La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, desmintió el viernes que 250 mil beneficiarios del Potenciar Trabajo hayan declarado bienes personales y comprado dólares ahorro. El tema fue instalado por medios de la derecha, a partir de un informe de la Afip, que ayer tuvo un nuevo coletazo: argumentando que esos datos salieron de un organismo oficial, el fiscal federal Guillermo Marijúan abrió una investigación sobre por qué la ministra no dio de baja 250 mil planes, sino solamente 2 mil --que es el número de beneficiarios a los que el ministerio encontró consumos altos.
Aunque el fiscal no citó a Tolosa, sí llamó a declarar al titular de la AFIP, al director de Asuntos jurídicos del ministerio de Desarrollo Social y a la directora del Syntis (el sistema utilizado para controlar si una persona tiene incompatibilidades para cobrar un plan). Así, llega al terreno de Comodoro Py lo que empezó como una interna del gobierno.
El fiscal ya había reclamado, la semana pasada, que la justicia ordene al ministerio dar de baja “de manera inmediata” la "totalidad de los 250 mil planes” contabilizados -de manera ilógica, ya que eran cuentas que mezclaron varios registros- en el informe de AFIP. En el razonamiento del fiscal, esas personas pueden ser reempadronadas si resulta que no tienen más de una casa, ni autos 0km o alguna de las otras incompatibilidades mencionadas en el informe del organismo recaudador.
Desgloses
El problema del informe de Afip es que mezcló varios registros en la misma bolsa. Por ejemplo, en la categoría de beneficiarios que declararon bienes personales incluyó también a los que aparecen en el Registro Automotor. Es decir, que las personas mencionadas pueden tener sólo una moto o un auto de más de diez años de antigüedad, que no es incompatible con el programa.
Otra categoría que incluye cosas distintas es la de compra de dólares: ahí, según el informe que generó el escándalo mediático, aparecen 35 mil personas, pero están incluidas las que pagaron por el uso de una app --un consumo en u$s-- a partir del valor de 1 peso.
En síntesis: eran datos que podían ser presentados engañosamente por los medios, lo que efectivamente ocurrió.
Para poder chequear las supuestas irregularidades, Tolosa Paz mandó a pedir los datos desagregados. Los de Afip no trascendieron y da la impresión que aún no han sido enviados. La ministra sí mencionó desagregados que recibió del Banco Central (compras de dólares, consumos de tarjetas de débito y crédito, nominalizados). Con ellos, al contar con nombres, el ministerio ubicó 2.098 mil beneficiarios -no 35 mil, como se había publicado- que compraron dólares billete en los últimos 26 meses; por otra parte 145 personas tenían registrados consumos en dólares que muestran que no están en situación de vulnerabilidad. Esos fueron los beneficiarios dados de baja.
Desde la Afip, organismo que conduce Carlos Castagneto, exviceministro de Desarrollo Social durante el kirchnerismo, señalan que el informe original fue realizado a requerimiento (del ministro anterior a Tolosa Paz, Juan Zabaleta) y que sus datos son estadísticos.
Las bajas en el Potenciar anunciadas por el Ministerio muestran que existieron incompatibilidades, pero en un 0,3% de los beneficiarios. ¿Qué hay dentro de ese 0,3 por ciento? En la compra de dólares, según lo que informó Tolosa Paz en su conferencia de prensa, hay 23 personas con movimientos importantes, realmente llamativos, que suman 130 mil dólares en los últimos seis meses. En el mismo período otros 407 tienen movimientos que en promedio están en los u$s 70. Todavía no fue explicado de qué manera compraron esas divisas y se plantean varias hipótesis: que la autoridad monetaria no les haya bloqueado por sistema la compra de dólares, como sí hizo con quienes cobraron el IFE o un ATP o que una parte de esos casos sean de personas que, teniendo dólares ahorrados, los vendieron en el mercado oficial. Sobre los consumos altos también aparecieron situaciones injustificadas, pero que no se cuenta en miles de casos sino que está acotada a unos vivos. Lo que hasta ahora no aparece corroborado por ningún lado es que haya irregularidades de la escala planteada por medios que hicieron campaña contra los beneficiarios del Potenciar.
