La represión a los trabajadores de PepsiCo sigue sumando repudios hacia el gobierno y apoyo a los despedidos. La Central de Trabajadores de la Educación (Ctera) exigió a las gestiones de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal que “cesen con estas políticas de ajuste y represión”. Los Curas en Opción por los Pobres, por su parte, advirtieron sobre la existencia de una “violencia institucionalizada” por medio de la cual “mañana habrá nuevos hechos detestables” como los de ayer.
A través de un documento firmado por su titular Sonia Alesso, el gremio de los maestros alertó sobre la “avanzada injustificable y peligrosa” del gobierno de Cambiemos contra los derechos de los trabajadores. Los docentes calificaron al desalojo de la planta de PepsiCo como “una acción antidemocrática e inconstitucional” y acusaron a la gestión e Mauricio Macri de “inclinar la balanza hacia los más poderosos”. Esto es “una señal alarmante en un Estado de derecho”, subrayaron.
El gremio recordó, además, que varios docentes fueron reprimidos el 9 de abril pasado mientras intentaba instalar la Escuela Itinerante, frente al Congreso de la Nación, y sostuvieron que los hechos de ayer en Vicente López son producto del “cóctel de ajuste y despidos” de “una lamentable película que ya vivió el pueblo argentino”.
Por su parte, en un duro documento, los Curas en la Opción por lo Pobres apuntaron contra los funcionarios nacionales y provinciales. En el nacional, acusaron al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, de administrar “en franca alianza con ‘el capital’”, y criticaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de creer que “sus absurdos y anti-humanos protocolos constituyen un beneficio para la población”.
También responsabilizaron de la represión al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, y a la gobernadora María Eugenia Vidal, “que goza de su blindaje mediático mostrando en los hechos la más feroz cara de la intolerancia y la injusticia”.
En el blanco de las críticas incluyeron al fiscal Gastón Larramendi por justificar el accionar de los policías y gendarmes, al “silencio cómplice del sindicalismo amable o encubridor” y también a “algunos sectores de la sociedad” por “aplaudir” la represión.
“Parece que para el gobierno actual los ciudadanos deben soportar quedarse sin trabajo” y “soportan cabizbajos la humillación”, indicó el texto que concluyó con una reflexión: “La violencia primera no es la de la reacción sino la violencia institucionalizada e injusta de los poderosos.
