a declarar, pero la policía no la encontró. Sin embargo, Patricia dijo que la ven por el barrio. 

Según lo que habían detallado la fiscala y la defensora Sandra Ortiz, que ejerció la representación del ahora absuelto Salas, éste vio el cuerpo de Paola, no informó a la policía ni pidió una ambulancia y mediante mensajes de audio les contó a otros dos hombres que ella estaba muerta.

"Las personas que fueron supuestamente a ver si Paola estaba muerta fueron José Liendro y Cachete Martínez, la vieron, se dieron media vuelta y se fueron a comer un sandwich tranquilamente. Van a verificar, ven el cuerpo de Paola, supuestamente se descomponen, vomitan y se van a comer un sandwich, los dos declararon en el juicio, contaron eso, no se los detuvo", señaló Patricia.

Asimismo, Patricia dijo que en una botamanga del pantalón de Paola se encontró un perfil de ADN que no correspondía a ningunx de lxs imputadxs. Ella consideró que ese perfil puede pertenecer a otro partícipe del crimen. Indicó que a Paola primero le quitaron solo una zapatilla, porque en una media tenía más barro que en otra, y tiene la sospecha de que cuando su hermana ya estaba desvanecida en el suelo, la persona a la que corresponde ese perfil no identificado, le sacó la otra zapatilla.

El Tribunal además absolvió de forma lisa y llana a Pablo Guillermo "Pelado" Campos y a Ezequiel Alejandro "Keco" Guzmán, por haber desistido la Fiscalía de la acusación penal al momento de los alegatos. 

Sin perspectiva de género

"La justicia salteña y argentina es una burla. Yo me enteré acá, tres días antes de que se dicte la sentencia, no sabía que al juez Diez lo habían denunciado por violencia de género, que sacó una pistola (a su expareja). Me enteré porque me junté con familiares de víctimas de femicidio que me contaron. Yo realmente no lo sabía, creía que era una persona que realmente estaba trabajando, que era íntegra en su cargo, realmente es una vergüenza, que un juez así presida un juicio de femicidio. Es inconcebible", manifestó Patricia.

"Para dar esta sentencia habrá juzgado a mi hermana", señaló, consideró que en el juicio faltó perspectiva de género. 

Diez fue denunciado hace 6 años por su expareja. Estuvo imputado por lesiones agravadas por la relación preexistente y por constituir violencia de género; desobediencia judicial y amenazas con armas. Esta acusación, que nunca llegó a dilucidarse públicamente debido a las idas y vueltas del caso, genera preocupación por aquello de la perspectiva de género que deben tener lxs magistradxs a la hora de intervenir en causas judiciales relacionadas con la violencia hacia las mujeres, cuya manifestación extrema son los femicidios.

El magistrado fue suspendido de sus funciones en 2018 por una resolución del Jurado de Enjuiciamiento, que preveía que en dos años ya podría resultar sobreseído o condenado. Sin embargo, desde diciembre de 2020, el juez volvió a ejercer como tal, mientras persistía la causa.

El Poder Judicial informó este año a Salta/12 que la causa contra el magistrado prescribió luego de un "acuerdo extrajudicial entre las partes". La denunciante había esperado 5 años el juicio, hasta que finalmente desistió del proceso.