En esta causa Orozco se encuentra acusado por siete hechos de torturas, apremios, vejaciones y coacción cometidos entre 2014 y 2015, cuando cumplía la función de jefe de la Brigada de Investigaciones en Rosario de la Frontera, en el sur provincial.
Junto al ahora legislador, también se encuentran imputados por los mismos delitos los efectivos Andrés Suárez, Javier Reynoso, Víctor Orellana, Rubén Medina, Víctor Luna, Denis Coronel y la policía Andrea Díaz.
La Corte de Justicia de Salta, con votos de las juezas Sandra Bonari, Adriana Rodríguez Faraldo y el juez Sergio Fabián Vittar, entendió que “si bien se invoca la existencia de una cuestión federal, tal afirmación se encuentra desprovista de razones jurídicas que la respalden y que se vinculen directamente con el caso”, y que los agravios vertidos en el recurso son reedición de lo ya planteado en otras instancias.
Esta causa llevaba más de un año y medio a la espera de la resolución de los sucesivos recursos planteados por la defensa que ejerce el abogado Nicolás Vedia, quien viene solicitando el sobreseimiento de los acusados.
El Ministerio Público Fiscal, que informó de la resolución de la Corte, recordó que existen otras causas por hechos similares en contra del mismo personal policial acusado, pero ésta es la que se encuentra más avanzada, por lo que, con esta sentencia del máximo tribunal provincial, se espera que el juez de Garantías Héctor Guzmán notifique a los fiscales Oscar López Ibarra y Ramiro Ramos Ossorio y a las demás partes la fecha de la audiencia de debate.
Perspectiva de derechos humanos
El integrante del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, Andrés Giordamachi, dijo a Salta/12 que están conformes "con esta resolución de la Corte rechazando los planteos y los recursos presentados por la defensa".
El Comité anunció que se presentará como observador en esta causa. El organismo comenzó a funcionar en la provincia recién este año, y se ha constituido como querellante en otra causa contra el legislador y lxs mismos policías acusadxs, a lxs que se suman otrxs más.
Giordamachi sostuvo que están interesados en que los hechos que se investigan, "donde hubo una grave violación a los derechos humanos, llegue a un juicio oral y público y que recaiga una sentencia con perspectiva de derechos humanos". Resaltó que el veredicto "deberá cumplir con los compromisos internacionales asumidos tanto por la provincia salteña como por el estado argentino".
Además destacó que las sentencias "por torturas son una gran deuda que tiene la justicia salteña", en el sentido de que los hechos de violencia policial suelen conllevar carátulas y condenas más leves, e indicó que el Comité viene trabajando "para revertir esa situación".
El comisionado señaló que los diversos recursos de la defensa de Orozco solo han tenido el objetivo de dilatar el proceso. Dijo que el Comité sigue "a la espera de que se fije de una vez por todas la fecha de debate".
Luego de tomarse una licencia en la Cámara de Diputados, Orozco volvió a su banca. En otra causa, por amenazas, a raíz de un hecho cometido el 28 de julio de 2021, el juez Mario Dilascio ya pidió a la Cámara de Diputados que tramite el desafuero del legislador. Sin embargo en esta causa por torturas aún no llegó ningún pedido de desafuero a la Cámara.
Ante la consulta de este medio, en la Cámara de Diputados explicaron que si el juez entiende que antes de comenzar el juicio tiene que sacarle los fueros a Orozco, deberá solicitarlo a esta Cámara. Pero mientras el magistrado no disponga de una medida coercitiva, como la detención, no sería necesario el desafuero.
