"Los que están sentados en la cúspide de la maquinaria económica y activan a su gusto y según su interés las palancas de la misma”, explicaba el economista John Keynes, “tienen un responsabilidad determinante de lo que sucede en la sociedad”. En el Coloquio anual de IDEA, que congrega todos los años en la ciudad de Mar del Plata al capital monopolista, los economistas ortodoxos repitieron que el Estado es responsable de la inflación.
El capital monopolista, entendido como el conjunto de empresas que actúan fuera de todo mercado concurrencial, fija los precios para obtener mayores beneficios. De esta manera contradicen a la teoría económica ortodoxa según la cual las empresas se enfrentan entre sí para cautivar al consumidor mediante precios cada vez más bajos y así aumentar su parte de mercado.
Los economistas ortodoxos se lamentaron porque el sobredimensionamiento del Estado frena a la libre empresa, la condiciona y es una traba a la eficacia económica, lo cual es solo una falacias excéntrica para exaltar del mito de la autorregulación del mercado que busca ocultar los errores teóricos de la doctrina y la responsabilidad de los dirigentes empresariales, como señalaba Keynes.
Como decía Quevedo: “Mentira que viste al que la dice y aun si aspira a puesto, el mentiroso es bien premiado”. Uno de ellos arguyó que el ingreso del Estado llega casi al 30 por ciento del PIB. Un volumen irrisorio comparado, por ejemplo, con la Unión Europea que alcanza un 47,5 por ciento. Ese promedio baja gracias a los países “ex comunistas” disciplinados por el FMI como Lituania que llegan al 38,7 por ciento, pero Francia alcanza al 59,2 por ciento, y en Alemania, Dinamarca y Suecia es superior al 50 por ciento.
En cuanto al célebre déficit presupuestario, que en Argentina no alcanzará al 3,2 por ciento en 2022, será del 4,5 por ciento en los USA, del 5 por ciento en la Unión Europea y del 8 por ciento, o más, en Inglaterra. La deuda la pública alcanza, en promedio, un 100 por ciento del PIB en la Unión Europea, con 18 por ciento en Estonia, pero con 113 por ciento en Francia, 150 por ciento en Italia, 108 por ciento en Estados Unidos, más del 250 por ciento del PIB en Japón. Los economistas ortodoxos y los medios dominantes encontraron la martingala de contar en dólares, a la cotización oficial, la deuda en pesos y los adelantos transitorios del BCRA, para inflar la deuda pública argentina al 72 por ciento del PIB, número bajo comparado con Europa, incluso con el endeudamiento de Mauricio Macri en moneda extranjera con el FMI.
Inflación por remarcación
Los economistas ortodoxos y los medios de la oposición tienen mucho cuidado en no citar estas cifras, y las condiciones específicas creadas por las crisis sucesivas por la pandemia, la guerra en Ucrania, los coletazos de la crisis del 2008, etcétera, con el objetivo de ocultar la realidad y desinformar a la opinión pública. Porque no se puede explicar, a la vez que la Argentina tenga un déficit presupuestario bajo, una deuda pública moderada, y una tasa de crecimiento elevada -que, conviene recordarlo, se estableció al 6,6 por ciento en el primer semestre 2022 con respecto al mismo periodo del año anterior- y padecer la inflación de remarcación impuesta por el capital monopolista.
La remarcación es el método utilizado para incrementar las ganancias, un impuesto empresarial al consumidor para aumentar sus beneficios. Este impuesto privado inflacionario existe gracias a los acuerdos entre las empresas para hacerlo, lo cual esta prohibido por las leyes aquí y en el resto del mundo. Además, hay jueces que consienten que se burle la ley.
Las ponencias de los economistas ortodoxos en el Coloquio estuvieron orientadas a apoyar las actividades predadoras del capital monopolista remarcador de precios en la economía y convalidar las creencias y dogmatismos que las justifican. Evocaron la indispensable necesidad de reducir los impuestos que “ahogan la iniciativa privada” para ser derrochados en dádivas electoralistas, aunque la baja de impuestos sea un cuento de hadas. En los países avanzados, los gobiernos conservadores los incrementan. Un ejemplo cercano es Inglaterra, que probó que es necesario reequilibrar los presupuestos, y esto no debe ser obtenido reduciendo el gasto ya que agravaría la recesión para 2023.
