Los diputados catamarqueños repudiaron la continuidad en el cargo del intendente santoroseño Elpidio Guaraz, imputado por los delitos de abuso sexual y privación ilegitima de la libertad agravada. Pidieron a la Justicia que actúe con celeridad y a los concejales del Bañado de Ovanta, que avancen con el pedido de suspensión del funcionario público.

El debate dado ayer en la Cámara Baja giró en torno a la unificación de dos iniciativas de declaración, una presentada por el bloque del Frente de Todos y la otra por Natalia Herrera (UCR-JPC).

Así, el oficialismo se centró en el pedido hacia el Poder judicial y de manera general: “DecIárase el más enérgico repudio ante Ia dilación en Ia tramitación y Ia mora para resolver por parte de la administración de Justicia en todas Ias causas en Ias que se investigan delitos contra Ia integridad sexual y aquellos cometidos en contexto de violencia de género”. Asimismo, expresaron su preocupación por la situación institucional en el municipio santarroseño de Bañado de Ovanta generada por la continuidad en el ejercicio del cargo del intendente cuestionado.

En tanto, el proyecto opositor señalaba: “Expresar el más enérgico repudio a la continuidad en el ejercicio del cargo de Intendente Municipal de Bañado de Ovanta Elpidio Guaraz, quien está actualmente imputado por una causa de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de libertad”. Además, exhorta y exige a Guaraz apartarse de inmediato del ejercicio del cargo hasta tanto se expida la justicia penal.

Fue la diputada Adriana Díaz quien se encargó de fundamentar la iniciativa presentada por el bloque del Frente de Todos. “La comisión de delitos tan aberrantes como lo son aquellos que atentan contra la integridad sexual de las personas y su presunta comisión por parte de un funcionario público, no puede ser un tema ajeno a ésta Cámara” dijo, para aclarar que si bien no es función del Poder Legislativo condenar o sancionar a quienes se encuentren inmersos en estos tipos de delitos, “debemos, como representantes del pueblo de la Provincia, pronunciarnos sobre el particular”.

Indicó que el proyecto expresa la “más profunda preocupación por la continuidad en el cargo de intendente de la Municipalidad de Santa Rosa del señor Elpidio Guaraz, quien se encuentra imputado por los delitos de abuso sexual agravado y privación ilegítima de la libertad”. Además del anhelo que desde el Concejo Deliberante de dicho municipio, “se expresen y pongan en funcionamiento los mecanismos establecidos para poder apartarlo de su cargo”.

Guaraz: Los delitos que le imputaron establecen penas de más de 16 años

Díaz remarcó que el Frente de Todos exhorta al Poder Judicial, “el que nos tiene acostumbrados a su inacción y quien tiene la exclusiva responsabilidad de resolver sobre las causas en contra del Intendente Guaraz”, a que con “la mayor celeridad posible resuelva su situación procesal”.

Por su parte, Herrera celebró “que podamos emitir opiniones y poner sobre la mesa este tema tan delicado, es muy importante que desde nuestras bancas podamos manifestarnos y consensuar una opinión coincidente en apoyo a las víctimas” dijo.

“Callarnos no resuelve el problema, debemos expresarnos. El Intendente debería pedir licencia, no tiene autoridad moral para continuar en el cargo. Entendemos que la Justicia debe cumplir plazos, pero muchas veces esos plazos se exceden y hay que darle respuestas al pueblo de Bañado de Ovanta. Hago un llamado a los partidos para que este tipo de funcionarios no permanezcan ni un minuto más ejerciendo funciones”.

Por su parte, la presidenta de la Cámara, Cecilia Guerrero, lamentó que “la institución Judicial haya esperado más de un año y medio, 18 meses a partir de la denuncia, para recién formular una imputación penal”. “Es fundamental manifestar nuestra honda preocupación por esta dilación indefinida de causa penales, dilación que no es nueva. Resulta un sinsentido la dilación de los procesos. O los procedimientos no funcionan o es necesaria una modificación. No es casual el altísimo grado de descreimiento que hay en la sociedad respecto de la administración de justicia”, apuntó.

También subrayó que “cuando los derechos de una persona han sido vulnerados a través de conductas tipificadas por el Código Penal, quien tiene que actuar es la justicia penal, no es el poder Legislativo ni el Ejecutivo”. 

Guaraz controló el concejo y evitó su suspensión

Las denuncias

Las denuncias contra Guaraz fueron radicadas el 4 y 5 de junio del año pasado. El Intendente, quien además carga con una decena de denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario público, intimidación pública y abuso de autoridad, fue acusado por una de las sobrevivientes por privación ilegitima de la libertad y abuso sexual y por abuso sexual y coacción y por la otra víctima.

Ambas debieron irse de su pueblo natal y dejar a sus familias. Una de las jóvenes huyó para poder radicar la denuncia y ya no volvió por miedo. La otra joven lo hizo para poder trabajar y evitar el hostigamiento constante que le impedía hacerlo en el pueblo que gobierna el acusado.

La desprotección del Estado y el miedo que ambas sienten fue manifestada por ellas mismas en diferentes entrevistas dadas a Catamarca/12 y a través de sus redes sociales.

“¿Hasta cuándo debo seguir esperando para que la Justicia actúe?¿Hasta cuándo debo seguir esperando que el poder político obre según declama? O, acaso ¿La perspectiva de género sólo aparece en las redes sociales? ¿Acaso tengo que pensar que mi agresor está, como en otros tiempos ´comprando´ con dinero del pueblo, a la justicia?”, había manifestado una de ellas.

La otra denunciante llegó a presentar cartas en la Cámara de Diputados de la provincia, pidiendo que aparten de sus funciones al Intendente y señalando la “clara asimetría de Poder que existía entre él y ellas”.