“La causa Memorándum es, sin lugar a dudas, uno de los procesos judiciales más escandalosos que registran los anales de nuestra jurisprudencia. En el marco de este proceso, los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky (visitantes asiduos del expresidente Mauricio Macri) tomaron una participación decisiva sin la cual jamás se habría llegado a la instancia de juicio oral”. En un escrito de 64 páginas, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner volvió a reclamar el sobreseimiento de todos los imputados en el expediente del Memorándum de Entendimiento con Irán, ubicando la causa como una más de las armadas para perseguir a la vicepresidenta. Las abogadas del actual ministro bonaerense Andrés Larroque insistieron en que no hubo delito alguno en la firma del tratado con el gobierno persa, que las órdenes de captura contra los sospechosos iraníes nunca se levantaron y que el Memorándum jamás entró en vigencia, por lo tanto, no hubo un acto jurídico válido. El fiscal de Casación, Javier De Luca, lo sintetizó así: “Cualquier caso penal sólo se puede comenzar si el hecho denunciado es delito. Y esto aquí no es delito, como lo vengo diciendo desde 2015”.

Lo que debe decidir la Cámara de Casación

La Sala I de la Casación, integrada por Diego Barroetaveña -que condujo la audiencia-, Ana María Figueroa y Daniel Petrone debe resolver si se hace o no el juicio oral por el Memorándum con Irán. El Tribunal Oral Federal a cargo, el número 8, sostuvo que no existe delito y por lo tanto no hay que hacer el juicio. Esa decisión fue apelada por la DAIA y por dos familiares de las víctimas del atentado, muy allegados a la dirigencia judía. Es una movida en línea con referentes de Juntos por el Cambio.

Por lo tanto, en la audiencia de este jueves, las defensas presentaron escritos o expusieron oralmente, todos pidiendo que se confirme la decisión del TOF 8 para que el juicio no se haga y se ratifique el sobreseimiento de los imputados. Carlos Alberto Beraldi, abogado de CFK, y Aníbal Ibarra, de Oscar Parrilli, presentaron un escrito. Lucila Larrandart y Graciana Peñafort, por Andrés Larroque, y Adrián Albor por Luis D’Elía, hablaron en la audiencia y también lo hicieron el fiscal ante la Casación, De Luca, y Luis Kon y Horacio Lutzky en nombre del Movimiento Argentino Judío, organización que se presentó como amiga del tribunal y que sostiene que “la DAIA no representa a toda la comunidad judía”.

El Memorándum es parte de la persecución a Cristina

El escrito de Carlos Beraldi impacta porque no se centra en los detalles procesales, sino que presentó un demoledor panorama de lo que fue la persecución durante el gobierno de Macri. “Más allá de la manifiesta inexistencia de delito en el caso, es claro que estamos frente a una evidente falta de independencia e imparcialidad”, resume el texto.

Se presenta una secuencia devastadora sobre la intervención del macrismo en la Justicia: la tentativa de poner, por decreto, dos jueces en la Corte Suprema; el armado de "Pepín" Rodríguez Simón, hoy prófugo; la persecución a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó; la utilización de la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera, la AFIP, el Banco Central, la AFI, el espionaje ilegal, todo en función de la persecución; las prisiones preventivas con la llamada “doctrina Irurzun”, la vejación al exvicepresidente Amado Boudou; la mesa judicial y, finalmente, las visitas a escondidas Olivos y Casa Rosada de los jueces decisivos en la causa Memorándum, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, que tras visitar a Macri reabrieron la causa con un expediente paralelo.

Beraldi situó el caso Memorándum en ese marco, el único que explica -según señala- que un expediente que estaba cerrado por inexistencia de delito, se reabrió con el protagonismo de Claudio Bonadío, Hornos y Borinsky.

Aníbal Ibarra, en representación de Parrilli fue por el mismo camino: “Francamente, esta causa es la prueba irrefutable de una auténtica farsa. Sí, como se lee, una faraónica farsa que corroe los más elementales criterios de lo que denominamos sentido común. El Memorándum fue aprobado por el Congreso, pero además, nunca entró en vigencia. Las órdenes de captura no se levantaron y estamos hablando de un delito imposible porque sólo un juez podía levantarlas”.