Equidad fiscal
Pese a haber mejorado en términos de equidad fiscal durante el periodo 2003-2015, la estructura impositiva de la Argentina sigue teniendo un fuerte sesgo regresivo y recesivo en el sentido de que quienes ganan más, pagan una proporción de impuestos inferior con respecto a su ingreso con respecto a los que ganan menos y de las capas medias en particular.
Una estructura impositiva justa debería ser más progresiva de tal suerte que los que más tienen y más ganan paguen proporcionalmente más que los que menos tienen y menos ganan. Como señalaba Adam Smith, cuando el Estado realiza una ruta quienes más se benefician con ella son los transportistas o las empresas que hacen transitar sus productos y negocios, pero no aquellos que la utilizan de vez en cuando para ir de vacaciones. Esto es lo que sucede con todas las infraestructuras.
La regresividad fiscal no es una originalidad argentina ya que los estudios muestran que en Europa el chofer de un CEO paga una tasa global de impuesto respecto a su ingreso más importante que su patrón. Pero el caso argentino presenta un verdadero escándalo donde el carácter regresivo es alarmante y los jueces no pagan impuestos a las ganancias como si fueran ciudadanos de otro mundo, aunque supuestamente deben garantizar la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
Al Estado le cabe enmendar esta situación enfrentando al capital monopolista sea este industrial, comercial o agrícola. En el Presupuesto 2023 se puede observar que el 31 por ciento de los recursos del Estado corresponden a las recaudaciones de la seguridad social y el 18 por ciento en IVA. El 50 por ciento del volumen de sus ingresos son impuestos indirectos regresivos a lo que hay que agregar las tasas sobre el combustible e impuesto locales o provinciales. El caso del IVA es esclarecedor: cuando un trabajador que gana 1000 pesos compra un kilo de azúcar va a pagar el IVA de 5 pesos, lo cual significa 5 por mil de su ingreso. El productor de soja que gana 100.000 pesos pagará los mismos 5 pesos (5 por 100.000), es decir 100 veces menos.
En cuanto a los directos, los impuestos a las exportaciones apenas llegan al 10 por ciento de los ingresos del Estado y su rendimiento está aminorado por la evasión impositiva. El impuesto a las ganancias es del mismo orden, pero la progresividad es baja y la tasa marginal, la más elevada, es baja. Un cambio en la progresividad permite utilizar el instrumento presupuestario para impulsar no solo la equidad fiscal y la justicia social sino impulsar el crecimiento.
La creciente complejidad del sistema económico hace que el Estado deba asumir cada vez más funciones para viabilizar y apoyar el crecimiento económico. Como lo señala la economía del bienestar, la regulación del Estado supone un conjunto de normas y condiciones para mejorar la situación de la mayoría de la población y también combatir las estructuras monopólicas que buscan desviar para su propio provecho una parte significativa de los recursos con el objeto de atesorarlos.
La regulación del Estado del accionar del capital monopolista es una necesidad para obtener la mayor eficacia económica posible y movilizar el conjunto de los recursos de trabajo y capital para incrementar el bienestar del conjunto y esto incluye el control de los precios, la aplicación de las leyes para que se formalicen los trabajadores que hoy carecen de cobertura social y no cobran los salarios por convenio, el respeto de las normas y leyes económicas. La violación de las normas sociales y legales es la otra cara de la moneda del rol predador del capital monopolista que transgrede las leyes y además remarca e impone y cobra un beneficio inflacionario.
La actitud de enfrentamiento del sector agrícola y del capital monopolista con el Estado tendiente a limitar el bienestar del conjunto de la población con el objetivo de incrementar los superbeneficios constituye una posición depredadora que limita el crecimiento economía. La pobreza y la indigencia son la contrapartida de los sobre beneficios de los sectores dominantes y solo la regulación del Estado puede incrementar el bienestar del conjunto.
*Doctor en Ciencias Económicas de l’Université de Paris. Autor de La economía oligárquica de Macri, Ediciones CICCUS, Buenos Aires 2019.
