José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, los abogados que representan a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa que investiga el intento de asesinato del pasado 1 de septiembre, insisten este miércoles ante la Sala I de Cámara Federal porteña en su pedido de recusación para apartar a la jueza María Eugenia Capuchetti.
Según lo previsto, este miércoles Ubeira y Aldazabal se presentan ante la Sala I de la Cámara Federal de la Ciudad para fundamentar por qué la magistrada debe apartarse de la investigación. Quien deberá resolver de forma unilateral el planteo de la querella, tras haber sido sorteado a tales efectos, será el magistrado y camarista Leopoldo Bruglia.
Esta mañana, antes de la presentación, Ubeira insistió en que la investigación apunta hacia "las terminales de la extrema derecha del PRO" y que, ante los indicios que fueron apareciendo en ese sentido, "no hubo voluntad" de actuar por parte de la jueza federal María Eugenia Capuchetti.
"Ahora está claro que no son un grupo de loquitos sueltos o unos muchachos perdidos en la vida. Es un grupo de personas que creemos que responden a determinado tipo de intereses y queremos averiguar la verdad. Esto apunta hacia las terminales de la extrema derecha del PRO", señaló Ubeira en declaraciones a la radio AM 530.
La querella, siguió el letrado, ha "presentado muchos escritos" para que se sigan determinadas líneas de investigación, pero la jueza "no tomó ningún impulso".
"Si hubiera voluntad investigativa estaríamos intentando encontrar si hubo un esquema de financiamiento en esta causa, pero la división de este proceso en dos causas (una es llevada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien investiga a integrantes del grupo Revolución Federal, y la otra es seguida por Capuchetti, quien hace lo propio con el atentado a la exmandataria) fue una división artificial que no tiene ni pies ni cabeza y resultó bancada por la Cámara", remarcó.
Las asesoras de Milman
Por otro lado, la sala I del Tribunal de Apelaciones, integrada también por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, tiene para resolver un planteo de la querella en relación a la decisión de la jueza de negarse a secuestrar los teléfonos de dos asesoras del diputado nacional del PRO Gerardo Milman.
Se trata de Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, quienes estaban con el legislador en el bar Casablanca dos días antes del atentado, oportunidad en la que un testigo asegura haber escuchado a Milman decir: "Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa".
Gómez Mónaco fue Miss Argentina en el año 2012 y cinco años más tarde, en 2017, durante la gestión de Cambiemos, fue designada como directora de la Escuela de Inteligencia Criminal de la República Argentina. Además, es dueña de Lux Estética y tiene otra empresa con María Mroue, la panelista del primer programa de Crónica TV donde entrevistaron por primera vez a Uliarte y Sabag Montiel.
Indagatorias, asociación ilícita y nuevas pruebas
En las últimas horas, los abogados de la vicepresidenta pidieron que se amplíe la indagatoria y se procese por asociación ilícita a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, detenidos y procesados por el intento de magnicidio ocurrido el pasado 1 de septiembre en la puerta del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio de Recoleta.
Además, solicitaron que se ordenen en carácter de "urgente" nuevas medidas de prueba en la causa por el atentado, tras detectarse una seguidilla de mensajes de Whatsapp que darían cuenta del accionar organizado de la banda.
"Recordá esta fecha", "Esta hdp (sic) ya está muerta", "No sabés que hicimos con esto", "Generar miedo", "Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo", son algunos de los mensajes hasta ahora desconocidos y enviados desde el celular de Carrizo, jefe del grupo de supuestos vendedores de copos de azúcar para el que trabajaban quienes agredieron a la vicepresidenta.
En el escrito, los abogados que representan a Fernández de Kirchner también se refirieron a dos mensajes enviados por Carrizo en la mañana del 2 de septiembre, horas después del ataque fallido, a uno de su interlocutores de confianza a quien le decía: "Es un golpe que le dimos al gobierno" y "esto se va a poner peor".
En ese marco, requirieron que Carrizo pase de ser considerado partícipe secundario a "coautor del delito de tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego y en concurso de dos o más personas".
La querella también reclamó este martes que se investigue si hubo encuentros previos al ataque en su contra entre las personas que quisieron asesinarla y el dirigente de la Nueva Centro Derecha Hernán Carrol, a quien Sabag Montiel encargó la tarea de contratarle un abogado defensor.
"La investigación durmió 30 días"
"Hace aproximadamente un mes que están en la causa estos mensajes por una labor que realizan los organismos vinculados a las fiscalías", dijo este miércoles Ubeira sobre los mensajes de Carrizo. "La investigación se durmió 30 días y cuando revisamos la causa de cara a esta recusación, nos encontramos con esta novedad. Claramente no había voluntad de investigarlo por parte de la jueza", apuntó el letrado.
Por el momento, continuó Ubeira, no se conoce a "quién le mandaba los mensajes" Carrizo, pero advirtió que saberlo es "solo es cuestión de tiempo".
Sobre el pedido de ampliar la imputación a "asociación ilícita", señaló que si bien "nosotros somos muy renuentes a este tipo de calificaciones porque las reparten en Comodoro Py como caramelos en una kermés", en este caso "si se reúnen las condiciones para hacerlo porque estamos ante una organización fundamentalmente destinada a afectar la tranquilidad publica".
"Buscaban atentar contra el sistema democrático y cometer todo tipo de delitos indeterminados", aseguró.