Por qué el juicio no debe hacerse

Larrandart y Peñafort, abogadas de Larroque, insistieron en que, además de no existir delito, el hecho nuevo del expediente fue el informe entregado por la propia Interpol en junio de 2020. La organización internacional de policías certificó que las órdenes de captura estuvieron siempre vigentes y que, si bien la Argentina aprobó el Memorándum, no lo ratificó, mientras que Irán no completó los trámites. Por lo tanto, “el tratado nunca fue válido”. La existencia de un hecho nuevo, el informe de Interpol, es la base para darle una óptica distinta al caso. Finalmente, Larrandart le pidió -más bien le exigió- a los jueces “que confirme la brillante resolución del tribunal oral que puso fin a la manifiesta arbitrariedad y a la triste intervención de un sector de la justicia federal”.

El Memorándum fue un buen acuerdo

Luis Kon, en representación del Llamamiento Argentino Judío, sostuvo que el Memorándum fue un acuerdo que intentó sacar a la causa AMIA de la situación de parálisis. “La acusación contra Irán se basó en tres informes de inteligencia, de Estados Unidos, de Israel y de la SIDE y seis disidentes iraníes que testimoniaron. Son pruebas muy débiles. Por lo tanto, el acuerdo para que los imputados iraníes declaren era muy positivo. Vean que la causa no avanzó ni un paso desde que anularon el Memorándum. Y hay una particularidad. El Memorándum fue votado en el Congreso, de manera que si hubo delito, los diputados y senadores serían cómplices. Entre ellos, por ejemplo, Miguel Angel Pichetto, candidato a vicepresidente de JxC. No tiene sentido”. Finalmente, Kon, junto a Lutzky, sostuvieron que la DAIA impulsó la causa del Memorándum para tapar su papel como encubridores en la investigación original del juez Galeano, cuando se sembraron pistas falsas.

Estados Unidos necesitaba demonizar a Irán

Un ángulo muy distinto fue el planteado por Adrián Albor, defensor de D’Elía. “Estados Unidos necesitaba demonizar a Irán, para hacer lo que hizo con Irak: invadir, manejar el petróleo y que su empresa Halliburton se quedara con los beneficios de lo que llamaban la reconstrucción. Alberto Nisman, está probado, cobraba sueldos de Estados Unidos y concurría a la embajada norteamericana, de la que recibía instrucciones. Eso está detrás de la denuncia. En cambio, la Argentina necesitaba el acuerdo con Irán. ¿Por qué Irán mandaría a sus ciudadanos imputados a la Argentina? Aquí los esperaba sólo la cárcel. El antecedente era la prisión preventiva por diez años de los acusados anteriores (en referencia a Carlos Telleldín y los policías bonaerenses), luego absueltos. ¿Ponerse en manos de un país que coimeó a uno de los imputados? (Telleldín cobró 400.000 dólares). Y la realidad ya se había experimentado en un país aliado de Estados Unidos, el Reino Unido. Detuvieron, por pedido del juez Galeano, al exembajador de Irán en la Argentina, Hadi Soleimanpour. Se enviaron toneladas de documentos y un juez de Londres afirmó que no existían pruebas para una acusación. No, la causa del Memorándum fue una trampa para detener opositores. Nuestro defendido estuvo más de un año preso por este expediente”.

Camino a una decisión

Tras la audiencia de este jueves, la Sala I quedó en condiciones de resolver. Sin embargo, todo indica que recién habrá fallo en febrero de 2023. Parece muy poco probable que se dé vuelta lo decidido por el Tribunal Oral. En Comodoro Py, nadie quiere un juicio en base a una denuncia, la de Nisman, que todos consideraron -hasta en el edificio de Retiro- un verdadero disparate. Y el fiscal De Luca hizo un razonamiento en el que hizo mención a ese tema: "Señores jueces, si ustedes íntimamente saben que no hubo delito, ¿cuál sería el objeto de un juicio oral?¿cuál sería el sentido ético de un juicio oral?".